Eduardo Delgado
El legislador Edgardo Hernández Contreras, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), depuso este jueves de su propuesta de reforma a la Constitución del Estado para imponerle a funcionarios estatales, municipales y diputados, entre otros, la obligación de separarse de sus puestos un año antes de la elección para poder ser candidatos a un cargo de elección popular y, en su caso, reelegirse.
Esta propuesta fue calificada por Juan Mario Solís Delgadillo, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), como un disparate. Con estas “disparatadas… recuerdo la figura de Varguitas en la Ley de Herodes (película); en la política nacional y local estamos llenos de Varguitas que se les ocurre estas cosas”, dijo.
En el acta del orden del día de la sesión celebrada este jueves fue consignado el escrito del diputado ecologista, dirigido al presidente del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, por el que notificó su desistimiento de la iniciativa de reforma a los artículos 47 y 48 de la Constitución local.
En su iniciativa, recibida el pasado 23 de enero por la Diputación Permanente y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y la Especial para la Reforma Político Electoral, Edgardo Hernández propuso aumentar de 90 días a un año el plazo para que servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo se separasen de sus cargos antes de los comicios, como requisito para contender como candidatos a un cargo de elección popular en los procesos electorales.
“Ellos en el puesto que desempeñan tienen la posibilidad de recaudar dinero para su campaña, de hacer una red de relaciones dentro del gobierno, tomar los reflectores para impulsar su imagen”, argumentó.
“Es común y muy conocida la práctica de ofrecer o prometer una diputación con la finalidad de realizar redes de corrupción, desvíos e incluso un enriquecimiento ilícito”, abundó el representante popular.
Con el aumento propuesto, adujo, “se pretende emparejar” las condiciones entre un servidor público y un ciudadano común y “que nadie use los cargos públicos para un beneficio público en decremento de la sociedad”, explicó.
Finalmente, el legislador declinó de esa iniciativa, determinación que el presidente del Congreso deberá notificar a las comisiones que fue turnada para que estas, a su vez, procedan como corresponde: desecharla.
