Por Victoriano Martínez
La defensa del territorio en el Ejido El Peyote, en el municipio de Guadalcázar, comenzó por la vía jurídica. David Pecina Márquez, ejidatario que cuenta con una parcela de 21.55 hectáreas solicitó el pasado 1 de abril un juicio de amparo contra la posibilidad de ser despojado de parte de su propiedad.
Una defensa del territorio que tiene que ver con el intento de expropiación por parte del Gobierno del Estado de superficies ejidales para destinarlas a la construcción del último tramo de 118 kilómetros de la carretera de cuota San Luis Potosí-Matehuala, que concesionó a Grupo Valoran.
El título de concesión fue aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 20 de diciembre. Desde entonces, la concesionaria ha comenzado a trabajar en la obtención de los terrenos necesarios para el trazo de la autopista, entre los que se encuentra el cruce a través del Ejido El Peyote.
Pecina Márquez fue enterado por vecinos de que el 28 de Marzo de que un grupo de personas se trasladaron a su parcela, misma que se encuentra en su posesión. Le comentaron que se trataba de una visita preparatoria para la ocupación de parte de su parcela, a la que volverían el 5 de abril.
El hecho lo alertó y decidió iniciar el juicio de amparo, que se tramita con el expediente 535/2025 en el Juzgado Octavo de Distrito.
“Se concede la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar cualquier acto tendente a realizar el despojo al quejoso en relación a la parcela identificada mediante título de propiedad número 000000208229, con una superficie de 21-55- 71.88 (veintiún hectáreas, cincuenta y cinco áreas, setenta y un punto) ubicada en el ejido “El Peyote”, en el municipio de Guadalcázar”, acordó el Juez el pasado 8 de abril.
Se trata del primero de los ejidatarios que considera amenazada su propiedad, pero no el único. Cuando menos otros diez ejidatarios se organizan para promover sus propios amparos, sea de manera individual o en grupo, ante la posibilidad de que pretendan ocupar sus tierras sin cumplir debidamente con las formalidades legales.
La reacción de los ejidatarios se ha extendido tras la asamblea que se realizó el sábado 5 de abril, en la que los representantes de la empresa concesionaria de la carretera no pudieron exponer la documentación sobre autorizaciones como la Manifestación de Impacto Ambiental, ni siquiera los avalúos de los terrenos para ofertar una propuesta de indemnización.
Pecina Márquez, en su escrito de demanda de juicio de amparo, señaló que por no tomarlo en cuenta en las maniobras para la presunta ocupación de parte de su terreno “se desconoce el derecho de posesión del predio de propiedad ejidal que en los hechos es una privación de propiedad y posesión, es que solicito el amparo y protección de la justicia federal”.
La audiencia incidental en la que se definirá si procede que la suspensión provisional sea definitiva se realizará el próximo 15 de mayo.
El amparo promovido por Pecina Márquez y los que seguramente se acumularán en los próximos días por parte de otros ejidatarios de El Peyote no se refiere a la construcción de la autopista, sino al acto específico y particular del despojo de la propiedad ejidal, lo que se replica en todos los ejidos por los que pasa el trazo de los 118 kilómetros de la carretera.
El caso ha llamado la atención de ejidatarios de San Lorenzo, Peotillos y La Tapona, quienes también se encuentran en negociaciones con los representantes de la concesionaria porque la carretera también cruzará por su territorio.
La primera acción jurídica de defensa del territorio ya se manifestó con uno de los ejidatarios de El Peyote, en los próximos días otros más le seguirán los pasos, en una reacción que amenaza con extenderse a otros ejidos. ¿Hasta dónde llegará?
