Estela Ambriz Delgado
La empresa hotelera Vidanta está siendo acusada de crímenes ambientales por la comunidad Tének de Tamapatz, en Aquismón, debido a que sin autorización realizó sobrevuelos en el Área Natural Protegida (ANP) Sótano de las Golondrinas, afectando con ello gravemente a la fauna, pues ante el ruido ensordecedor miles de aves murieron por aturdimiento y otras por impacto al salir despavoridas, con el aval de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), así como la Fiscalía General del Estado.
La representante de la comunidad, Rosa María Balvanera Luviano, quien ha apoyado desde 2019 al Barrio Unión de Guadalupe, donde concretamente se ubica el ANP, denunció que el pasado 6 de mayo dicha empresa irrumpió sin la autorización de la asamblea, misma que al ser consultada advirtió que su petición era imposible en la fecha planteada, el 15 de mayo, pues hay veda debido a que las aves se encuentran en época de reproducción.
Explicó que desde el 22 de abril del presente año la Segam recibió por parte de María Teresa Hernández Gil, representante de operadora Vallarta Park, un escrito en el que le solicitaron las autorizaciones para hacer un video con un sobrevuelo desde un helicóptero en el Sótano de las Golondrinas, sin embargo, de acuerdo con el decreto y el reglamento del ANP, quienes deben dar la autorización para que Segam pueda a su vez dar los permisos, es el Barrio Unión de Guadalupe.
En este punto, Balvanera Luviano hizo mención de que los pobladores han luchado desde la creación del decreto en 2001 por la elaboración del Programa de Manejo, documento rector de las actividades permitidas, e insinuó que el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, debe tener interés en que esto no se realice, pues no ha dado contestación a su solicitud de audiencia para exponerle la situación del área, por lo que se manifestaron el 18 de enero de este año.
Tras la respuesta de Segam a operadora Vallarta, en donde explica que se requiere en primer lugar la autorización de la asamblea, Ricardo Bolloli de la empresa Vidanta, junto con otra persona de nombre Andrea, asistieron a una reunión en donde se les señaló que no pueden dar el permiso porque están en una temporada de anidación, pero que quizás en un período comprendido del 24 de agosto al 24 de septiembre pudiera haber esa posibilidad, siempre y cuando se cumplieran varios requisitos.
Uno de los requisitos principales era que no sobrevolaran a una altura menor de 300 metros, porque el ruido puede molestar a las aves, pues inclusive a los turistas que acuden en grupo se les pide silencio para no molestar el entorno, además de que se les menciona que las actividades como filmaciones con fines comerciales, de difusión, o inclusive con fines científicos, tienen un costo evidentemente mayor a los boletos de entrada, pues sería equiparable a la renta de una locación, más aun tratándose de patrimonio natural, mismo que la comunidad cuida exhaustivamente al ser sustento de muchas familias.
Se les hizo fácil meterse a la fuerza
En una evidente violación al decreto de ANP, el 6 de mayo la empresa sobrevoló no solamente con un helicóptero sino con dos, a una altura de entre 20 y 30 metros, provocando ruido y viento excesivos, lo que ocasionó lesiones internas en los oídos de miles de aves, provocándoles la muerte y que algunas salieran despavoridas, chocando y muriendo al instante; las que quedaron heridas han seguido padeciendo en días posteriores.
“A mí los compañeros me hablan ese día como a las 4 de la tarde, que estaban todavía muy consternados, no sabían qué hacer, ya sabían que los helicópteros por ahí alguien les había dicho que estaban de lado de la malla, que es el lado de Xilitla, que también obviamente las divisiones geopolíticas que tenemos en el estado pues nada que cuentan con las condiciones de la Sierra, entonces me preguntan los compañeros que qué hacían”, expresó Balvanera Luviano.
Ella les recomendó que hablaran a la Segam, ya que de acuerdo al decreto era obligación de la dependencia actuar, al ser corresponsables con el barrio del cuidado de este ecosistema, y al mismo tiempo fueran al Ministerio Público (MP) a poner las denuncias correspondientes, sin embargo, la Secretaría fue omisa y no les brindaron ningún apoyo, y en el MP de Aquismón les dijeron no podían atender pues los helicópteros se encontraban de lado de Xilitla.
Rosa María relata que los pobladores estaban desesperados pues ya tenían localizados los helicópteros y pudieron haber sido detenidos en flagrancia, ya que aún no habían grabado las imágenes que necesitaban, por lo que se trasladaron a Tlamaya en el municipio de Xilitla para impedirles que se fueran, sin embargo, la policía del lugar les impidió el paso y les dijo no podían acceder porque se encontraban en una propiedad privada.
Ante la situación acudieron a la juez auxiliar del lugar Jessica Ramírez Atilano, quien coincidentemente era la propietaria del predio, y dijo que les dio permiso, pero no para causar destrozos a los vecinos, por lo que les firmó la autorización a los afectados para que pudieran entrar a donde se encontraban los helicópteros, y le pidieron a su representante les gestionara ayuda de las autoridades para hacer el aseguramiento formal.
La autorización de Segam
Balvanera Luviano acudió el 7 de mayo a las oficinas de Segam buscando hablar con el titular Jovanny de Jesús Ramón Cruz, sin embargo, previamente fue atendida por personal del área jurídica, que le solicitó presentar por escrito su denuncia y tras entregarla en la Oficialía de Partes fue recibida por el secretario, quien pareció no comprender la situación, ni tener conocimiento de que era su atribución y responsabilidad actuar al respecto.
Durante dicha conversación con Ramón Cruz, intervino la directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas, Leticia Alejandra Juárez Avonce, quien le aseguró al secretario que ya estaba viendo ese tema, que habló con personal de la empresa que había solicitado el permiso y no era la misma, por lo que únicamente le ofrecieron ser acompañada por personal del área jurídica para interponer las denuncias en el Ministerio Público.
Rosa María Balvanera explicó que dicha funcionaria es quien supuestamente otorgó un permiso, de lo cual pudo percatarse al recibir llamadas de sus compañeros, quienes estaban siendo amedrentados por la policía municipal de Aquismón con un permiso de Segam, del cual le enviaron una fotografía y ahí pudo ver que estaba firmado por Juárez Avonce, por lo que la confrontó.
“Me regreso y la vuelvo a confrontar y decirle oye, me acabas de mentir enfrente del secretario, mira están trayendo el permiso que tú diste y con eso están amedrentando a mis compañeros, y empieza: no es que… veinte pretextos, le dije mira está bien fácil ahorita si tú hablas por teléfono y le dices al comandante Alejandro que ese permiso no es en ese sentido, se aclara la situación, se les presta el apoyo a mis compañeros y se detiene a los culpables”.
Balvanera Luviano señaló que pese a tener la oportunidad de corregir el sentido de ese permiso, siempre se mantuvo en que “ya lo estaba viendo”, y hábilmente le advirtió que se acercaba la hora en que cerraba el Ministerio Público, y aseguró que no se preocupara, que ella haría las llamadas necesarias, lo que no sucedió.
El encubrimiento desde la FGE
Al llegar al Ministerio Público, la única ventaja de haber ido con el jurídico de la Segam es que le dieron la oportunidad de que pasara más rápidamente a atención inmediata, donde al comentar de la situación al director, él le dice que para la actuación tan rápida que se requiere, lo mejor es que hable con el vicefiscal de pueblos indígenas, quien supuestamente con una llamada podía autorizar el apoyo, sin embargo, finalmente la pasaron a la oficina del ahora exfiscal José Luis Ruiz Contreras.
La representante de los afectados no tenía conocimiento en ese momento de que se trataba del hasta hace unos días fiscal general del estado, y se concretó a exponerle la situación. Él le respondió que ese asunto ya no tenía importancia porque ya habían despegado los helicópteros, por lo que ella le dijo que entonces exigiría a la Secretaría General de Gobierno se actuara al respecto, y señaló que esta administración ha sido muy omisa y ha pasado por encima de los derechos de los pueblos originarios.
Al manifestarle Ruiz Contreras que sí los apoyarían, ella le dijo que entonces debían detener los helicópteros cuando aterrizaran y hacer el aseguramiento, pues aún se configuraba la flagrancia, y hubieran podido quedarse a aclarar y que se determinara su inocencia o de ser culpables que pagaran por el daño ocasionado, sin embargo, fue enviada con otro licenciado, pero antes de irse preguntó el cargo de quien la había atendido, a lo que respondió que era el fiscal.
Acto seguido Rosa María fue llevada a la mesa de atención inmediata, en donde levantaron sus denuncias, no obstante, a la fecha, las carpetas de investigación no han concluido.
Posteriormente, al mostrarle la comunidad los videos de los elementos policiacos que llegaron a amedrentarlos, en estos claramente se escucha que dicen que está enterado de todo el fiscal, y que tenían instrucciones de él de brindar el apoyo, pero a la empresa extranjera que había dañado el ANP, por lo que les quedó claro que esto se realizó con el aval de la Fiscalía General del Estado.
Ante la indignación, la comunidad tének bloqueó la carretera federal Valles Tamazunchale, y solicitó la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde a su vez la ponen en contacto con personal de la Secretaría General de Gobierno y se acuerda una mesa de diálogo, en la que le aseguran que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le ayudará a poner las denuncias necesarias, no obstante, esta instancia federal no cuenta con esta atribución.
Pese a que Segam se había comprometido a poner las denuncias correspondientes por los delitos cometidos, al día de hoy no ha puesto ninguna en forma, por ende, para el Barrio Unión de Guadalupe fue muy claro el encubrimiento de las autoridades, por lo que su representante presentó el caso en tres demandas interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los devastadores daños ocasionados a la fauna y el engaño de Vidanta
A fin de tener un dictamen técnico de los daños provocados, se buscó el apoyo del ornitólogo Leonardo Chapa, investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), quien el pasado 17 de mayo junto con su equipo realizó un muestreo, en el que se encontró que las aves de la especie vencejo (streptoprocne zonaris) murieron por el estrés que les causó el descenso de los helicópteros, y algunas siguen muriendo como consecuencia de las lesiones que sufrieron.
Además, como se encontraban en etapa de anidación, al morir los padres, los nidos quedarán vacíos, por lo que al no contar con quien los alimente, los polluelos también morirán, y los huevos que estaban por eclosionar ya no lo harán por falta de calor al no haber empollamiento, y todo ello también tendrá impacto en la flora, debido a las funciones polinizadoras de las aves.
“Obviamente ya no somos nada más nosotros los que te pueden decir que sí hay un daño al ambiente, que es lo que ha sucedido, y falta ver también la parte social y la parte de la defensa a mis compañeros, porque no se vale que los quieran engañar empresas como grupo Vidanta”, señaló Rosa María.
En este sentido la representante del barrio dijo que no es justo que Vidanta pretenda hacer creer que están realizando promoción turística para la región, cuando el público al que están dirigidos están dispuestos a pagar una habitación de mil 500 pesos por noche, lo que dista mucho de la infraestructura hotelera y restaurantera en la Huasteca potosina.
Grupo Vidanta es una empresa que se define como “la marca de vacaciones de lujo” en el país, pues maneja varios hoteles y hogares vacacionales en diversas playas de México, sin embargo, no realizaron ningún pago o retribución a la población tének de Unión Guadalupe, y por el contrario dejaron destrozos irreparables en el ANP que afectan a todo el sector turístico de la zona Huasteca, y particularmente la economía del este barrio indígena.
