Abelardo Medellín
El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, no ha llamado a las agrupaciones de abogados, lo cual impide que estas puedan hacer recomendaciones respecto a la próxima ratificación de magistrados en San Luis Potosí, dijo en entrevista José Enrique Hernández Narváez, presidente del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, A.C., quien habló de la necesidad que tiene el Poder Judicial de ser renovado y cómo el Ejecutivo no lo ha permitido.
De acuerdo con Hernández Narváez, el 18 de enero del 2020, en una plática con el gobernador se acordó que tanto el Poder Judicial como el Legislativo tendrían una mínima apertura para escuchar los posicionamientos y propuestas que pudieran hacer los abogados litigantes y asociaciones de trabajadores legales en temas como la ratificación de magistrados e incluso la elección del nuevo fiscal anticorrupción, sin embargo “hasta ahorita no hemos sido recibidos”.
Asimismo, recalcó que “el señor gobernador debe estar consiente que la ratificación de magistrados es un tema que generará debate y que no sólo debe haber apertura para los abogados litigantes y de asociaciones, sino también a ex trabajadores del Poder Judicial, ya que sabemos que hay temas delicados que van más allá del contexto normativo”.
El presidente del Colegio de Abogados aseguró que el Ejecutivo estatal, a cargo de Carreras López, ha actuado contrario a las formas, situación que puede provocar que la ratificación de magistrados se judicialice por no tomar en cuenta las propuestas de las diversas áreas.
Destacó, además, que los magistrados actuales han demostrado que tampoco saben trabajar de forma adecuada y esto en parte respalda la necesidad de un cambio profundo al interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE): “hay magistrados que jamás han bajado a platicar un con un juez, entonces no hay el ejercicio de acompañamiento, ha habido muchos cursos y preparación, pero, ¿hay verdaderamente una importancia y trascendencia en la sociedad? Eso sería lo que queremos retomar y esto es algo que el gobernador no ha visto”, sostuvo.
Señaló que los documentos que se le entregaron al Poder Ejecutivo para que tuviera una opinión fundada en su decisión de ratificación, fueron expedientes “manipulados, no le mandaron lo que tiene que ser, los documentos que comprenden todos los errores de los magistrados”.
Para Hernández Narváez, la exigencia se basa en que el gobernador dé apertura a los colegios de abogados para que puedan proponer nuevas estrategias y formas adecuadas, además de informarle que las asociaciones buscan ser “aliados en el proceso de transición de su mandato”; lo anterior, al comentar que, si no se sigue el debido proceso en materia de ratificación, “esto se podría judicializar y se presentarían amparos tras amparos, que quizá le toquen al otro gobierno atenderlos, pero van a manchar a Carreras López a su salida”.
Pese a la falta de apertura que ha tenido el Ejecutivo en temas judiciales, hizo énfasis en que es indispensable que se atienda la solicitud de los abogados y voces de la sociedad civil, porque lo primero que se solicita es que se modernice el STJE, para atender las necesidades mínimas de la actualidad.
“Un ejemplo, desde 1917, los juzgados comenzaron a utilizar un programa llamado SICE, que es el Sistema Informático Para El Control De Expedientes Electrónicos, este programa permite digitalizar los expedientes y ha dado buenos resultados ahora que cerraron el Poder Judicial […] ayuda a evitar aglomeraciones, sin embargo las salas de los magistrados no se han actualizado a la par de los juzgados”.
El presidente del Colegio de Abogados advirtió que este desfase de actualización entre juzgados y magistrados provoca que “el superior de los juzgados no esté actualizado”, lo cual evidencia la necesidad de una modernización que reclama “el momento histórico, porque ellos sólo cuentan con un obsoleto programa del 2005, sólo buscamos que se adapten”.
José Enrique Hernández señaló también que en la Huasteca potosina no se tiene acceso al sistema SICE y la razón que ha dado la autoridad ante esta carencia es que no se tienen recursos suficientes: “la huasteca no son personas de segunda, ni tampoco se vale que cuando quieren ‘castigar’ a un juez lo manden a la Huasteca, ¿si hizo algo mal acá, lo mandas a la Huasteca?”, cuestionó.
No sólo son los procesos los que deben renovarse, sino también los que integran las magistraturas, enfatizó, y aseveró que “puedes tener gente adulta que este dispuesta a aprender y manejar la tecnología, pero también encontramos gente vieja y que no sabe, que no se confundan”.
De igual forma, Enrique Hernández evidenció la falta de idoneidad de algunos de los perfiles que trabajan al interior del Poder Judicial más allá de los magistrados, pues “tenemos un coordinador de sala regional, aquí en los penales, en el centro penitenciario, en las salas de juicios orales… y es arquitecto […] no me puedo poner en los zapatos de alguien cuando no tengo la experiencia […] lo que necesitamos son personas que comprendan su trabajo”.
El otro gran problema que demanda atención de la autoridad estatal para mejorar los procesos al interior del Supremo Tribunal, añadió, es el de la falta de acuerdos generales en materia de protocolos: “los plenos del Supremo Tribunal del Consejo, dejaron que cada juzgado haga lo que quiera hacer para poder ingresar, no hay una regla general, debemos homogenizarlo”.
De igual forma, explicó que la petición de refrescar el Poder Judicial no se trata de negar la ratificación a todos lo que la han solicitado, sino “ratificar al que realmente se quiera actualizar, aquel que vemos que no se quiere actualizar porque le da flojera y lo único que quiere es jubilarse con un buen dinero, señor, pues váyase a su casa, ya no nos haga daño”.
El presidente del Colegio de Abogados opinó que aquellos perfiles “malos” que no “dieron el ancho como magistrados” y que se les niegue la ratificación, “no se van a ir mal, les van a dar un año de liquidación […] se equivocó el anterior gobernador y punto, ¿pero para qué quiere el anterior gobernador dejándonos personas que no quieren actualizarse?”.
Sobre el caso del magistrado Juan Paulo Almazán Cué, quien ha sido señalado de nepotismo, negligencia y abuso, José Hernández Narváez comentó que ratificarlo al interior del STJE “retrasaría y sería una carga para los magistrados”, y apuntó que si hay perfiles que el Congreso del Estado niegue a ratificar, “como asociaciones estamos listos para que haya apertura y nos permiten proponerte tres, cuatro o cinco, dependiendo a los no ratificados, y tengamos a la gente idónea que no le hará daño a San Luis Potosí”.
A pesar de no atreverse a opinar si es que Carreras López tiene motivos políticos detrás de las omisiones en el proceso de ratificación de magistrados, comentó que “el señor gobernador no se ha dado el tiempo de tener un diálogo con las asociaciones”.
El presidente del Colegio de abogados, concluyó al valorar que quizá las omisiones del Ejecutivo en estos temas se deben a que hay un grupo de sus trabajadores que no le han permitido analizar de fondo lo que ocurre en este proceso para renovar a magistrados: “lo están engañando, su gente, al hacerlo pensar que no pasa nada, que todo está en orden, cuando no es así”.
