Por Victoriano Martínez
Desde que el Congreso del Estado cayó en la maldición de una espiral descendente en la que cada Legislatura resulta peor que la anterior, no hay servidor público al que sea más fácil de descalificar por su desempeño que a los diputados, quienes –para colmo– exhiben un esfuerzo consistente para denigrar la que debiera ser una honorable labor como Poder Legislativo.
El trabajo realizado por la iniciativa Congreso Calificado, aunque bien intencionado y con algunos elementos que efectivamente podrían considerarse indicadores pertinentes para una evaluación del trabajo de los diputados, deja fuera dos de las tres funciones esenciales que le asigna la Constitución al Poder Legislativo: las de fiscalización y las de control.
Aunque a los diputados ya sólo les corresponde aprobar los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ésta es un órgano autónomo del Poder Legislativo cuyo funcionamiento debe estar supervisado por los diputados para que se logren mejores resultados.
Un déficit de fiscalización efectiva que se resume en un comunicado de la ASE en el que informa que, producto de resarcimientos por irregularidades en ejercicios anteriores se logró reintegrar a 21 municipios “más de un millón de pesos”. Tan sólo las irregularidades observadas para el ejercicio 2019 sumaron 484 millones 2 mil 916.60 pesos. Una recuperación del 0.00000021 por ciento.
Los diputados se han limitado a dar su visto bueno a los informes de la ASE y no han tomado ninguna medida para que el control sobre la correcta aplicación de los recursos públicos redunde en una administración pública con mejores resultados para la población.
Las funciones de control se traducen en su mayoría en las atribuciones para la ratificación de nombramientos de servidores públicos, sea a propuesta del Ejecutivo o por procesos de selección.
Si han sido a propuesta del gobernador, la sumisión ha llegado al exceso de nombrar en dos casos a quienes previamente habían rechazado y, sin miramiento, el mandatario se los impuso en segundas ternas: Javier Delgado Sam en el Consejo de la Judicatura y Felipe Aurelio Torres Zúñiga como fical anticorrupción.
En el caso de procesos a los que el propio Congreso del Estado convoca, la influencia desde el gobierno estatal ha sido tal que para nombrar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se violentaron los derechos humanos de las participantes, y para el caso de comisionado de la CEGAIP el proceso quedó suspendido por un juez federal.
Por sumisión directa al Ejecutivo y por deficiencias en procesos de selección atribuibles también a la intervención del gobierno estatal, el resultado que arroja la Legislatura es que los nombramientos no recaen en los mejor calificados para los cargos, sino en quienes le garantizan lealtad al gobernador.
Ni duda cabe de que, de desarrollarse una metodología de evaluación del desempeño de los diputados en sus obligaciones de fiscalización y de control también saldrían reprobados. Tan malo es su trabajo y tan desacreditada está su labor, que hasta a ojo de mal cubero se les puede descalificar efusivamente y todo el mundo estará de acuerdo.
Sólo cuatro de 27 diputados tienen calificación aprobatoria en la Décimo Primera Evaluación Trimestral de Congreso Calificado.
Aunque la metodología es clara y da la misma oportunidad a todos los legisladores de acreditar una buena calificación, incentiva el vicio legislativo de la iniciativitis: mientras más iniciativas presente un diputado más posibilidades tiene de una mejor calificación.
Congreso Calificado establece un orden descendente de los diputados según el número de iniciativas presentadas y da dos puntos a los que se encuentran en el “intervalo de la cuarta parte de legisladores con mayor número de iniciativas” y a los que se encuentran en los tres intervalos más bajo les quita medio punto en orden descendente.
Aplica el mismo método para siete indicadores más y en el caso de las declaraciones 3de3 la puntuación lograda es de 2 si las publicaron y cero si no, en tanto que en el que denomina “conducta perniciosa” describe cinco comportamientos que le quitarían hasta 5 puntos a los diputados.
En el esquema general de evaluación, a más iniciativas y más puntos de acuerdo presentados más posibilidades de lograr puntos se refleja en que los cuatro diputados con calificación aprobatoria se encuentran entre la mitad de los que presentan más iniciativas, además de contar con un empujón de 2 puntos por la publicación de sus 3de3.
En la calificación que reporta Congreso Calificado sólo nueve diputados obtienen los 2 puntos por haber publicado su 3de3.
Según describe en su metodología, la verificación de la difusión de las 3de3 se hace en la plataforma Legislador Transparente, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana. Hasta esta madrugada ese portal se encontraba inhabilitado.
En cambio, en la Plataforma Estatal de Transparencia –el espacio Web oficial para cumplir con la obligación legal de la publicación de la 3de3– fue posible localizar las declaraciones de los 27 diputados, testadas en su mayor parte por tratarse de versiones públicas conforme al criterio de opacidad de la CEGAIP.
A pesar de ser versiones opacas de las 3de3, comparar las de un diputado con otro abre, por ejemplo, una amplia duda sobre cuánto gana realmente un legislador: según Oscar Vera Fabregat en 2020 su ingreso por el cargo fue de 2 millones 330 mil 303 pesos, Consuelo Carmona Salas y Martha Barajas García reportaron un millón 800 mil 927 pesos.
La mayoría reporta un ingreso anual en torno a un millón 500 mil pesos. Marite Hernández Correa lo desglosa: un millón 74 mil 65 pesos como ingreso neto más 488 mil 929 pesos de compensaciones.
El hecho es que, aunque testadas, en la plataforma legal (PET) para la publicación de las 3de3 aparecen las de los 27 diputados por lo que, cuando menos a 18, por cuestión de fuente consultada, Congreso Calificado les habría regateado dos puntos.
Llama la atención que en el caso del indicador “conducta perniciosa” a ningún diputado se le descuentan puntos. Traducción: tenemos diputados muy ineficientes y reprobados en su labor legislativa… ¡pero muy bien portados! Bueno, siendo positivos en la evaluación, porque…
“Este indicador sanciona aquellas conductas individuales de responsabilidad directa, incontrovertible y plena de las y los legisladores que provoquen un daño a la buena imagen del Congreso del Estado”, dice la descripción del indicador de Congreso Calificado.
¿Acaso la proyección de un Congreso reprobado reiteradamente no provoca “un daño a la buena imagen” del Poder Legislativo? ¿Tendría que descontársele a todos algún puntaje por esa circunstancia?
Sin duda evaluar es necesario.
Pero para hacerlo se requiere que se desarrollen indicadores que incentiven a los diputados a realizar un trabajo que efectivamente redunde en un mejor cumplimiento de sus obligaciones legislativas, de fiscalización y de control, en lugar se someterlos a una carrera por replicar vicios para alcanzar una mejor calificación… justo porque en la base está un mal conocido como iniciativitis.
