Leticia Vaca
En colaboración con la activista Arely Torres Miranda y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la diputada morenista, Alejandra Valdés Martínez, presentará una iniciativa para que en San Luis Potosí las mujeres puedan decidir sin ser criminalizadas interrumpir el embarazo y se garanticen los mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura de éste.
Con dicha iniciativa que será presentada al pleno en la próxima sesión se propone: reformar los artículos, 148, 149, 150 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y ADICIONAR diversas disposiciones a los artículos 57 y 58 y ADICIONAR los artículos 58 Bis Y 58 Ter de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí; con el objetivo de: Favorecer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través de modificaciones normativas que dejen de criminalizarlas en su decisión de interrumpir el embarazo.
En la exposición de motivos se señala que es una deuda histórica del estado potosino la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, por lo que se pide sean tomadas en cuenta las circunstancias que llevan a las mujeres a tomar esa decisión.
En este sentido, se expone que con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,) México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
Además, se indica que la violencia de género es otro factor de embarazos; en México según los informes de IPAS (organización mundial que trabaja con mujeres para incremetar su capacidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos) que se incluyen en la exposición de motivos, durante los últimos 16 años se han registrado más de 3 millones 413 mil abortos legales entre mujeres de 10 a 44 años, lo que equivale a 200 mil servicios por año en hospitales o clínicas del IMSS, ISSSTE, institutos nacionales y servicios locales.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, con base en datos del Consejo Nacional de Población, cifran entre 750 mil y un millón de abortos anuales, los que se realizan en la clandestinidad en todo el territorio nacional, lo cual quiere decir que 8 de cada 10 mujeres no tienen acceso a la interrupción legal y segura del embarazo.
No obstante aunque se podría despenalizar el aborto, para que no sea considerado como delito, éste deberá ser antes de las 12 semanas de gestación de lo contrario se sancionará con las siguientes penas:
A la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo, se le impondrá una pena de seis a nueve meses de prisión y sanción pecuniaria de hasta cien días del valor de la unidad de medida y actualización. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado;
Al que lo realice con el consentimiento de la mujer se le impondrá una pena de seis a nueve meses de prisión y sanción pecuniaria de hasta cien días del valor de la unidad de medida y actualización, y
Al que lo realice sin el consentimiento de la mujer se le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión. Si existiera algún tipo de violencia definido por el artículo 3 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se le impondrán de cinco a ocho años de prisión.
