José de Jesús Ortiz
Luego de 27 meses recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila, el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner enfrenta este lunes la etapa de juicio oral en el proceso penal en su contra acusado de los delitos de uso abusivo de funciones por su probable participación, como coautor, en la supuesta compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue en la época en que fue director de Salud Pública en San Luis Potosí.
La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que Lutzow Steiner participó en diversas reuniones con otros exfuncionarios estatales de Salud, entre ellos la entonces titular de la dependencia, quienes habrían acordado en abril de 2020 la compra simulada de 193 tambos de insecticida para combatir el dengue, por los que se pagaron más de 32 millones 732 mil pesos a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México S.A., así como el posterior reintegro de ese dinero qué, según uno de los testigos, se utilizaría en “compromisos políticos” de la extitular de Salud y candidata a la gubernatura en 2021. Todo ello supuso una afectación al erario por más de 32 millones de pesos.
Según las imputaciones de la FGE, como director de Salud Pública en el Estado, Lutzow Steiner participó —junto a otros exfuncionarios estatales— en tres reuniones que hicieron posible dicha operación simulada: la primera realizada en las oficinas de los Servicios de Salud en el Estado, en marzo de 2020 durante la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones (integrado por nueve funcionarios de Salud y responsable de las compras) en la que se determinó autorizar la compra directa, sin licitación, de todo tipo de medicamentos e insumos para hacer frente a la contingencia por la pandemia de covid-19; la segunda a inicios de abril de ese mismo año en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), cuando se acordó la compra simulada del plaguicida; y la tercera también en Coepris a finales de mayo, cuando se “reintegran” los más de 32 millones de pesos de dicha compra.
Pese a que se le imputa la comisión de dicho delito en grado de coautoría, a la fecha no hay más exfuncionarios detenidos o procesados penalmente por ese caso. También, como ha reconocido la Fiscalía, no hay un documento que acredite que el extitular de Salud Pública y de la Secretaría de Salud firmó o autorizó dicha operación para la compra del plaguicida o que obtuvo un beneficio económico. Una acusación sostenida en esencia con los testimonios de dos exfuncionarios que dicen haberlo visto en las reuniones en que se acordó la compra y el reintegro del dinero, entre ellos el de Marco N., director de Salud Pública hasta antes de la llegada de Lutzow Steiner; así como el de Francisco N., quien fuera secretario particular de la entonces titular de la Secretaría de Salud.
Los testimonios de ambos funcionarios han sido citados por la Fiscalía General del Estado en diversas audiencias judiciales registradas en la etapa de investigación del proceso, como fue la audiencia de reposición de formulación de imputación —efectuada el 20 de febrero de 2023— para cumplir la sentencia de amparo del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en la que se dictó una nueva vinculación a proceso.
Por ser de interés público y elementos informativos expuestos por la FGE en audiencias públicas del proceso penal, se reproducen a continuación los aspectos centrales de dichas declaraciones.
La compra simulada para usar los recursos en compromisos políticos
Uno de los dos testimonios en que la FGE basa su teoría del caso es el que obtuvo el 4 de abril de 2020 y en el cual Marco N., ex titular de Salud Pública hasta antes de la llegada de Lutzow Steiner a ese cargo, dio su versión de los hechos y de las diversas reuniones en las que se acordó la compra simulada del plaguicida. En dicha declaración, señaló que la compra simulada del plaguicida y el posterior reintegro del dinero, se utilizaría para “compromisos políticos” de la titular de la dependencia y posterior candidata de Morena a la gubernatura.
Dicho funcionario ingresó en 1994 a los Servicios de Salud en el Estado, donde desempeñó diversos cargos, entre ellos, jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, director de Planeación Evaluación y Proyectos Especiales y director de Salud Pública, además de ser vocal en el Comité de Adquisiciones de los Servicios de Salud (hasta junio de 2019), por lo cual dijo tener conocimiento de cómo funcionaban de manera general la mayoría de las unidades administrativas y operativas de la dependencia.
Según la FGE, en su declaración señaló que la entonces titular de Salud le había hecho el comentario que había recursos de gobierno estatal y las adquisiciones las iban a trabajar con los proveedores que ella previamente iba a designar o a elegir señalándoles que por año se tenía que consumir la cantidad de recursos que había sido entregada por el gobierno. La empresa con la que ya tenían arreglado realizar los contratos directos “por insumos de papelería servicios aseo o batas” era Public Health Supply and Equipment de México.
Y agregó en su declaración citada por la FGE: “Como iba a ser el único proveedor Public Health se le iba a transferir para que mediante el biólogo Francisco N., (jefe del departamento de Control de Enfermedades Transmisible por Vectores) se regresará ese dinero ya que iba a ser utilizado para compromisos políticos con la idea de ser candidata a la gubernatura y que en su oportunidad el proveedor de la persona moral a través de Jorge Fernando N., estaba de acuerdo y que por medio de la empresa iban a facturar a Servicios de Salud y sacarían el dinero para que una vez que lo entregaran al biólogo este se lo diera a Patricia N., (subdirectora administrativa) o incluso a la misma doctora Mónica N., en diferentes lugares distintos a la propia oficina para que ésta pudiera repartir ese dinero a los diversos servidores públicos que previo acuerdo habían establecido para poder elaborar esos contratos de compraventa”.
También, expresó que la subdirectora administrativa de forma ostensible comenzó a utilizar ropa y joyas de marcas exclusivas y que en una primera ocasión le comentó que había sido un “regalo”, aunque después le reveló que ya estaban trabajando con algunas empresas como había sido la indicación que se le había girado y “ya se veían las ganancias” que se obtenían como parte de ese procedimiento. “Esto cobra relevancia o sentido ya que le llevaban a firmar los dictámenes técnicos de cosas que él no había solicitado”, señaló el testigo.
En la citada declaración recogida por la FGE, Marco N. aseguró haber conversado en alguna ocasión con el secretario particular de la titular de Salud quien le dijo: “qué mal que no hubiera querido participar en las reuniones porque podían haberse beneficiado todos”; y le comentó que ya se había hecho una compra directa con la empresa regiomontana en el mes de abril de 2020, además de que recursos económicos que habían sido estimados para controlar la epidemia del covid-19 habían sido utilizados para la compra de plaguicidas.
De Lutzow Steiner, señaló que fue sucesor como director de Salud Pública y “como era de esperarse él tenía conocimiento de todo lo que estaba sucediendo y la forma de operar las adquisiciones simuladas dentro de los Servicios de Salud, ya que firmaba él las opiniones técnicas y justificaciones para la adquisición de los productos y servicios que supuestamente se iban a contratar”, además de que, “inclusive utilizaba el mismo formato que en su momento él utilizaba para justificar la solicitudes de compra que ordenaba la doctora Mónica N., y que él lo supo o tuvo conocimiento de esta situación”.
Marco N., se desempeñó al frente de Salud Pública hasta 2019, empleados de la dependencia recuerdan que al final tuvo conflictos con la titular de la Secretaría de Salud y posteriormente se dio el nombramiento de Miguel Ángel Lutzow en esa área. A partir de junio de ese año se reincorporó a su base de médico general en el programa de cólera en el departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas.
El segundo testigo y el reintegro de dinero en maletas deportivas
El segundo testigo con que cuenta la FGE es el de Francisco N., otro exfuncionario que se desempeñara como secretario particular de la titular de la Secretaría de Salud, y quien de forma previa ocupara diversos cargos directivos en la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos el de Jefe de Enlace Jurídico, Proyectista de la Comisión de Honor y Justicia o Encargado de la Subdirección Jurídica.
En diversas audiencias judiciales la FGE (particularmente en la del 20 de febrero para reponer la formulación de imputación) ha mencionado la declaración que recogió de dicho exfuncionario a través de una entrevista el 22 de abril de 2022, diez días antes de la detención de Lutzow Steiner.
Según la FGE, dicho exfuncionario sostuvo, entre otras cosas, que el programa de vectores para combatir casos de mosquitos transmisores de dengue, de cáncer cervicouterino y otras enfermedades era responsabilidad de la Dirección de Salud Pública y de los Servicios de Salud, y que en 2020 quien estaba al frente de dicha área era Lutzow Steiner. “Era el responsable de vigilar los departamentos encargados de esos programas de salud pública”, recogió en su declaración la Fiscalía. En tanto, quien estaba al frente de del departamento de Control de Enfermedades Transmisible por Vectores era Francisco N., por lo cual junto con Lutzow Steiner eran “los responsables de verificar el cumplimiento de cada uno de los programas y consecuencias del ingreso y del uso de insumos que se hubiera adquirido para dicho fin”.
En su declaración citada por la FGE agregó que en el mes de abril 2020 se registró una de las reuniones que fueron realizadas en Coepris en la que intervino él mismo, Mónica N., Miguel Ángel Lutzow, Patricia N., Francisco N., Emmanuel N., (subdirector operativo), así como Fernando N., representante de la empresa Public Health Supply. De esa reunión “tuvo el conocimiento que se llevó a cabo lo que fue una adquisición directa por un poco más de 32 millones de pesos y que la adquisición la haría la empresa de Public Health”, además de que ese monto sería reintegrado por la empresa un mes después.
También, dijo tener conocimiento de otra reunión efectuada en una de las salas de juntas de Coepris el 28 de mayo del mismo año, cerca de las 5 la tarde, en la que participaron la entonces titular de la dependencia, Miguel Ángel Lutzow, Patricia N., Emmanuel N., y Adrián N. Y agregó: “(señala) que en esa reunión llegó el apoderado de la empresa Public Health Supply, Jorge N., y que este iba acompañado de personas del sexo masculino las cuales él no había visto con anterioridad, ellos venían cargando cuatro maletas tipo deportivas de color negro y que estas maletas las colocaron en la mesa de las salas de juntas manifestándole el apoderado, Jorge N., a la doctora Mónica N. que ahí traía el reintegro del dinero acordado por el contrato del mes de abril…en esa primera oportunidad se acerca a Adrián N., a la mesa y revisa una por una de las maletas, dice si las abre y se aprecia que todas contenían fajos de billetes”.
La preponderancia probabilística del Juez de Control
De todo ello, el doctor Miguel Ángel Lutzow ha rechazado su participación en dicho esquema para afectar al erario, además de denunciar que los testimonios de los testigos utilizados por la FGE son falsos. “No estuve en ninguna reunión con ninguna de esas personas… jamás en mi vida he tomado dinero público, jamás en mi vida lo hice y jamás lo haré”, señaló durante la audiencia del 20 de febrero de 2023 de reposición de formulación de imputación y vinculación a proceso.
En dicha audiencia, pidió a la representante de la Fiscalía que explicara en qué consistió la coautoría del delito que le imputaba, aunque la respuesta no la dio ésta sino el Juez de Control: “Ya lo ha hecho cuando le ha establecido que le atribuye un grado de una cuota de participación como autor es decir que usted intervino con otras personas en este hecho”.
—Es un derecho humano que tiene el procesado de preguntar a la Fiscalía, son precisiones o aclaraciones que él está solicitando derivado que está clasificando el hecho como coautoría, a la mejor usted sí lo entiende y lo puede explicar, pero quien tiene la obligación de precisar es la Fiscalía—, replicó la defensa.
—Usted se puso de acuerdo para efecto de llevar a cabo una simulación de una compra de 193 tambos de 208 litros (del plaguicida) en la coautoría, usted se puso de acuerdo con otros diversos autores para llevar a cabo ese contrato o esa simulación—, repuso de forma general la representante de la Fiscalía.
Una acusación sostenida en buena medida con dichos testimonios y la inferencia del Juez de Control de que la reunión extraordinaria del Comité de Adquisiciones de marzo de 2020 posibilita o detona lo que sucederá después con las adjudicaciones directas y simuladas. En dicha reunión participaron una decena de funcionarios de primer nivel de esa dependencia, como quedó registrado en el acta de la sesión en la que acuerdan la adjudicación de licitaciones de manera directa de todos los insumos que vayan encaminados a la prevención, tratamiento, información y atención respecto al Covid-19. Es el 14 de marzo de 2020, cuatro días después se registra el primer fallecimiento en el país por esta pandemia y el confinamiento de la población.
Dicha reunión, era para tomar acciones que permitieran enfrentar la pandemia del Covid y “atender la contingencia causada a través de la compra directa y urgente de medicamentos e insumos necesarios para ello”, no daba luz verde para la compra de otros productos como el plaguicida en contra del dengue, como quedó asentado en la minuta.
En la audiencia judicial del 20 de febrero de 2023, el Juez de Control, Javier Pérez Contreras, infirió que dicha reunión es la que posibilita las acciones que se presentarán después según la argumentación de la Fiscalía, como son la adjudicación directa a la empresa regiomontana y las reuniones en que se habría acordado la compra simulada. Y consideró que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General del Estado constituían un indicio suficiente y una mayor “preponderancia probabilística” por encima de los argumentos de la defensa que solicitaba la no vinculación a proceso.
En su argumentación el Juez de Control destacó que la ausencia de la firma de un documento no era un requisito esencial para la no vinculación a proceso en contra del exfuncionario, pues el mecanismo para realizar estas conductas “es la simulación, que no es sinónimo de firmar”, concluyó en su resolución en que dictó la nueva vinculación a proceso.
Este lunes, tras 27 meses de haber sido detenido, inicia la etapa del juicio oral, última estación del proceso penal en contra de Miguel Ángel Lutzow.
