Antonio González Vázquez
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la prevalencia de actos de corrupción en San Luis Potosí descendió cinco puntos porcentuales durante el período 2013-2019.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción a celebrarse el 9 de diciembre, esa institución publicó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y, de acuerdo con el estudio, San Luis Potosí es una de las siente entidades federativas donde disminuyó la corrupción.
En 2013, el índice de prevalencia era de 18.0 por ciento y al cierre de 2019, bajó a 13.1 por ciento.
El estado con mayor prevalencia de corrupción es Durango con 25.4 por ciento, en tanto que el de menor índice, es Zacatecas con 6.9 por ciento.
Sin embargo, el estudio subraya el hecho de que los ciudadanos no denuncian todos los casos de corrupción, pues el porcentaje de personas que no denunció su victimización por corrupción, en San Luis Potosí, término del año pasado, fue de 86.3 por ciento.
Con ese alto porcentaje, San Luis Potosí se ubica en el sexto lugar de las 32 entidades federativas donde las víctimas no denuncian los actos de corrupción de los que son objeto por parte de los servidores públicos.
Durango es el estado donde menos víctimas de la corrupción presentan denuncias con el 92.7 por ciento, mientras que Guanajuato, con 56.6 por ciento, es donde se hacen más denuncias.
Los principales motivos que esgrimen las víctimas de la corrupción para no presentar denuncias, son entre otros, “es inútil, no le darán seguimiento, es una pérdida de tiempo, por falta de tiempo, porque la corrupción es una práctica muy común, por miedo a represalias”.
El estudio puntualiza que “analizar la relación entre las acciones de política anticorrupción adoptadas por las entidades y la tasa de denuncia, aún no se perciben indicios de que la implementación de los mecanismos institucionales de combate a la corrupción genere los incentivos en la población para denunciar el hecho”.
Además, destaca el hecho de que a nivel municipal, las autoridades poco hacen por combatir de la corrupción, en ese punto, en San Luis Potosí, hasta el 75 por ciento de los ayuntamientos no cuenta con plan o programa anticorrupción.
Por último, respecto de los costos de la corrupción, el estudio del INEGI precisa que “en 2019, el monto total por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
A precios constantes, entre 2017 y 2019 el costo del soborno en la población aumentó 63.1 por ciento al pasar de 7 mil 218 millones en 2017 a 11 mil 775 millones en 2019 y, acerca del costo que representa el trámite con mayor prevalencia de corrupción, es decir, la corrupción derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, este fue de 2 mil 244 millones de pesos en 2019, lo que significó un gasto promedio de mil 294 pesos por cada víctima.