Por Victoriano Martínez
Cuando el Periódico Oficial del Estado publicó el 11 de julio de 2003 la reforma constitucional que reconoció “la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi´oi o Pames, así como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes” y estableció las bases para sus derechos y obligaciones, se presumió como una legislación de avanzada.
Cuando el 29 de junio de 2010, los entonces diputados locales aprobaron la Ley de Consulta Indígena que marcó “los casos en que debe consultarse a las comunidades indígenas, y la forma en que deben llevarse a cabo las consultas, en sus fases de diseño, planeación, operación, seguimiento, y evaluación”, se volvió a presumir estar a la vanguardia en el reconocimiento de sus derechos.
Cuando a lo largo de esos 17 años los diputados han tenido que hacer efectivos los derechos reconocidos a las comunidades indígenas, la cosa cambia: tras los avances vanguardistas plasmados en blanco y negro aparecen las actitudes racistas y clasistas que buscan en la simulación, aparentar lo que cada vez les resulta menos posible fingir.
Tras la invalidación de la Ley Electoral del Estado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está lo que los diputados han pretendido dar a entender sobre una voluntad genuina de realizar la consulta indígena pero que resultó frustrada por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19.
Desde el 13 de marzo de 2019, en el Congreso del Estado se instaló la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral. Se tuvieron de 14 a 15 meses para iniciar los trabajos de la consulta indígena, por lo que el hecho de contratar a los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) hasta el 27 de enero de 2020 arroja el primer indicio de la nueva simulación de los diputados.
El trabajo del GTO, integrado en su mayoría por jóvenes indígenas, habla de un nivel de compromiso que asumieron y que les permitió lograr en tres semanas calendarizar 64 reuniones con las comunidades indígenas que quedaron establecidas en la convocatoria para la consulta publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero.
La labor maratónica en tiempo record del GTO, y a contracorriente por las trabas puestas por los diputados, debió sorprenderlos, porque seguramente no esperaron una respuesta tan rápida y una voluntad de participación por parte de las comunidades indígenas. Los diputados aceleraron sus maniobras para sabotear la consulta.
Si para acordar las reuniones, los integrantes del GTO debieron moverse por su cuenta y sin que el Congreso del Estado les cubriera sus honorarios, y demostraron que los indígenas se tomaron la consulta en serio, los diputados redoblaron las trabas (ni el trabajo de siete traductores pagaron), mientras buscaban tomar ventaja para acomodar a sus recomendados y exigían moches.
Con las reuniones para la consulta ya programadas, los diputados Martín Juárez Córdova, Rolando Hervert Lara y Rosa Zúñiga Luna operaron para bloquear el uso de los cuatro millones 370 mil pesos aprobados por la Junta de Coordinación Política a principios de febrero, con claras intenciones de favorecer con ellos a sus recomendados y a sus asesores.
Mientras los legisladores veían cómo reencausar para sus intereses los recursos de la consulta, a los integrantes del GTO los dejaron sin los materiales para continuar los trabajos de preparación de las reuniones ya programadas oficialmente. Mayor prueba de que desde la segunda quincena de febrero el sabotaje a la consulta ya era irreversible no puede haber.
La descripción que los integrantes del GTO hacen de los atentados a sus derechos laborales e indígenas en el comunicado que distribuyeron este fin de semana, dan cuenta clara del sabotaje de los diputados a la consulta, con pruebas documentales que obran dentro del expediente de juicio de amparo 326/2020. Se aproxima otro vergonzante revés a la actitud racista de los diputados.
Cuando la efectividad del GTO más les estorbaba para sus acostumbrados actos de simulación, los diputados vieron en la contingencia sanitaria por la pandemia Covid-19 el pretexto que creyeron incuestionable para evitar, de una vez por todas, la consulta indígena.
La SCJN les enmendó la plana por tratarse de una falta grave cuya consecuencia está establecida en un criterio de la Corte que hace innecesario cualquier debate: si dentro del proceso legislativo se omitió la obligada consulta a un grupo considerado vulnerable, procede la invalidez de todo el procedimiento. Y es la segunda vez que se lo aplican al Congreso del Estado.
El mensaje es claro: no se trata de presumir avances con reformas constitucionales como la de 2003 o con leyes como la de Consulta Indígena aprobada en 2010. Se trata de reivindicar en serio los derechos de las comunidades indígenas que, por cierto, hoy se cumplen 528 años de la llegada de Cristóbal Colón a América y, con ello, del inicio de la conquista y los abusos contra los pueblos originarios.
La resolución de la Corte establece la real dimensión que se le debe dar a los derechos de las comunidades indígenas, lo que no han entendido los diputados. Además, revalora ampliamente el trabajo realizado por los integrantes del GTO quienes, de manera aberrante e injusta, padecen el abuso criminal de los diputados al negarles sus derechos humanos y laborales.
¡Ya basta!
