Abelardo Medellín
Por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de las funciones y peculado, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a siete personas, entre ellas tres funcionarios públicos, vinculados con un desfalco de hasta 700 millones de pesos al interior de la Dirección General de Pensiones.
En rueda de prensa este 29 de enero, el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, informó sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de un grupo de personas vinculadas con este desfalco que, al día de hoy, asciende a un daño comprobado de 200 millones de pesos y, de acuerdo con los indicios de la investigación, podría llegar hasta los 700 millones de pesos.
El fiscal general explicó que durante los años 2020, 2021, 2022 y parte de 2023, la tesorería de la Dirección de Pensiones gestionó la apertura de un número irregular de cuentas bancarias para desviar dinero que recibía.
“De cuatro cuentas que tenían permitido aperturar en la Dirección de Pensiones, a lo largo de los años se fueron aperturando más de 60 cuentas en una sola institución bancaria, en las que fue dispersado dinero a una cuenta y a otra, triangulándola con la finalidad de que a fin de cuentas llegara a incrementar el patrimonio de particulares y de funcionarios públicos de la dirección de pensiones”, explicó.
Los detenidos por este presunto desvío de recursos son: Ricardo N., ex tesorero de la Dirección de Pensiones; Ana Lilia N., beneficiada con el crecimiento de su patrimonio; Juana Patricia N., trabajadora de la Dirección de Pensiones y actual servidora pública; Ana Paola N., administradora única de una empresa vinculada con el desvío de recursos; Neftali N., esposo de la administradora de la empresa; Arturo N., gerente y representante legal de la institución bancaria responsable de la apertura de cuentas; y un sujeto más de nombre Manuel N., del cual no se explicó su responsabilidad en el caso.
Adicionalmente, se pudo conocer que Arturo N. es director regional de la institución bancaria Bansi.
El fiscal explicó el esquema de desvío a través del cual los colaboradores de la Tesorería recibían las retenciones que se aplicaban sobre el sueldo de los trabajadores, mismas que se entregaban a una empresa financiera identificada como Trapeza, la cual debía fungir como mediadora en el pago de los trabajadores a instituciones que les hubieran otorgado un crédito hipotecario, pero en lugar de eso realizaba aportaciones irregulares con la finalidad de hacerlas llegar a cuentas de los particulares vinculados.
Adicionalmente, Ruiz Contreras reveló que la carpeta de investigación contempla al menos otras tres empresas que podrían estar vinculadas con el caso.
Asimismo, informó que fue el actual director de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, y el anterior director, Jorge Escudero Villa, fueron quienes denunciaron los desvíos detectados y que advirtieron durante sus respectivas gestiones.
Según el fiscal, representantes de la Secretaría de Finanzas y de los Sindicatos que forman parte de la Junta de Gobierno de Pensiones también podrían tener responsabilidades en este caso, pues forman parte del órgano colegiado que revisa la situación de la dirección y vigila este tipo de casos.
Los siete detenidos ya fueron presentados ante el juez de control y se espera que se resuelva su situación jurídica durante los siguientes días; la FGE informó que ya se han emprendido cateos en los domicilios de algunos implicados.
