Por Victoriano Martínez
Este viernes los diputados de la Legislatura más cuestionada de la historia seguramente aprobarán los informes finales de auditoría correspondientes a las Cuentas Públicas 2016, de los 115 entes auditables, ellos mismos incluidos.
Los 115 dictámenes son aprobatorios, a pesar de que el despacho externo que se contrató para revisar el trabajo encabezado por José de Jesús Martínez Loredo, tras el escándalo de la ecuación corrupta, les reportó tres faltantes:
- Falta de evidencia de elaboración y revisión del programa anual de auditoría, así como de su aprobación por parte del Auditor Superior.
- Falta de evidencia de que todos los procesos se hayan realizado y/o de que las revisiones se hayan efectuado de manera clara y oportuna.
- Falta de evidencia de que los papeles de trabajo estén debidamente conformados y contengan evidencias suficientes para sustentar las inconsistencias y observaciones encontradas.
Si lo hacen, lo harán con las mismas observaciones que hace 14 meses fueron cuestionadas y rechazadas por ellos mismos.
Del caso de los ayuntamientos se dio cuenta ayer.
No hay prácticamente diferencia con lo ocurrido en los casos de los 23 organismos operadores de agua, los 21 Sistemas municipales DIF, los tres organismos descentralizados municipales, los cinco organismos constitucionales autónomos y los tres poderes.
Para todos hay una fiscalización benévola en la que sólo se les coloca un prietito para justificar la existencia de tan costoso aparato fiscalizador llamado Auditoría Superior del Estado (ASE).
Al Ejecutivo, por ejemplo, se le hacen 222 observaciones administrativas, 238 financieras por 70 millones 416 mil 234 pesos, y observaciones por incumplimiento de obra por 85 millones 713 mil pesos.
Las observaciones suman 155 millones 529 mil 811 pesos. Una cifra considerable, pero insignificante si se considera que el Ejecutivo ejerció 44 mil 958 millones 675 mil pesos en 2016. Lo observado apenas representa un 0.35 por ciento. Un alto grado de eficiencia para un gobierno altamente gris.
Los otros dos poderes y los cinco organismos autónomos resultaron mucho más eficientes, pues en ningún caso se consideró necesario señalar los montos observados.
El Poder Legislativo –los propios diputados–, no tienen observaciones financieras (¿quién habla de empresas fantasma?) y sólo se reportan seis observaciones administrativas.
Igual el Poder Judicial: sólo cuatro observaciones administrativas.
La UASLP, sólo ocho observaciones administrativas; el Tribunal Estatal Electoral una financiera y seis administrativas; la CEGAIP una financiera y cuatro administrativas; el CEEPAC tres financieras y tres administrativas, y la CEDH tres financieras y 12 administrativas.
Tal grado de ineficiencia pondría en duda la necesidad de que exista la ASE. Prácticamente podrían autorregularse y rendir periódicamente cuentas. ¿Para qué gastar en quien les ponga palomitas de aprobación?
La sociedad bien podría olvidar esas extrañas pesadillas de ecuaciones corruptas, lavado de cuentas, dádivas simuladas, empresas fantasma al servicio de los 115 entes fiscalizables y demás cuestiones que la inquietan.
Total, la indignación se pasa en 14 meses… con la mirada puesta en la esperanza de que la renovación de instituciones tan podridas sea, ahora sí, para que llegue gente honrada y comprometida con las causas de la sociedad.
Aunque los que se van no sólo se salgan con la suya, sino que volteen a ver los tragos amargos que les tocó pasar como meras anécdotas que les causen risa.
