Leticia Vaca
Marite Hernández Correa y Pedro César Carrizales Becerra presentaron puntos de acuerdo para que se solicite información del funcionamiento del Centro de Autismo de San Luis Potosí.
En el caso de Hernández Correa, pidió que el Congreso del Estado exhorte al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, para que evalúe la situación por la que pasa el Centro de Autismo “e informar a esta Soberanía el resultado de dicha evaluación con pruebas que acrediten su dicho. El Poder Legislativo de San Luis Potosí exhorta al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para que informe a ésta soberanía las razones y fundamentos jurídicos por los cuales el Centro de Autismo del Estado de San Luis Potosí dejó de operar con los estándares de calidad y personal con el que lo venía haciendo, así como las medidas que tomarán para que este servicio se restablezca tal como fue concebido en favor de la población objetivo”.
Asimismo, Carrizales Becerra propone que se llame a la titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado a que establezcan “mesas de diálogo y trabajo con los padres y madres de menores usuarios del Centro de Autismo, con la finalidad de dar certeza sobre las implicaciones de los cambios y establecer una ruta de trabajo que de claridad y tranquilidad respecto los cambios concernientes en los tratamientos de las y los menores”.
Cabe agregar que Marite Hernández incluyó como parte de la justificación de su petición, testimonio de padres, madres y cuidadores de niños y niñas con autismo.
“Hace algunos meses se nos dejaron de renovar contrato sin razón justificada hasta el día de hoy. Durante este año también se tuvieron bajas de salario, justificadas con el tema de COVID-19. Posteriormente, de manera informal, sin documentación oficial, se nos notificó a través de la coordinadora que debíamos acudir al centro de autismo DIF (EN LA CARRETERA 57 INSTALACIONES DEL CREE) para tomar nuestras pertenencias, las cuales fueron revisadas, antes de salir del edificio, mientras éramos grabadas y fotografiadas todas las terapeutas, sin nuestro consentimiento, por personal del CREE, TEMAZCALLI y DIF ESTATAL”, se lee en uno de los testimonios.
Además, en declaraciones de padres y madres se acusó que el DIF tomó “decisiones irresponsables”, ya que se asignó el Centro Temazcalli para dar atención a niñas y niños con autismo
“Los padres y madres de familia nos rehusamos a que nuestros hijos sean tomados como conejillos de indias y que sus tratamientos, que ya llevaban un avance, sufran un retroceso por estos cambios que se realizaron sin conocimientos y sin ningún sustento científico ni médico y mucho menos terapéutico, y en el que tampoco se consideró la opinión de las personas con discapacidad ni de sus familias”.
