Por Victoriano Martínez
El segundo intento empresarial por apropiarse de mil 888.99 hectáreas del Ejido La Pila para la construcción de un parque industrial al tratar de realizar una asamblea ejidal en la que se pretendía otorgar dominio pleno a los empresarios fracasó este domingo, con tal efecto, que se abre la posibilidad de que también pierdan a sus principales cómplices entre las autoridades agrarias.
Con el antecedente de haber sido citada la asamblea para el 6 de mayo, la segunda convocatoria para este domingo no pudo concretarse por la suspensión decretada en los amparos con los expedientes 549/2022 y 557/2022, en el Juzgado Tercero de Distrito, promovidos por el grupo de ejidatarios que se oponen a lo que consideran un despojo de sus tierras.
Como parte de los trámites en esos amparos, se presentó un incidente de violación atribuida a Ernesto Rendón Aguilar, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, a quien señalaron de haberse confabulado con los empresarios para facilitar la formalización del dominio pleno a favor de éstos.
La queja contra Rendón Aguilar fue presentada ante Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, a quien los ejidatarios le expusieron de manera detallada las irregularidades en las que incurrió el representante de esa dependencia en el Estado.
Señalaron que Rendón Aguilar, apoyado por el magistrado Agrario Rodolfo Lara Orozco, han tratado de hacer creer que todos los ejidatarios quieren vender sus tierras a los empresarios, lo que el 6 de mayo los desmintió la incapacidad para lograr el quórum calificado para la asamblea y, ahora, este domingo se confirmó el rechazo.
Además de la oposición de los ejidatarios a ser despojados de sus tierras, la trascendencia de respetar la vocación de las mil 888.99 hectáreas que pretenden desincorporar del ejido para destinarlas a uso industrial se refleja en diversas razones que tienen que ver con la preservación ecológica y hasta la seguridad de sus habitantes.
En primer lugar, se trata de una superficie considerada para preservación y desarrollo sustentable dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 7 de septiembre de 2012, lo que significa que no puede modificarse su uso de suelo.
Por la magnitud de la pretendida industrialización que se pretende en esa superficie, no soportaría un estudio de impacto hídrico por la grave afectación al acuífero y a las redes de distribución del agua en todo el Valle de San Luis Potosí, cuyo abasto del líquido a sus habitantes ya de por sí presenta serios déficits. Un riesgo para toda la ciudad.
Un riesgo ya latente lo representan las gigantescas esferas de Gas LP instaladas por la empresa Termicentro, propiedad de José Vicente Soriano García, en 40 hectáreas de las que ya se apropió. En sus propios Mecanismos de Atención Inmediata de Emergencias, la empresa contempla cinco niveles de riesgos.
En el quinto contempla que “se afecta la integridad física y patrimonio de una población mayor de 100 habitantes y/o el área comprendida en un radio mayor a 300 mts., alrededor de la instalación, se afecta seriamente a varios trabajadores de la instalación, algunos de ellos mortalmente”.
El conflicto resulta grave porque ya hay empresas instaladas en parte del territorio que pretenden desincorporar como efecto de la asamblea ejidal de delimitación, asignación y destino de tierras del 18 de Noviembre del 2018 que, de acuerdo con los ejidatarios inconformes, “se tambalea y terminará cayendo, pues fue un acto impositivo, ilegal y autoritario”.
Una situación que pone en entredicho la seguridad jurídica de la propiedad en la que se encuentran instaladas empresas como General Motors, Loreal, Continental Tires, Moore, la propia Termicentro y las instaladas en el Parque Logístico. Los ejidatarios mencionan un mínimo de 43 empresas.
El 6 y el 22 de mayo se realizaron intentos de asamblea para tratar de regularizar esas propiedades. El combate a las irregularidades en las que ha incurrido el comisariado ejidal al servicio de los empresarios y con el aval de la representación local de las autoridades agrarias ha logrado impedir hasta ahora esa consumación.
Hoy, tras esos dos intentos, los juicios de amparo y la denuncia a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria Nacional colocan a un paso de la destitución a Rendón Aguilar y Lara Orozco, los representantes locales de las autoridades agrarias confabulados con los empresarios.
Hasta ahora una victoria de los ejidatarios en la defensa de su territorio, pero también una buena noticia para la preservación ecológica de esa zona, que representa la liberación de varios riesgos para la ciudad.
