Por Victoriano Martínez
Los fondos de la Dirección General de Pensiones son de tal magnitud que alcanza para que el gobierno en turno le deje de entregar las cuotas de los trabajadores en cifras de escándalo, pero también para que sus funcionarios en confabulación con particulares realicen escandalosos saqueos que ayudan a distraer la atención de lo primero.
El pasado sábado, luego de dos días de manifestaciones en las calles, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado publicó un desplegado en el que, entre otras demandas, exigió el pago de la deuda con la Dirección de Pensiones.
“Cubra el pago del adeudo que tiene con la Dirección de Pensiones del Estado, en relación con el sector burócrata, el cual asciende, hasta el 4 de enero de 2024, a: $2,514,853.03 (…) Exigimos al C. Gobernador Lic. José Ricardo Gallardo Cardona. Nos informe sobre el manejo de los recursos aportados quincenalmente por los trabajadores”.
Un reclamo manifestado por escrito tras dos días de manifestaciones que daba cuenta de la escalada en el nivel de la protesta, al grado de que el propio Gallardo Cardona advirtió que “puede haber sanciones y repercusiones legales para las personas” que participaron en las protestas.
Mientras crecía el nivel del reclamo por el adeudo de gobierno estatal con la Dirección de Pensiones, sin contar las deudas por los sectores del magisterio y las telesecundarias que incrementan la deuda en este sexenio a más de 3 mil 400 millones, el pasado lunes la Fiscalía General del Estado reporta la aprehensión de siete personas por un fraude de 200 millones que podría llegar a 700.
Coincidencia o no, el caso es que no se dejó de hablar de la Dirección de Pensiones, aunque ya no sobre la irresponsabilidad de la autoridad estatal que triplicó el adeudo histórico en dos años, sino ahora de la autoridad casi en plan heroico y al rescate de la institución al iniciar una limpia en la que poco faltó para que dijeran “por eso no les pagamos sus cuotas”.
Coincidencia o no, un hecho es que el gobernador se olvidó de las sanciones y repercusiones legales contra los manifestantes para proyectarse como quien tiene el control en la autónoma Fiscalía General del Estado, y comenzó a dosificar la información sobre las investigaciones en curso para mantener la atención pública sobre esa arista de los problemas de la Dirección de Pensiones.
El mismo día de las siete aprehensiones, el 29 de enero, Gallardo Cardona adelantó que hay pseudo empresarios “que incluso ya empezaron a tirar, pero aparecen en la estafa”, y que habría otra aprehensión por un caso de 500 millones de pesos que podría llegar a mil.
El 30 de enero, el mandatario aseguró que también se investiga a Jorge Escudero Villa, ex director de Pensiones, porque “siguió operando con el mismo personal administrativo, con los mismos tesoreros, gente que tenía 20 años ya ahí metidos, incrustados. Ese fue el problema que tuvimos con el director de esta administración, por eso fue removido”.
Ese mismo día aseguró que hay involucradas personas de muy alto perfil que calificó como pseudo empresarios y explicó que las investigaciones se desarrollan por “paquetes”, de los cuales el primero fue el de las siete aprehensiones del lunes, en el segundo persiguen un daño al erario por hasta 500 millones de pesos y “luego viene otro de 700 millones de pesos”.
Para mantener la vigencia del tema –o como un no se me vayan a distraer con nuestro adeudo– Gallardo Cardona dijo este miércoles que hay al menos dos empresas más involucradas en el caso, pero “no puedo darles el nombre, porque la Fiscalía las tiene en investigación, entonces para qué alertar a la gente, mucho menos a esas personas que están metidas en esas empresas”.
Comentarios y “revelaciones” del gobernador como si buscara dejar claro que interviene directamente en el trabajo de la FGE, a pesar de ser un ente autónomo; y/o como si se tratara de orientar mediáticamente el trabajo del fiscal José Luis Ruiz Contreras, quien fue escrupuloso en mantener la secrecía de las investigaciones.
Nadie puede estar en contra de la urgencia de que se investiguen, se sancionen y se recuperen los recursos desviados de la Dirección de Pensiones, pero la mayor urgencia es que tales acciones se concreten antes de que sus pocos resultados hablen más fuerte que la propaganda en que ya comienzan a convertirlo.
Un hecho es que mientras se privilegie en las acciones contra los fraudes el manejo mediático sin que haya una efectiva recuperación de lo saqueado, lejos de beneficiar a la Dirección de Pensiones sólo se le habrá tomado como instrumento para promoción y, de paso, limpieza de imagen al encubrir el daño que le provocan con los adeudos tras una mascarada justiciera.
Al final, pierde la Dirección de Pensiones y principalmente sus afiliados de los sectores burócratas, maestros y telesecundaria, quienes sólo se habrán enterade de que, aparte de los gobiernos que se quedan con sus cuotas, hay funcionarios y particulares que también se apropian de su dinero.
