Por Victoriano Martínez
Como nunca, el derecho de acceso a la información pública en el Estado enfrenta un trance en el que los opacos no sólo encabezan a los sujetos obligados, sino que se han apoderado del organismo que fue creado para garantizar su ejercicio, al grado de colocar a la transparencia en la peor crisis desde que nació legalmente el 20 de marzo de 2003.
La iniciativa de Presupuesto de Egresos 2023 que presentó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Congreso del Estado le asigna a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) 25 millones 60 mil 259 pesos para ejercerlos el año próximo (página 44).
Comparado con los recursos económicos que se la asignaron a la CEGAIP en el último año del anterior sexenio, 33 millones 281 mil 927 pesos, el gobierno de Gallardo Cardona exhibe tal desinterés por la promoción y cumplimiento de la transparencia, que su vocación de opacidad ya le ha quitado una cuarta parte del presupuesto (24.7 por ciento).
Un atentado presupuestal contra el derecho de acceso a la información pública que comenzó desde el primer año de gobierno con una reducción del 9.86 por ciento de 2021 a 2022.
Los comisionados de la CEGAIP guardaron silencio ante esa reducción, que tendría que ser considerada como un primer atentado en contra de la transparencia, y al no reclamar exhibieron lo poco convencidos que están para defender el derecho de acceso a la información pública que tiene toda la población.
En los hechos, los comisionados encabezados por David Menchaca Zúñiga se allanaron a una posición cómoda en la que, para no perder sus privilegios, se ajustaron a un presupuesto de apenas el 38.7 por ciento de lo que aseguraron en su proyecto de presupuesto necesitaban para cumplir a cabalidad con sus funciones.
O no tenían ninguna convicción real para impulsar esos proyectos a favor de la transparencia que se realizarían con más del 60 por ciento de los recursos solicitados, o se trataba de propuestas pantalla sólo para obtener más recursos para simular y repartirse, como hicieron con el sobrante de los recursos que recibieron en 2021… o ambas cosas.
El hecho es que por segundo año consecutivo el gobierno de Gallardo Cardona le aplica una reducción al presupuesto de la CEGAIP, y los comisionados aparecen imposibilitados para alertar que con esa limitación presupuestal la población pierde posibilidades para ejercer adecuadamente su derecho de acceso a la información pública.
Una ineptitud que es producto de su nula convicción a favor de la transparencia que se traduce en una ignorancia vergonzante sobre sus alcances, pero –sobre todo– que los inhabilita para contar con el respaldo de quienes intentan ejercer su derecho de acceso a la información pública porque, como garantes, han resultado una nulidad.
¿Cuánta gente conoce la existencia de la CEGAIP y sabe para qué sirve? ¿Cuánta gente ha recurrido a ella? ¿A cuánta gente le ha garantizado efectivamente que se le respete el derecho de acceso a la información pública?
Si algo han logrado los comisionados confirmar año con año es que el presupuesto que se gastan, en su inmensa mayoría en sueldos, es dinero desperdiciado porque con sus actitudes se han convertido en un obstáculo para la transparencia y en cómplices de los opacos de tal manera que ponen el ejemplo de opacidad.
Gallardo Cardona encontró en los comisionados, a pesar de castigarlos presupuestalmente, los mejores aliados para ejercer el presupuesto con total opacidad. Y es que si el gobierno cada vez publica menos información a la que está legalmente obligado y cada vez responde menos a las solicitudes de información, la CEGAIP lo hace incluso peor.
Si se trata de información pública que debe difundirse de oficio, la CEGAIP encubre a todos los sujetos obligados al incumplir su obligación legal de verificación y vigilancia; y si se trata de dar respuesta a solicitudes de información, la CEGAIP pone el mal ejemplo al ocupar, entre 194 entes obligados, el tercer lugar entre los que más peticiones dejan sin responder.
Como uno de los principales exponentes de las prácticas de opacidad, el panorama que exhibe la propuesta de presupuesto presentada por la CEGAIP a la Secretaría de Finanzas en realidad da cuenta de un organismo integrado por personajes que ven los recursos que administran como un botín. Hasta fondos de la Unión Europea aplicaron mal y hoy tienen que reintegrarlos.
La mancuerna Gallardo Cardona-comisionados de la CEGAIP hoy ha llevado a convertir los obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en una auténtica barrera.
El mandatario reparte presupuestos como graciosas concesiones –cual si el erario le perteneciera– y sin ninguna intención real para favorecer el servicio público y las funciones y objetivos que deben cumplir instituciones como la CEGAIP y fomenta prácticas de opacidad con la certeza de que el organismo garante no lo obligará a cumplir con la Ley de Transparencia.
Los comisionados son incapaces de anteponer la defensa del derecho de acceso a la información pública, no sólo con el reclamo de más presupuesto, sino con el cumplimiento de sus obligaciones que para eso basta con convicción y voluntad y dejar de escudarse en limitaciones monetarias. Lo demuestran experiencias que con recursos muy escasos han aportado más a la transparencia.
