Por Antonio González Vázquez
Cumplidos ya los cien días de que estalló el escándalo de corrupción entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, cuyas maniobras permitían “limpiar” cuentas públicas municipales a cambio de cuotas millonarias, el Frente Ciudadano Anticorrupción lamentó que persista la impunidad.
En ese sentido, ese Frente demandó que se tomen las medidas políticas y legales para impedir que ninguno de los diputados con licencia por estar involucrados en la Ecuación de Corrupción, regrese al poder legislativo.
Del mismo modo, convocaron a los integrantes de la LXI legislatura a que hagan lo posible por lograr que Manuel Barrera Guillén pida ya licencia. De no hacerlo, serán cómplices de los diputados de la Ecuación Corrupta.
Este es el comunicado leído en rueda de prensa este mediodía al cumplirse 107 días de la Ecuación de Corrupción.
A más de 100 días de revelado el video escándalo de la Ecuación de la Corrupción en el Congreso del Estado (107 días para ser exactos), el Frente Ciudadano Anticorrupción lamenta que los hechos que lesionan gravemente al sistema de fiscalización en el estado permanezcan en la impunidad y existan pocos avances para resarcir los daños que representa el hecho de que las Cuentas Públicas 2016 de los 113 entes fiscalizables en el estado se mantengan en un limbo que, conforme pasa el tiempo, se convierte en un manto de impunidad para los funcionarios que incurrieron en irregularidades en su gestión pública durante el año anterior.
Si bien el Congreso del Estado ya emitió la declaratoria de validez de la reforma constitucional que elimina el fuero, a una semana de que el Poder Legislativo envió al Poder Ejecutivo la minuta respectiva para se promulgue el decreto en el Periódico Oficial del Estado, hacemos un llamado al gobernador Juan Manuel Carreras López para que ordene su publicación inmediata, en el entendido de que se trata de una medida que facilitará la actuación en contra, no sólo de los funcionarios con fuero implicados en la ecuación corrupta sino contra cualquier funcionario de alto nivel que incurra en actos de corrupción.
Ante el señalamiento, por parte de algunos abogados de la administración pública y particulares, de que una vez que sean innecesarios los juicios de procedencia contra funcionarios hasta hoy con fuero les permitirá enfrentar cualquier eventual proceso penal sin la obligación legal de abandonar el cargo, el Frente Ciudadano Anticorrupción advierte que quienes se coloquen en tal circunstancia exhibirían en todo caso su cinismo e insensibilidad, especialmente cuando exista el repudio ciudadano, como ocurre actualmente con los legisladores con licencia y Manuel Barrera Guillén, quien se ha convertido en el ícono de la corrupción que impera en el Congreso del Estado. Rechazamos cualquier intento de retomar las curules por parte de los diputados con licencia e insistimos en la demanda a los diputados para que se unan al repudio popular contra Barrera Guillén y activen las medidas necesarias para que abandone el Poder Legislativo, so pena de que al no hacerlo, se asumen como cómplices, máxime si llegaran a permitir el retorno de sus ex compañeros Enrique Flores Flores, Oscar Bautista Villegas y José Guadalupe Torres Sánchez.
El Frente Ciudadano Anticorrupción considera insuficientes las medidas adoptadas por la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, y que serán presentadas al Pleno en la sesión de este jueves, sobre el seguimiento que da al rechazo a los informes finales de auditoria, dado que no garantizan eliminar la impunidad de funcionarios corruptos ni el resarcimiento del daño provocado por el video escándalo de la ecuación corrupta, además de no atender la demanda que este Frente hizo, y un grupo de legisladores aceptó, para hacer públicos los 113 informes rechazados, con todos sus anexos incluidos, así como las hojas de trabajo de las auditorías practicadas, para abrir la posibilidad de que la ciudadanía, por la vía de denuncias conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pueda contribuir a evitar que queden impunes actos que les hayan causado perjuicio directo. La participación ciudadana no puede pasar del discurso a los hechos si a la población no se le permite el principal insumo, que es la información, para emprender cualquier acción.
En tanto el Poder Legislativo, sea a través de su Comisión de Vigilancia o de la Auditoría Superior del Estado como su órgano autónomo, no transparenten de manera amplia y suficiente la información relacionada con los procedimientos de fiscalización, especialmente los correspondientes al ejercicio fiscal 2016 puestos en duda por el propio Pleno de la Legislatura, la sospecha de mecanismos de protección, componendas y blanqueo de cuentas será el sello característico del sistema estatal de fiscalización, y poco se habrá logrado para recomponer la descomposición que exhibió la ecuación de la corrupción.
