- Por clasismo y racismo operaron contra auto adscripción calificada para cerrar a indígenas acceso a cargos de elección popular
- Obran en Juzgado federal pruebas de que la pandemia fue sólo un pretexto
- Al suspender la Consulta, los diputados provocaron la invalidez de la Ley electoral
Por Victoriano Martínez
La Consulta Indígena por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley Electoral fue suspendida y saboteada mucho antes de que se presentara la contingencia sanitaria por Covid-19, por clasismo y racismo por parte de diputados que pretendieron apropiarse de los avances que se tenían para favorecer a recomendados y para conseguir moches para sus asesores.
Los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Consulta Indígena del Congreso del Estado denunciaron a través de un comunicado la falta de voluntad real de los diputados por realizar la consulta y se pronunciaron porque se inicie una investigación para deslindar las responsabilidades en que incurrieron los diputados, incluidas las violaciones a sus derechos humanos y laborales.
“La Consulta fue suspendida y saboteada mucho antes de que apareciera la COVID-19 (lo prueban nuestros diversos escritos entregados al Legislativo y el audio de la última reunión pública que tuvimos con ellos el 4 marzo)”, expusieron en el documento.
“Se ha pretendido usar la pandemia como un pretexto para ocultar la verdad y justificar que no se hiciera la Consulta, pero hay que tomar en cuenta que en 10 años de existencia de la ley de consulta indígena, el Congreso nunca la ha ejecutado
El GTO rindió protesta en el Congreso del Estado el 27 de enero y a partir de ese momento recorrieron las comunidades y lograron acordar reuniones en 61 sedes para que las comunidades indígenas participaran en las distintas etapas de la consulta, lo que permitió que se publicara la convocatoria con el calendario de sesiones el 14 de febrero.
“Quien diga que se impusieron sedes, ha de creer que las comunidades son tontas y que fácilmente se les puede imponer, pero las actas y la elección de 61 sedes demuestran que se respetó la decisión de las comunidades, nunca ha habido una consulta con tantas sedes”, señaló el GTO en alusión a quienes han intentado desacreditar su trabajo.
A pesar de los acuerdos con las comunidades, de los que entregaron copia de las actas levantadas al Congreso del Estado, éste no les pagó sus sueldos ni les proporcionó recursos para repartir el material necesario para las sesiones de consulta, por lo que los integrantes del GTO echaron mano de recursos propios y hasta pagaron a tres de los siete traductores de la convocatoria.
Aunque en el comunicado no lo mencionan por su nombre y se refieren a él como pre candidato del PAN, los integrantes del GTO señalaron al diputado Rolando Herbert Lara de bloquearles sus pagos con argumentos como decir que no es posible que se le quiera “dar tanto a los indígenas”.
“Desde ahí empezó a notarse y a oler el racismo y la descomposición política del Congreso y, teniendo todo listo, no nos pagaron y, al no haber modo de moverse, suspendieron el proceso consultivo que estaba en su punto e impidieron la consulta.
“Eso se llama sabotaje y, lo que son las cosas, la reina del sabotaje fue la presidenta de Asuntos Indígenas de Morena, aconsejada por el asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿Quién lo iba a pensar?”, expusieron en su comunicado.
Señalaron a Ulises Arista, asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas, de promover y presentar con el diputado Martín Juárez Córdova a tres supuestos dirigentes indígenas comandados por “un ex funcionario federal de la extinta CDI” (Juan Cisneros), para incorporarlos al Grupo Técnico Operativo, después de que ya estaban organizadas las reuniones para la consulta.
Desde el pasado 29 de mayo, los integrantes del GTO presentaron una solicitud de amparo, iniciado con el número de expediente 326/2020, en el que, a pesar de que se le ha dado la razón a los quejosos, el área jurídica del Congreso del Estado ha evadido, a base de chicanadas, cubrir los adeudos.
Como parte del proceso de ese juicio de amparo, el pasado 29 de julio salió a relucir que la diputada Rosa Zúñiga Luna le exigió en varias ocasiones a la secretaria técnica del GTO, Marcela Sánchez Flores, contemplar de 20 a 50 mil pesos para entregar a sus asesores como moches.
“Nos dimos cuenta que lo que buscaban con esa retención del dinero y ya con el trabajo que habíamos realizado hasta el momento, era ver cómo metían a sus recomendados y cómo destinaban moches para sus asesores consentidos”, denunciaron los integrantes del GTO.
Expusieron que posiciones y declaraciones de los legisladores evidenciaron que otra razón para evadir la Consulta fue de impedir la auto adscripción indígena calificada que permitiría asegurar espacios municipales y distritales en beneficio de candidatos indígenas, quienes contarían por ley con la primacía. En el 2018, Hervert Lara se benefició de la falta de la auto adscripción calificada.
“Intentamos por medio de diversos escritos evidenciar toda la podredumbre (acuses de recibo que se encuentran en el juzgado cuarto de distrito), así como la urgencia de ya contar con el recurso porque esto se desmoronaba, y fue fatal darnos cuenta que todos los diputados estaban de acuerdo en esconder y disfrazar esto”, expusieron.
Señalaron que a tal grado llegó el bloqueo de la Consulta que, tras suspenderla unilateralmente el 18 de marzo, los integrantes del GTO tuvieron que comunicarlo a las autoridades indígenas por sus propios medios “porque ni de la XEANT la voz de la Huastecas pudimos echar mano, pues parece que el Congreso les hizo una llamada para bloquear cualquier anuncio que quisiéramos hacer”.
Insistieron en que la verdadera razón de fondo por la que no se realizó la consulta fue el clasismo y racismo evidente de los diputados, por mucho que quieran usar de pretexto la pandemia. “Se equivocaron y por ello la resolución de la corte es clara y atinada”.
Lamentaron ser víctimas de ese racismo y la nula intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que no ha atendido su queja ni siquiera con las medidas cautelares necesarias “para salvaguardar idóneamente nuestros derechos humanos en el contexto de la pandemia”, a pesar de que desde el 1 de junio recibieron vía correo electrónico el acuse de recibo sobre su queja.
El pasado 22 de septiembre enviaron un comunicado más a la CEDH en el que exponen la situación de padecimientos, incluso de un caso de Covid-19 entre sus integrantes, y la forma en que se agravan las dificultades para su supervivencia por la falta de pago y las deudas provocadas por financiar los trabajos de la Consulta que debió cubrir el Congreso del Estado.
Expresaron que los cuatro meses sin que la CEDH haya tomado una sola medida sobre su queja les hacen considerar se está “demostrando lo tan criticado hasta el momento, que el presidente de la CEDH de San Luis Potosí cubre y avala las fechorías y violaciones de este gobierno estatal”.
“Exigimos justicia, que se nos pague, que se deslinden responsabilidades y que se castigue a los legisladores principalmente involucrados, que claramente son una continuidad de la ecuación corrupta. Si se sigue sin investigar ni sancionar, la corrupción seguirá enquistada y los asesores serán sus portadores”, señalaron en su comunicado.
