Por: Antonio González Vázquez.
En una muestra más de su falta de voluntad para detener el derroche de recursos públicos para dádivas a grupos sociales y en rechazo tajante a la exigencia de transparentar el ejercicio de los recursos públicos de los que disponen los diputados, el Congreso del Estado rechazó dos iniciativas de ley para que los legisladores publiquen anualmente un informe de sus ingresos, así como para anular las facultades de la Junta de Coordinación Política para entregar ayudas económicas.
Desde septiembre de 2015, el abogado José Mario de la Garza Marroquín presentó una iniciativa para reformar la fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la intención de poner un alto al derroche de recursos públicos vía autorización de la Junta de Coordinación Política, misma que legalmente no tiene atribuciones para disponer discrecionalmente de los recursos.
Propuso que en esa fracción del artículo mencionado referente a las atribuciones de la Junta de Coordinación Política se especifique lo siguiente:
“Ejercer y vigilar el correcto ejercicio del presupuesto del Congreso, a través de la Oficialía Mayor, observando en todo momento que los recursos se ejerzan estrictamente para los fines aprobados en el presupuesto de egresos y dentro de la competencia que establece esta Ley y el Reglamento. La Junta de Coordinación Política no podrá disponer de partida financiera alguna para apoyar gestiones, solicitudes o peticiones de recursos públicos que le formulen los ciudadanos, y solo tendrá como presupuesto el que estrictamente necesite para realizar sus reuniones”.
En ese sentido, de la Garza Marroquín justificó en su propuesta que “por todos esos considerandos es pertinente exhortar al Poder Legislativo del estado de San Luis Potosí a poner fin al despilfarro indebido de recursos públicos, prohibiendo expresamente la utilización de estos recursos por parte de la Junta para evitar que siga siendo una instancia que funciona fuera de la norma jurídica y para dar una demostración de ética y compromiso cívico con los ciudadanos que representan”.
Esta iniciativa fue rechazada y en definitiva desechada por los diputados de las comisiones de Gobernación y la de Puntos Constitucionales.
En el mismo tenor esas comisiones, rechazaron otra iniciativa presentada en mayo del 2015 por el entonces diputado Jorge Escudero Villa, quien proponía adiciones al artículo 54 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Proponía lo siguiente en materia de rendición de cuentas:
“En el marco del informe anual de actividades que el Congreso del Estado debe rendir a la ciudadanía a que se refiere la fracción XIX del artículo 15 de esta Ley, las diputadas y diputados en funciones rendirán de manera individual un informe a la ciudadanía, en el que deberán asegurar el conocimiento, al menos de:
Número de inasistencias acumuladas en el ejercicio que se informa, en relación con el total de sesiones celebradas por el Congreso; número de inasistencias acumuladas en el ejercicio que se informa, en relación con el total de sesiones celebradas por cada comisión legislativa que haya integrado; la información y justificación de cada iniciativa presentada, que permita identificar las materias, rubros, ramas, sectores y destinatarios de las reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones propuestas, y sus beneficios, y; los nombres de las personas beneficiarias a los que haya asignado recursos públicos por concepto de apoyos y gestoría, así como el de los proveedores de bienes y servicios a quienes haya pagado con recursos públicos”.
En ambos casos, los diputados de esas comisiones consideraron innecesario tomar en cuenta esas iniciativas dado que ya hay leyes que lo regulen, pero no dijeron que ninguno de ellos lo respeta ni cumple.
