Fernanda Durán
De acuerdo con el diputado José Luis Fernández Martínez, los partidos oficialistas rechazaron la regulación de los actos anticipados de precampañas en San Luis Potosí, 90 días antes del inicio del proceso electoral, y la tipificación del daño al equipamiento urbano con propaganda política, bajo el argumento de que son actos ya contemplados en la legislación local y federal, además de que este último establecía “penas excesivas”.
Las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y el Partido del Trabajo (PT), así como la representación parlamentaria de Nueva Alianza, determinaron desechar por completo dos reformas del diputado Edmundo Azael Torrescano Medina, quien insistió en que buscaban la equidad en las elecciones y eliminar una laguna jurídica que dejó el retraso del proceso electoral en el estado.
No obstante, bajo la visión del bloque oficialista, los actos anticipados de precampañas están previstos “con mucha claridad” en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley Electoral del Estado, contemplados en el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas.
Pese a esto, de acuerdo con la propuesta legislativa, se trata de una adecuación derivada del retraso al proceso electoral al 2 de enero en San Luis Potosí, pues con el inicio de las elecciones a nivel federal, podría generarse un vacío legal y originaría “un despliegue de aspirantes que quieran hacerle fraude a la ley haciendo actos anticipados de precampaña”.
En cuanto a tipificar los daños con propaganda política al equipamiento urbano y que sea investigado de oficio, Fernández Martínez indicó que las bancadas coinciden con la idea de que “incrementar penas no necesariamente tiene que ver con el decremento de los delitos o de la participación de los delitos”, ya que se proponía una pena de seis meses a seis años de prisión y multa de 70 a 600 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de disminuir las penas para evitar que la ciudad se tapice de pintas de propaganda política como ha señalado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el tema ya está considerado en la ley, “no es un tema que no esté atendido”.
Si bien actualmente la Ley Electoral prohíbe esta práctica, la autoridad electoral no persigue de oficio la falta, por lo que hasta ahora no hay sanciones contra los responsables de pintas electorales en distintos espacios públicos, el ejemplo que el legislador Torrescano Medina señaló son “las pintas de las corcholatas”, aspirantes a la presidencia por Morena, que aparecieron en diversos muros de la ciudad.
Debido al rechazo de las propuestas, el diputado priista aseguró que esto los lleva “a las acciones legales para encuadrar a todos en el supuesto de que están haciendo actos anticipados de precampaña a nivel federal”; un debate que, según lo expresado por el legislador, da vista a que “el proceso electoral ya comenzó”.
