Hoy sesionarán en privado los diputados para votar los dictámenes que declaran improcedentes siete de ocho juicios políticos, desechan seis juicios de Responsabilidad Administrativa y turnan a la Auditoría Superior del Estado dos denuncias que fueron presentadas ante el Congreso del Estado en contra de diversas autoridades.
En total son 16 los dictámenes que aparecen en la gaceta parlamentaria correspondiente a la sesión privada número 14, documento que proporcionó una fuente al interior del Congreso ya que no se encuentra publicado. Los dictámenes fueron aprobados por los integrantes de las comisiones de Gobernación y Justicia para ser turnados al pleno para su votación.
El primero de los dictámenes declarado como improcedente es la solicitud de juicio político presentada por Juan José Frías Aguilera en contra de todos los diputados de la Legislatura anterior a quienes acusó de cometer actos de corrupción como los denunciados por la llamada “ecuación corrupta”; sin embargo, la solicitud no la acompañó con pruebas por lo que las comisiones calificaron como improcedente el juicio político.
Otro juicio político se intentó en contra de los ex integrantes del Cabildo del municipio de Villa de Reyes y otros ex funcionarios a quienes se acusó de autorizar indebidamente permisos para la construcción del desarrollo habitacional conocido como “Ciudad Maderas”, en este caso también se declaró improcedente por falta de pruebas.
En contra de la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez se presentó otro juicio político por hechos relacionados con su desempeño como oficial mayor del Congreso del Estado en el periodo 2015-2018 en el que se le acusó de firmar cheques para pagar capacitaciones, como un curso “realizado una semana antes de que los señores diputados terminaran su periodo”. En el texto de la solicitud se menciona la existencia de un CD que fue anexado con pruebas como cheques y facturas “que se presume son falsas”.
No obstante, el dictamen declara improcedente el juicio político por considerar que Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez no puede ser sujeta a juicio “toda vez que los hechos y omisiones que se le atribuyen, presuntamente fueron ejecutados entre el 14 de junio y 13 de septiembre del 2017 y en su carácter de Oficial Mayor de la LXI legislatura del Congreso del Estado, cargo que no está enlistado en el primer párrafo del artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”.
También se declaró improcedente la solicitud de juicio político en contra del alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios y la titular de la Unidad de Transparencia, Pammela Méndez Cuevas, a quienes una persona acusó de no responder solicitudes de información. Las comisiones resolvieron que la titular de la Unidad de Transparencia no es sujeta de juicio político y, aunque el alcalde sí puede ser sujeto, la denunciante “no aporta prueba alguna que nos permita presumir la existencia de infracciones y hacer probable la responsabilidad de servidor público”.
El único julio político que consideraron procedente y por el cual se integraría una Comisión Jurisdiccional para llevar a cabo el procedimiento, es el presentado en contra de la síndica, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, por José Luis García Sánchez, quien fue nombrado por el cabildo de Ricardo Gallardo Juárez como representante de los municipios en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien la acusa de haberse excedido por pretender darle efectos inmediatos a la designación de Gina Maribel Rocha Peñuelas como nueva representante de los municipios en el TECA
Juicios de Responsabilidad Administrativa
De los seis juicios de Responsabilidad Administrativa, cuatro fueron presentados en contra del Ayuntamiento de Santo Domingo por incumplimiento de laudos laborales que datan del 2014 y 2015; los dos restantes corresponden a incumplimientos de convenios laborales de parte de los ayuntamientos de Tampacán y Vanegas.
Pese a que los seis fueron interpuestos por la presidenta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Guadalupe Cervantes Contreras, todos fueron desechados debido a que no se agotaron los requisitos de procedibilidad ya que, antes de acudir ante el Congreso del Estado, debió imponer una multa, girar oficio al titular de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para efectos de hacerla efectiva y, posteriormente, que la oficina recaudadora rinda un informe al tribunal con los datos correspondientes que acrediten su recepción, pero la presidenta del TECA sólo probó la imposición de la multa.
Denuncias de la Secretaría de la Función Pública
Las comisiones de Gobernación y Justicia se declararon incompetentes para resolver dos denuncias presentadas por Lauro Delgado Terrón, Director de Área de la Subsecretaria de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por lo que serían turnadas a la Auditoría Superior del Estado para que resuelva lo conducente.
La primera de ellas fue recibida por el entonces presidente de la Mesa Directiva del Pleno, Fernando Chávez Méndez el 13 de septiembre del 2018 y, de acuerdo con el oficio remitido, consta de 183 fojas útiles en contra de quienes fungieron como presidente municipal, síndico y secretario del Ayuntamiento de Salinas durante el periodo 2015-2018.
La segunda llegó al Congreso del Estado el 28 de noviembre del 2018 y consta de 118 fojas en contra de quienes ocuparon los cargos de presidente municipal, síndico y secretario del Ayuntamiento de Matlapa en la administración 2015-2018.
En ambos casos se desconocen los hechos o delitos atribuibles a los integrantes de dichas administraciones municipales pues en la gaceta parlamentaria no se anexó el contenido de las denuncias.
Al final del documento aparecen cinco páginas correspondientes al acta de la sesión privada número 13 que celebraron los diputados el 14 de octubre del 2019 en la que resolvieron, por mayoría, “no tener elementos de fundamentación, jurisdicción y competencia para resolver sanción a imponer a Ricardo Gallardo Juárez” por haber incurrido en promoción extemporánea de su segundo informe de gobierno por lo que, en ese momento, decidieron turnar el expediente al Tribunal Estatal Electoral, mismo que, días más tarde, fue desechado por ese órgano argumentando que no podían juzgarlo dos veces por lo que corresponde al Congreso sancionar al ex alcalde de la capital.
