Jaime Nava
La organización Ciudadanos Observando presentó la investigación “Fantasmas compartidos”, un trabajo que concentra y evidencia todos los casos en los que las mismas empresas que utilizaron los diputados locales para facturar supuestas ayudas sociales fueron contratadas por el gobierno del estado, organismos autónomos y ayuntamientos de todo el estado.
La investigación incluye una lista de 31 personas físicas y morales que no existen en sus domicilios y que, además, algunas de ellas comparten socios y son de reciente creación. A lo largo del documento destacan casos como el del Sistema de Comercialización Nava, CiudaS.A. de C.V.; Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier S.C.; Asesores y Consultores Potosinos Especializados Muna S.C.; Comercializadora Universal de Mercadeo Nato S.A. de C.V. y el Sistema Comercial 377 S.A. de C.V., empresas que en común tienen el hecho de haber sido creadas por los mismos socios: Martín Fermín Nava Castillo, Sergio Muñoz Castillo y Humberto Sánchez Zárate.
En un caso similar se encuentran Paraná Comercializadora S.A. de C.V.; Smart Moon S.A. de C.V.; Dimaconce S.A. de C.V.; Folmen S.A. de C.V. y Ei del Bajío S.A. de C.V.; en este caso, Ciudadanos Observando detectó que los socios que conforman esos negocios son familiares pues comparten apellidos: Juan Ruiz Lozoya, María del Socorro Hernández Lozoya, Luz María Lozoya Ruiz, Luciano Castillo Nava y Erika Elizabeth Castillo Ávila.
Las administraciones municipales de Mario García Valdez y Ricardo Gallardo Juárez entregaron cantidades millonarias a Asesores y consultores potosinos especializados Muna S.C.; durante el trienio de García Valdez se pagaron un millón 200 mil pesos divididos en varias facturas con valor de 87 mil pesos cada una por “asesoría en administración financiera, diplomado de armonización contable y capacitación verificación análisis en la ley”.
La cantidad fue superada por el ayuntamiento gallardista que pagó un millón 136 mil 800 pesos por un curso de valores. Los “servicios” de esta misma empresa fueron contratados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) que pagó 266 mil 800 pesos por una “capacitación”; igualmente, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) efectuó pagos por 410 mil 544 pesos por “diplomado de armonización paso a paso” y “servicio de consultoría y capacitación fiscal” y la Auditoría Superior del Estado entregó 23 mil 200 pesos por una “capacitación”.
Otro de los casos que forman parte de la investigación es el que vincula a la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dulcelina Sánchez de Lira, a los alcaldes de Ahualulco y Mexquitic de Carmona y al Interapas con cuatro empresas fantasma que, además, comparten el mismo domicilio fiscal: Melchor Ocampo número 1490 interior 304. Las empresas involucradas son: Comercializadora Rivgar, Centro Distribuidor de materiales Ariest, Comercializadora Frispar y Consultores y asociados Aranher.
Con esos nombres se facturó un poco de todo: materiales de construcción, luminarias led, camión cisterna, camión grúa y hasta despensas. “Al presentarnos en la dirección fiscal […] nos atendió un joven que asegura vivir ahí y desconoce totalmente la existencia de esas empresas, situación que fue validada por dos vecinos que aseguran que en ese departamento jamás han existido las empresas mencionadas”, reportó Ciudadanos Observando.
También se mencionan las compras de “medicamentos contra el cáncer de mama” que adquirió el Hospital Central por un millón de pesos en la Comercializadora Ismalog S.A. de C.V. una compañía cuyo apoderado legal, Ricardo Salas Loredo, recibió 44 mil 129 pesos de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado. Ambos facturaron con el mismo domicilio y, en respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Salud reveló que la Comercializadora Isamalog no cuenta con autorización para comercializar medicamentos oncológicos.
La organización estima que el monto facturado únicamente por los diputados locales en empresas fantasma asciende a 40 millones de pesos y, al final del documento, formularon tres cuestionamientos: “¿Será un pez gordo el que realmente está detrás de esta red de empresas fantasmas? ¿Por qué han operado impunemente sin que extrañamente ni la Contraloría o la Auditoría Superior las hubieran detectado? ¿Quiénes se han llenado los bolsillos con el dinero de los potosinos mediante este fraudulento proceso?”.
