Por Victoriano Martínez
En septiembre de 2022, Juan Rodolfo Lara Orozco fue removido como magistrado de Tribunal Unitario Agrario (TUA) en el Estado, luego de que ejidatarios de La Pila denunciaran irregularidades para favorecer la desincorporación de mil 1888 hectáreas de sus tierras para grupos económicos que aún pretenden la construcción de un parque industrial.
Hoy, su sucesora, Ma. de la Luz Rodríguez Mendoza, podría encontrarse en la misma ruta que Lara Orozco: el Tribunal Superior Agrario abrió una investigación en su contra y su secretario de acuerdos por presuntos tratos con grupos empresariales para promover que se les favorezca en la resolución de un amparo.
Se trata de un juicio relacionado con una asamblea del Ejido La Pila en la que se pretendió otorgar dominio pleno a una larga lista de empresarios como paso previo a la desincorporación de las mil 888 hectáreas.
El juicio de amparo directo en contra de la resolución del TUA se encuentra en un Tribunal Colegiado y cuenta con una medida cautelar que prohíbe fraccionar, vender o poder otorgar dominio pleno a avecindados, lo que podría perjudicar a los empresarios que compraron derechos.
Entre la lista de empresarios que podrían resultar afectados aparecen los apellidos Torres Corzo, Valladares, Lorca, Del Valle, Tobías y muchos más, a quienes la resolución del Colegiado los podría dejar sin los derechos que compraron.
Se trata de una situación en la que representantes de esos grupos empresariales se han movilizado para promover que la resolución los favorezca, y es en esta circunstancia en la que los ejidatarios, pero también funcionarios del Tribunal Superior Agrario, han tenido noticias sobre reuniones de la magistrada Rodríguez Mendoza con algunos empresarios.
Aunque el asunto ya no se encuentra en la jurisdicción de la magistrada del TUA local, sino en el Tribunal Colegiado, los ejidatarios tienen noticia de que el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario y el del Tribunal Colegiado han tenido acuerdos sobre el tema, además tratos con representantes del grupo Valoran.
El pasado 10 de abril, un grupo de ejidatarios estuvieron en las oficinas centrales del Tribunal Superior Agrario (TSA) para solicitar que se impidiera una asamblea en la que finalmente de manera ilegal les retiraron sus derechos agrarios. En ese encuentro, personal del TSA pidió a varios de los asistentes información relacionada con el comportamiento del TUA en el Estado.
La semana pasada, en una audiencia de un juicio agrario promovido por uno de los ejidatarios compareció el comisariado ejidal Guadalupe Martínez Rivera. “Y se le salió decirle a la magistrada lo siguiente; magistrada no se le olvide que usted se comprometió a ayudarnos a que el Colegiado nos resuelva a favor, le encargamos”, aseguró el otro compareciente.
La investigación abierta por el Tribunal Superior Agrario y los indicios que recaban ejidatarios que se han opuesto a la desincorporación de sus tierras dejan ver que los embates desde los intereses empresariales para despojar de parte de su territorio al Ejido La Pila no han cesado y, a dos años del amparo sobre el dominio pleno, la batalla será más intensa.
Una batalla que hace dos años provocó que se removiera a Lara Orozco como magistrado del TUA local y que hoy hace que vuelva a aparecer la sospecha de tratos indebidos entre las autoridades agrarias y los empresarios que pretenden apropiarse de tierras ejidales para construir un gran parque industrial.
