Francisco X. Salazar S.
Por decisión de la Jueza Yadira Medina, el pasado 7 de septiembre se concedió una suspensión definitiva en el juicio de amparo relativo al cierre de las 27,000 Escuelas de Tiempo Completo que atendían a 3.6 millones de niños. El Gobierno las había cerrado argumentando que había corrupción en el sector pero, como ya es la costumbre, nunca presentó ninguna denuncia, ni señaló a algún funcionario o maestro como responsable de corrupción. Con esto queda claro que no había corrupción y que si acaso la hubo, este gobierno permite la impunidad. En realidad, al igual que en otros casos, solo se trató de un pretexto discursivo para desmantelar lo que no le gusta al presidente.
La reapertura de estas escuelas es una muy buena noticia, pues este modelo representa un gran beneficio para millones de estudiantes y para sus familias. Representa una solución a varios problemas. Uno de ellos es lo que se conoce como incompatibilidad laboral-escolar, es decir, el hecho que los horarios laborales de los padres no coinciden con los horarios escolares de los hijos. Durante las horas en que los hijos no están atendidos, están expuestos a muchos problemas.
El más grave de estos problemas es el de las pandillas, que ahora son muy cercanas y hasta asociadas con el crimen organizado. Ahí recluta el narco a halcones o vigilantes que les informan sobre movimientos de personas, policías o militares; también a distribuidores de pequeñas cantidades de droga y, ahora, hasta a los conocidos como niños-sicarios. Sobra decir que en esas horas en que los niños no están atendidos, muchos se inician en el alcohol, tabaco y sexo, están expuestos a ser secuestrados por los tratantes de personas o simplemente se envician con los videojuegos.
En mi opinión las Escuelas de Tiempo Completo son la mejor manera de poder revertir el rezago de más de dos años que traemos como consecuencia del mal manejo del sistema educativo durante la pandemia, de la incapacidad de los funcionarios 90% leales y 10% capaces, de la política educativa ideologizada que aborrece los organismos autónomos y la rendición de cuentas o las pruebas de calidad educativa, y finalmente por los eternos conflictos con los insaciables maestros-agitadores de la CENTE.
Y ahora la nueva secretaria, la maestra Leti, tendrá que enfrentar problemas adicionales: implementar por capricho y a la carrera un cambio de modelo educativo muy cuestionado, no consensuado con los actores educativos, que tiene asuntos muy delicados, como la educación por “áreas”, sin calificaciones, sin reprobación, y sin propedéuticas o cursos nivelatorios, como le llaman ahora. No habrá tiempo ni programas ni presupuesto para capacitar a los docentes, ni para equipos, mantenimiento e infraestructura.
El presupuesto asignado muestra un escaso aumento inercial que acaso solo podrá solventar los aumentos salariales a los maestros; además de las presiones que ya está sufriendo por parte de la CNTE (a la mala), del SNTE (por la suave), y de Elba Esther Gordillo en los medios y en las redes. Y si a eso le aumentamos el serio distanciamiento del CONACYT con los investigadores e instituciones de educación superior, encontramos un panorama sombrío para la maestra Leti.
Además, la nueva secretaria tendrá que revisar los programas asistenciales de la 4T: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez y otros, que no han tenido resultados satisfactorios y sí han promovido una actitud de indolencia porque muchos jóvenes han descubierto que no necesitan esforzarse para obtener dinero sin tener que rendir cuentas.
Potosinos enchilados
- Ojalá que el gobernador Gallardo se decidiera a implementar el programa de Escuelas de Tiempo Completo en todo el Estado. Podríamos volver a ser lo que antes fuimos, un estado entre los de más alto nivel educativo a nivel nacional y se disminuiría el pandillerismo además de ayudar a muchas familias potosinas.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.
Es Ingeniero Químico, maestro en Administración y doctor en Educación. Empresario. En 2005 ocupó el cargo de Secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel Federal. Fue dos veces diputado federal y senador, y una vez diputado local. Ha sido catedrático por más de 25 años en universidades públicas y privadas. Miembro del Partido Acción Nacional de 1975 hasta abril de 2022. Ha sido consejero de Canacintra, Industriales Potosinos, Unión Social de Empresarios de México y de Coparmex. Ocupó el cargo de secretario general en el Sindicato de Académicos de la UASLP. Actualmente es presidente del Instituto de Política Laboral A.C.
