Por Victoriano Martínez
Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta el 4 de octubre de 2021 a 15 delegados distritales del DIF Estatal y 15 de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) para la entrega de ayudas sociales, y los convocó a trabajar con “hambre de triunfo”, sólo era cuestión de tiempo para conocer sus objetivos reales… y esos momentos ya se acumulan.
Cada día resulta más evidente que uno de los primeros usos de esa estructura empatada con las demarcaciones electorales es la de contar con una especie de plantilla de acompañamiento para vestir de popularidad los arranques e inauguraciones de obras, que ya en más de una ocasión se han confrontado con auténticos vecinos inconformes, por ejemplo, como ocurrió en San Miguelito.
Movilizaciones que muestran el uso clientelar de los programas sociales como incentivo incluso para concentraciones masivas como la del pasado 26 de junio, con el festejo del segundo aniversario del triunfo del PVEM por la gubernatura.
“Si me apoyan, ustedes serán los primeros en darles lo que a mí me den”, les dijo una operadora a beneficiarios de programas sociales en la colonia El Paseo. El apoyo consistía en asistir a la gran concentración verde ecologista en los terrenos de la Feria Nacional Potosina.
“Si ustedes me apoyan, vienen muchas que van a traer, van a regalar, pero siempre y cuando a las personas que veamos que realmente les interesa apoyar, como ahorita que vienen ventiladores”, ofreció. Por cierto, no se cacareó la entrega de ventiladores… ¿o no ocurrió?
El uso clientelar de los programas sociales fue escalando hacia metas electoreras, al grado de que resultaron evidentes los acarreos para apoyar a algunas de las corcholatas presidenciables, especialmente Claudia Sheinbaum, quien aquí y en Ciudad Valles se vio rodeada de gente que portaba playeras con el logo del Pollo.
La organización del plebiscito sobre la municipalización de Villa de Pozos anticipó el extremo al que es posible que se pretenda llevar la manipulación de la población a partir de la logística de entrega de los programas sociales, que va mucho más allá de un simple acarreo de votantes: utilizarlos para apoderarse de las mesas receptoras de opinión.
Apenas el pasado viernes los consejeros electorales hacían alarde, sin explicación, de haber logrado una muy buena respuesta a su convocatoria con la inscripción de 3 mil 161 personas para ser funcionarios en las 405 mesas receptoras de votación, hoy se revela que desde el 31 de agosto ya tenían noticia de una de las posibles razones.
A las tres de la tarde de ese día, la oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió la renuncia de uno de los capacitadores que incluye la denuncia de la intervención ilegal y manipulación del plebiscito por parte de funcionarios de la SEDESORE. El documento está dirigido a Paloma Blanco López, presidenta del organismo, con atención a los consejeros.
La denuncia consiste básicamente en que la SEDESORE usó su padrón de beneficiarios de los programas sociales para utilizar los datos de las credenciales de elector para registrar personas para ser funcionarios de mesas receptoras de opinión, incluso sin su consentimiento.
El capacitador que renunció expuso que de 18 personas que visitó para su labor capacitadora, 15 aceptaron haber sido inscritos por un operador político de la SEDESORE y dos más negaron haberse registrado y señalaron desconocer el proceso de plebiscito.
“No puedo ser omiso ante tales acontecimientos, no quiero ser cómplice ni verme involucrado en un acontecimiento de tanta trascendencia para el Estado de San Luis Potosí, como lo es el Plebiscito de Villa de Pozos, en el cual existen agentes externos que están inmiscuidos ilegalmente, manipulando a la población vulnerable”, expuso en su escrito de denuncia.
Lejos de considerar dar cauce a una investigación, los consejeros electorales optaron por esconder la denuncia y, peor aún, avalar la posible manipulación al hacer alarde de haber logrado una respuesta sin precedentes.
La denuncia resulta consistente con los antecedentes de manipulación clientelar de los padrones de beneficiarios de programas sociales, cuya estructura empataron con la electoral. Los alcances de esa injerencia en el plebiscito quebrantan los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad que debe garantizar el CEEPAC.
¿Qué valor puede tener un plebiscito que es manipulado por el aparato gubernamental que encabeza el principal promotor de la municipalización de Villa de Pozos? Una ofensa hasta para los propios habitantes de la Delegación que desean la municipalización.
Si el CEEPAC no toma medidas serias al respecto, simplemente confirmará la sumisión que ha mostrado con la humillación que toleró con el tema del presupuesto.
Dos precedentes graves deja un plebiscito en estas condiciones:
(1) La violación masiva al derecho de protección de datos personales de los beneficiarios de programas sociales, con la agravante de los casos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Dará alguna señal de existencia la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP)?
(2) Deja la puerta abierta para que la estructura de programas sociales paralela a la electoral sea la que opere las elecciones del próximo año. ¿Será esa la razón por la que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona habló de que les darán una madriza a sus contrincantes?
