Por Victoriano Martínez
La existencia de posibles motivos para rescindir el contrato entre la empresa Distribuidora VEM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para el arrendamiento de 4.6 hectáreas en Lomas Cuarta Sección puede ser una ruta para la corrección de una acción que puso en entredicho al propio rector Alejandro Zermeño Guerra, pero no aclara del todo el caso.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la UASLP, señaló que hay incumplimientos sobre acciones que deberían haberse realizado en plazos determinados. “Si bien no se ha construido nada del proyecto en el terreno, no se ha cumplido con los compromisos del contrato en términos de plazos y reuniones de seguimiento”, dijo.
Desde que se firmó el contrato el pasado 12 de abril, se estableció la designación de un responsable de dar seguimiento al cumplimiento del clausulado por cada una de las partes. Por la empresa fue nombrado Ricardo Espinosa Díaz de León. Por parte de la UASLP sólo se dijo que sería el titular del Departamento de Diseño y Construcción.
Una designación tan imprecisa que al intentar identificar a la persona específica que cubriría esa función, resultó que en el directorio de la UASLP no existe ese departamento, sino una Dirección de Edificación y Diseño de Obras, que es el cargo que más se parece al que se señaló en el contrato para darle seguimiento.
“De igual manera, a partir de la firma del presente contrato, se constituirá una comisión, integrada por 2 (dos) representantes del Arrendador y 2 (dos) representantes del Arrendatario, para el seguimiento a la construcción y mantenimiento de la infraestructura en el espacio objeto del arrendamiento”, dice la cláusula decimoséptima del contrato.
¿Se determinó quién es el responsable del seguimiento? ¿Se nombró a los integrantes de esa comisión por parte de la UASLP? Si lo hicieron, ¿por qué ni uno ni otro advirtieron sobre los incumplimientos de los que ahora, cuando son públicas las dudas en torno al proyecto, se habla de esas posibles faltas? Lo peor habría sido que no se dieran esas designaciones.
Si existe el comité de seguimiento y la designación del responsable por parte de la UASLP, hay personas específicas que pudieron advertir en los últimos ocho meses no sólo sobre los incumplimientos, sino sobre la modificación y mutación del proyecto de un Centro Deportivo Universitario en un gran centro comercial denominado Distrito Santa Fe.
En lugar de que la UASLP se viera obligada a salir a dar explicaciones y a ofrecer análisis sobre la posibilidad de rescindir el contrato, desde hace meses o incluso en estos momentos, habría podido salir a informar sobre lo ocurrido como una acción de protección al patrimonio de la UASLP, y no como lo ha tenido que hacer como una estrategia de control de daños.
Pero la posible omisión de la UASLP en el nombramiento de responsables del seguimiento, o la omisión de los responsables del seguimiento en no advertir no es la única explicación que queda a deber la Universidad.
Zermeño Guerra aseguró en la sesión del 23 de noviembre de 2023, al presentar la propuesta de arrendamiento, que el terreno había sido comprado por la UASLP. “No fueron donadas por el Municipio, no fueron donadas por el Gobierno del Estado, fueron compradas con recursos universitarios hace muchos años”, dijo.
El inventario de bienes inmuebles que presenta la UASLP (fila 176) en la Plataforma Estatal de Transparencia, señala fue adquirido por donación el 1 de mayo del año 2000, tiene un valor catastral de 159 millones 491 mil 127.60 pesos y es considerado como un inmueble para uso administrativo, investigación o académico.
Si la UASLP busca aclarar por completo el caso, tendría que comenzar por dejar en claro el origen de la propiedad del terreno y la mejor manera sería exhibir las escrituras porque la diferencia entre haberlo comprado y haberlo recibido como donación resulta relevante.
Si fue donación para uso administrativo, investigación o académico, arrendarlo incluso para la construcción de un centro deportivo incumpliría las condiciones de la donación y hasta podría perder el predio. ¿Acaso surgirá un donante que reclame la devolución de la propiedad?
Hay posibles motivos para rescindir el contrato, sí, pero ¿hasta dónde se dieron por omisiones de la propia UASLP? ¿Hasta dónde no sólo se pone en entredicho a las autoridades universitarias, sino que también se pone en riesgo el patrimonio de la Universidad?
