Fernanda Durán
Tras el accidente que dejó gravemente herido a Kevin Enrique, un menor de 13 años que perdió una pierna luego de ser atropellado en la carretera Cedral-Matehuala, la diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza aseguró que no está en contra de otorgar permisos de conducir a menores de edad, pero “falta mano dura” en los requisitos para otorgarlos.
La también presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, corresponsabilizó a las familias cuyos menores tienen motocicletas y planteó el endurecimiento de los criterios sin eliminar el acceso a este tipo de permisos.
El siniestro ocurrió el pasado lunes en la carretera Cedral-Matehuala, a la altura de Rancho Nuevo. Kevin viajaba en motocicleta junto a otro menor cuando fueron embestidos por un vehículo conducido por una mujer, quien tras el impacto huyó del lugar. La familia del joven ha denunciado negligencia en la atención médica y falta de recursos para el traslado de emergencia, lo que agravó su estado de salud.
Ante los señalamientos ciudadanos por permitir que menores conduzcan motocicletas, Jáuregui Mendoza defendió la normativa vigente, pero explicó que “falta mano dura” en la forma en que se expiden estos permisos.
“No siempre le vamos a estar dejando la responsabilidad al gobierno. ¿Quién les compró la moto a los jóvenes? Se sabe muy bien que a veces les falta mucha madurez para saber realmente los peligros”, cuestionó la diputada, quien también enfatizó que hay adolescentes que usan estos vehículos como única forma de transporte en comunidades rurales.
Aunque no se mostró a favor de prohibir los permisos a menores de edad, sí señaló la necesidad urgente de implementar mayores requisitos, como cursos obligatorios de seguridad vial antes de autorizar el uso de vehículos motorizados.
“No estoy en contra porque muchas veces hay menores que mueven a gente adulta, como un abuelito discapacitado, pero sí se necesita una forma más dura de dar un permiso, no negarlo, sino darles la oportunidad con responsabilidad”, explicó.
La tragedia de Kevin no solo pone bajo la lupa el tema de los permisos de manejo, sino también la precariedad del sistema de salud en la región. La familia del menor denunció que para poder trasladarlo en ambulancia debían pagar entre siete mil y 10 mil pesos, cantidad que no pudieron cubrir.
Finalmente, fue llevado al Centro Médico del Altiplano, donde le fue amputada una pierna debido a la gravedad de sus lesiones y al retraso en la atención médica.
