Por Victoriano Martínez
Son dos los decretos que ha aprobado el pleno del Congreso del Estado en sesiones ordinarias justo al cumplirse el segundo mes de iniciada la LXII Legislatura.
Son dos decretos, pero es un solo tema: los informes general e individuales de la revisión que hizo la Auditoría Superior del Estado a los 113 entes auditables con relación a las Cuentas Públicas 2017.
El primero fue para dejar “sin efecto el proyecto de decreto aprobado por la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí en sesión extraordinaria del día 7 de septiembre del 2018, por el que, determinó que el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de los 113 entes auditables, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables”.
El argumento aceptado por mayoría en la exposición de motivos fue que al apartarse de la Constitución, las leyes y los reglamentos, “trajo como consecuencia una determinación apresurada que dejó una sensación publica de desaseo, que debe ser reparada para evitar cualquier acción constitucional de amparo y protección del poder Judicial de la Federación”.
Para quienes promovieron el albazo dado por la anterior Legislatura el 7 de septiembre, la urgencia era que los informes de la ASE quedaran aprobados sin importar dejar abierta la opción para los fiscalizados de poder recurrir a un amparo para liberarse de cualquier responsabilidad, como lo advirtió el primer decreto de la actual Legislatura.
En el primer decreto en sesión ordinaria, los actuales diputados dijeron no a “una determinación apresurada que dejó una sensación pública de desaseo, que debe ser reparada”.
Este jueves, esos mismos diputados refritearon el dictamen del 7 de septiembre, lo adornaron con algunas recomendaciones, relataron en el propio documento que sólo tuvieron tres reuniones con la ASE para revisar los informes y en una dejaron sola a la presidenta… para decir sí a prácticamente el mismo dictamen al que 55 antes le habían dicho no.
La reparación se limitó a someter la aprobación al Pleno dentro del plazo marcado por la Constitución, sin ninguna acción real para reparar la que ellos mismos calificaron como determinación apresurada que proyectó desaseo.
En cuanto a lo apresurada y desaseada de la determinación de la LXI Legislatura, los actuales diputados exhibieron una irresponsabilidad inaceptable que los llevó a reconocer incumplimientos legales en los informes, y a pesar de ellos calificarlos como “realizados con apego a las disposiciones legales aplicables”.
Hacer una letanía de cifras señaladas como irregularidades como la que presentó la presidenta de la Comisión de Vigilancia para justificar que hicieron bien su trabajo es solo una pantalla efectista que poco tiene que ver con el trabajo que les corresponde.
Esa letanía debió enumerar la forma en que la ASE cumplió o incumplió con cada una de las disposiciones que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas le impone.
Si hubieran sido lo suficientemente responsables para hacer ese trabajo, los incumplimientos perfilados en sus recomendaciones no tendrían que haber sido presentados con ese velo de maestro barco.
A quienes la anterior Legislatura les regaló certificados de mejores administradores públicos del mundo al estilo ecuación corrupta, hoy la Legislatura del rescate de la imagen del Legislativo y de su dignificación les ratificó el regalo… aunque hayan exhibido un desaseo mayor que señalado por ellos mismos a sus antecesores.
