Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios de La Pila y sus anexos denunciaron ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el posible uso de recursos de procedencia ilícita en el caso de ocupación de tierras por la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V. (Meta), para la ampliación del Libramiento Oriente.
Un grupo de ejidatarios encabezados por Ma. del Carmen Gómez Silva, solicitaron a Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, se investiguen la configuración de posibles delitos relacionados con actos de corrupción de funcionarios públicos federales con la intervención de grupos económicos y políticos, mediante el uso de recursos de procedencia ilícita para operaciones delictivas.
En el documento señalan que desde el 24 de abril de 2022 presentaron una denuncia por hechos ilegales de parte de funcionarios y la empresa Meta, por lo que desde entonces fueron removidos funcionarios de la representación estatal de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito.
Sin embargo, los empresarios persisten en sus acciones, presumiblemente con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Asimismo, los ejidatarios puntualizan que pese a que no cuenta con el visto bueno de la Procuraduría Agraria, ni la SICT ha avalado la afectación relativa a la construcción de la vialidad, la empresa ha realizado la entrega de sumas millonarias con recursos de procedencia desconocida, y advierten de una nueva convocatoria a asamblea, en la que el comisariado pretenden aprobar un convenio de indemnización con META.
En el punto seis del orden del día de dicha convocatoria se indica lo siguiente:
“Presentación, lectura, análisis y en su caso aprobación del convenio para la indemnización del excedente de tierras ejidales que fue afectado por los trabajos de modernización del entronque La Pila carretera 57, entronque con el libramiento oriente de San Luis Potosí, así como la autorización a los integrantes del comisariado ejidal de firmar el convenio de referencia con la concesionaria …”.
En este sentido, los ejidatarios piden a la UIF se investiguen los hechos y presentaron como indicio las acciones realizadas mediante el depósito bancario a la cuenta Ejido La Pila y sus anexos Banco Actinver S.A., sucursal San Luis Potosí, respecto a la cantidad de 39 millones 349 mil 254 pesos, así como los depósitos generados a esta cuenta y/o cualquiera que pertenezca a cualquiera de los integrantes del Comisariado Ejidal.
“Consideramos que existe la posibilidad de que al nos ser recursos definidos y avalados por la autoridad respecto a un convenio de ocupación previa válido jurídicamente, su origen es discutible y se pudiera encontrar una hipótesis de origen fiscal irregular e ilegal (…) además de que dichos actos pudieran estar siendo permitidos por funcionarios de la SICT, que conoce del tema sin intervenir para investigar y actuar al respecto”.
