Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios de La Pila y asesores legales acudieron este 14 de junio a las oficinas centrales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en la Ciudad de México, para presentar una denuncia en contra del representante del Centro SICT San Luis Potosí y/o quien resulte responsable, por el uso indebido de la función pública en un acuerdo y negociación con la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V.
Además, pidieron a la Procuraduría Agraria Nacional les informe si ha recibido por parte de la SICT, el ejido La Pila, o de lo empresa META, alguna solicitud para emitir acuerdo, revisión o determinación respecto a la suscripción del convenio de ocupación previa en el ejido La Pila y sus anexos, además de que si se ha solicitado la inscripción del mismo en el Registro Agrario Nacional (RAN), a lo que el titular Luis Hernández Palacios Mirón les respondió que no se ha pedido la opinión necesaria.
La denuncia presentada ante el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, órgano de control interno de la SICT, se centra concretamente en cinco puntos entre los que señalan el uso indebido de la función pública, dado que el director general del Centro SICT San Luis Potosí, David Pablo Sánchez Solís, conoce la información solicitada por Tomás Rivera López respecto al expediente de la compra ilegal de terrenos en La Pila para la ampliación del Libramiento Oriente, dado que se entrevistó con la empresa META para tratar el tema.
Además de las violaciones a la normatividad en materia de ocupación previa, pues denunciaron que el funcionario sabe de dicho acuerdo sin existir la revisión del mismo por parte de la Procuraduría Agraria, en los términos establecidos en el artículo 58 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que establece que en la suscripción del convenio de ocupación previa deberá intervenir la Procuraduría, quien solicitará la inscripción del mismo al RAN.
Los ejidatarios también denunciaron el uso indebido de título concesionario por parte de la empresa involucrada y funcionarios de la SICT, pues se han soslayado actos de simulación para lograr acuerdos extralegales con la conformidad del Centro en San Luis Potosí.
Asimismo ,el uso de recursos de procedencia desconocida para el pago de 38 millones de pesos por la ocupación previa en 30 hectáreas del ejido La Pila enunciado en la asamblea del 18 de diciembre de 2022 y con un posible fin ilícito, esto avalado por las autoridades denunciadas, y falsedad de declaraciones por parte de estas.
“Como se puede establecer del contenido de los oficios 6.23.413.0243/2023, 6.23.413.0249/2023, y 6.23.413.0342/2023, se aduce que quien conoce del tema y es su responsabilidad es la Dirección General de Desarrollo Carretero. Sin embargo, en la respuesta a una solicitud de información de fecha 9 de febrero del 2023 No. 330025523000187 emitida por la Directora Jurídica de Infraestructura Carretera, maestra María del Carmen Lara Jiménez, de forma expresa establece que la Dirección General de Desarrollo Carretero Unidad Adscrita a la Subsecretaria de Infraestructura no localizo información alguna sobre el tema”.
De la misma forma, se señala la falsedad de declaraciones en torno a lo establecido en el oficio del 15 de febrero de 2023 respecto al acta circunstanciada de búsqueda en los Archivos de la Dirección de Liberación del Derecho de Vía de la Dirección General de Desarrollo Carretero, firmado por la directora de Liberación de Derecho de Vía, la directora de Seguimiento de Títulos de Concesión y la subdirectora de Supervisión de Fideicomisos.
La ejidataria y ejidatarios firmantes de la denuncia, Ma. del Carmen Gómez Silva, representante común, Vitaliano Martínez Zárate, Ubaldo Hernández Gutiérrez, y Roberto Rivera Castillo, reiteraron que las autoridades denunciadas estuvieron enteradas y convalidaron los hechos, y señalaron que el dinero fue repartido a conveniencia pese a que la Procuraduría Agraria no validó ningún contrato.
“La Procuraduría Agraria no validó ningún contrato y, sin embargo, el dinero fue repartido a conveniencia del cacicazgo ejidal y de la empresa concesionaria. Así de directo y sencillo, pues además no era posible un convenio previo pues al efecto existen medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 568/2022 para prohibir la suscripción de acuerdos y convenios, sin previa revisión”.
Los ejidatarios inconformes también consideraron estos hechos como acciones maquinadas para intentar doblegar nuevamente al ejido, sometiéndoles al yugo del cacicazgo del presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, J. Guadalupe Martínez Rivera.
