Fernanda Durán
Las declaraciones de los diputados entorno a invalidación de 12 preceptos de la Ley Electoral del Estado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son un intento por ocultar el shock, la derrota legal y política que ha sufrido el Congreso del Estado, que evidencia la incompetencia para tratar la agenda legislativa en la materia indígena, afirmó Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano.
Cisneros Sánchez señaló que en el informe de resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas omitieron la opinión y las propuestas de las comunidades, por lo que al “falsear la realidad en el contenido del informe” la SCJN los reprobó.
“La presente legislatura se irá quedando a deber a las comunidades tenék, náhuatl y xi úi, todo porque no se apegaron a la constitucionalidad. La que venga tendrá el reto de enfrentar los descalabros de la herencia maldita que le estarán dejando”.
De acuerdo con el representante, además de los diputados también quedan descalificados el secretario técnico, los asesores y las personas que intervinieron en el grupo técnico operativo de la consulta.
“Fue evidente para los propios ministros que dicho cúmulo de papeles fueron producto de la mala fe y de una burda y maquiavélica maniobra simuladora de muchos servidores públicos de distintos ámbitos”.
Asimismo, aseguró que el Congreso no esperaba una acción de inconstitucionalidad ante la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), razón que dejó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la vía “para procurar los derechos de los excluidos”, o incluso la acción del Partido Conciencia Popular, “que defendiendo sus propios fueros se lanzó para intentar cuestionar su premedita exclusión como partido minoritario”.
Por otro lado, destacó que han pasado dos años con nueve meses en los que el Poder Legislativo acumuló tres acciones de inconstitucionalidad en materia de consulta indígena, la primera el 5 de octubre del año 2020, cuando se invalidó por entero la Ley Electoral.
Mientras que el Congreso ha utilizado el tema de las demandas de las comunidades indígenas como uno de los argumentos importantes a tratar con el retraso del proceso electoral; Juan Felipe Cisneros indicó que hasta ahora no se ha atendido la demanda indígena.
La demanda está centrada en: la elección de ayuntamientos y diputaciones locales por vía de usos y costumbres; no a la reelección y revocación de mandato en todos los cargos de elección popular; que la auto adscripción indígena sea definida por criterios comunitarios para evitar la usurpación de la identidad; respeto a los municipios que son indígenas y se cree un apartado en la Ley Electoral sobre la elección de usos y costumbres, y se transfieran recursos directos a las comunidades.
También reprochó que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) haya solicitado más de 55 millones de pesos para realizar el plebiscito de la municipalización de Villa de Pozos, a pesar de que las comunidades de tres municipios han solicitado por más de dos años una consulta a fin de atender sus demandas, misma que se ha negado por falta de presupuesto.
