Estela Ambriz Delgado
El próximo domingo 16 de febrero se llevará a cabo una asamblea en el ejido La Pila, convocada por el Consejo de Vigilancia, en la que se plantea la remoción del secretario, el tesorero propietario y la tesorera suplente del Comisariado Ejidal, debido a que estos se niegan a firmar un acuerdo en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para que se les reconozcan y doten de sus parcelas históricas a los ejidatarios, pero existe temor de que dicha asamblea sea obstaculizada.
Ante la negativa del secretario Leonsio Zárate López, el tesorero Abraham Jasso Rosas, y su suplente María Carmela López Alvarado, de firmar el acuerdo para llevar a cabo el reconocimiento, a solicitud de un 20 por ciento de ejidatarios se pidió que se les removiera de su cargo por negarse a cumplir con sus obligaciones, en cuyo caso la ley faculta al Consejo de Vigilancia para convocar la asamblea.
Entre los principales opositores de que se lleve a cabo este reconocimiento se encuentra Armando Cuauhtémoc Zárate Arvizu, quien se apropió de las parcelas dejándolas fuera de un proceso de certificación en 2018, para posteriormente venderlas, por lo que inclusive se manifestó el pasado jueves 13 de febrero en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario para pedir que no se realice la asamblea del domingo.
De lograr llevar a cabo la asamblea y aprobar la remoción podrían continuar con el trámite ante el TUA, a fin de que se les reconozca la posesión de dichas parcelas y se les ratifique la superficie entregada por autorización de asamblea de 2001 al 2013, luego de que estas se dejaran fuera en la certificación realizada en 2018 y que aún se encuentra en juicio, por lo que existe la posibilidad de que el aspirante al comisariado Zárate Arvizu intente “reventarla”.
Los antecedentes y la participación del tesorero
De acuerdo con un convenio obtenido por los ejidatarios afectados de las tierras de las que se apoderó Armando Zárate, de las cuales había promovido su renta a desarrolladores industriales en 2016, vendió cuando menos 51.48 hectáreas a Juan Carlos Payán Hernández el 16 de noviembre de 2021, con la aprobación del ahora tesorero Abraham Jasso Rosas, que en ese momento se ostentaba como integrante del comisariado ejidal.
El convenio de cesión de derechos parcelarios a título oneroso, respecto de la parcela número 886 Z-1 P-1 del ejido La Pila, con una superficie de 51-48-88.239 hectáreas, con certificado 000001053599, establece en los antecedentes que Armando Zárate entregó el aviso correspondiente el 1 de octubre de 2021 a quienes en ese momento integraban el Comisariado Ejidal, haciendo de su conocimiento como órgano representativo de la asamblea general de ejidatarios, su deseo de ceder a título oneroso.
Al revisar la inscripción de la venta de la parcela 886 ZI PI, encontraron que Jasso Rosas firmó el 1 de octubre de 2021 a nombre del ejido el aviso respecto a la cesión y que además simuló haber pegado el aviso en el salón ejidal, aunque esta persona fue electa hasta marzo de 2022, pues hubo una doble representación del ejido, por lo que el tribunal decretó que él y los otros integrantes de su planilla no tenían personalidad en ese momento.
Sin embargo, el tesorero se constituyó como parte interesada en la compraventa hecha el 16 de noviembre de 2021 y además asumió ser representante del ejido, por lo que incurrió en usurpación de funciones para avalar el derecho de tanto, y poder formalizar la cesión por la que extraoficialmente se conoce recibieron alrededor de 50 millones de pesos.
La situación es aún más grave dado que funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) como el jefe del Área de Control Documental, Alejandro Ortiz López, avalaron la inscripción de la venta aún a sabiendas de la irregularidad.
Se acumulan las denuncias y se amplían
Debido a estos hechos, Zárate Arvizu y Jasso Rosas enfrentan ya diversas denuncias de los afectados como las interpuestas por Mariano Rivera Torres y su hermano Jorge Rivera Torres, así como Paula Cuestas Gutiérrez, quien amplió su demanda a Payán Hernández para reclamarle la nulidad del contrato.
Asimismo, Paula Cuestas involucra al tesorero Abraham Jasso como uno de los instrumentadores de ese compromiso irregular, pero también ya plantea mandar al notario público que avaló este contrato, y a Ricardo del Blanco Dent, con quien se hizo el primer arrendamiento de las tierras.
En cuanto a los expedientes 614/2024, 615/2024 y 616/2025 promovidos por los hermanos Rivera Torres y otros ejidatarios, será llamado a cuentas el aún tesorero y funcionarios del RAN que fueron omisos ante las diversas irregularidades.
Al respecto, Mariano Rivera cuestionó cómo, a pesar de que en el contrato que firmaron decía que había una novación, el RAN avaló indebidamente la compraventa, además de que permitió un contrato de ocupación de la tierra.
“¿Pues no se supone que ya estaba repartida la tierra desde el 2018? El RAN debió haber revisado ese contrato de la ocupación de la tierra y preguntarnos a los 30 ejidatarios”.
