Fernanda Durán
Tras 50 minutos transcurridos entre debates y un receso, el Pleno del Congreso del Estado regresó a comisiones la iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado para obligar a la administración estatal a que entregue las ministraciones mensuales destinadas a partidos políticos dentro de los primeros 10 días de cada mes, propuesta que había sido retirada en tres ocasiones.
Ante el rechazo de las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, con 12 votos a favor, una abstención y 13 en contra, las y los legisladores regresaron a la Comisión de Puntos Constitucionales para considerar suprimir las sanciones en caso de retardo o incumplimiento sin causa justificada para las autoridades encargadas, en este caso la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, planteadas por el diputado Alejandro Leal Tovías.
Las bancadas oficialistas argumentaron que la calendarización para enviar los recursos ya estaba definida, aunque están sujetos a la disponibilidad de los recursos financieros enviados por la Federación, por lo que no se pueden sancionar a los funcionarios por la falta de recursos.
Además, consideraron un exceso emitir una sanción a la autoridad, bajo la narrativa de que los recursos a partidos políticos no son una prioridad para llegar a esto, ni para la entrega de recursos, e incluso señalaron la falta de transparencia de los recursos.
En este sentido, el diputado José Luis Fernández Martínez mencionó que la Secretaría de Finanzas asegura que no adeuda recursos a los partidos, aunque reconoció que hasta ahora no ha entregado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) los recursos correspondientes al mes de septiembre, pues este ente se encarga de distribuir el dinero.
Mientras que diputados Mauricio Ramírez Konishi, Gabriela Martínez Larraga y Edmundo Torrescano Medina defendieron el dictamen, al coincidir en que la reforma y el asegurar la temporalidad de los recursos tiene la finalidad de establecer un piso parejo en el proceso electoral de 2024 al recibir el financiamiento a tiempo.
Por su parte, Martínez Larraga aseguró que la democracia tiene un costo y estos gastos deben ser transparentes, además de que se debe mantener la autonomía de los órganos ciudadanos sin someterlos a la ministración de los recursos.
El Ceepac había reportado que hasta el cierre de agosto Finanzas mantenía una deuda de 14 millones 277 mil 869 pesos con respecto al financiamiento de los partidos políticos.
La propuesta que será modificada para su posible votación el próximo 3 de octubre, establecía lo siguiente:
“Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
Las autoridades que sin causa justificada, retarden o impidan dar cumplimiento las ministraciones mensuales en el plazo que señala el párrafo anterior, serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las leyes electorales respectivas”.
