Por Victoriano Martínez
El 16 de mayo de 2022, un grupo de ejidatarios del Ejido La Pila acudió a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria Nacional para entregar un escrito en el que pidieron frenar una asamblea convocada para seis días después en la que se pretendió consumar el despojo de mil 888 hectáreas para un desarrollo industrial. Ahora vuelven a la Ciudad de México.
Se trata de un capítulo más de esa historia en la que grupos empresariales, que llegaron como avecindados al Ejido, buscan despojar de sus tierras a los ejidatarios.
En esta ocasión acudirán a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT) y al Tribunal Superior Agrario (TSA), porque el embate empresarial ha generado un clima de tensión y alto riesgo.
Hace casi dos años lo que buscaban era impedir una asamblea en la que los empresarios-ejidatarios pretendían que se les diera dominio pleno sobre una superficie de mil 888.99 hectáreas para construir un parque logístico junto a la actual zona industrial.
La asamblea se realizó sin que la Procuraduría Agraria autorizara la presencia de un funcionario de esa dependencia para validarla. A pesar de eso, acudió un representante de la dependencia que después se dijo amenazado y que al final fue despedido.
Por la vía de un juicio agrario que aún se encuentra en litigio, los ejidatarios impidieron que se consumara el despojo. Aquella movilización provocó que se removiera al representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, Ernesto Rendón Aguilar, y se reubicara al magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Juan Rodolfo Lara Orozco.
Desde entonces se declararon alerta para la defensa de su territorio porque las acciones de los empresarios-ejidatarios se mantenían latentes.
Para el 18 de diciembre de 2022, otra asamblea con diversas irregularidades, marcó otro embate empresarial, esta vez para expropiar 30.26 hectáreas para la construcción de un tramo de un libramiento que cruza el Ejido por parte del grupo empresarial Mexicana de Técnicos en Autopistas (META).
Se fijó una indemnización de 39 millones 349 mil 254 pesos, a razón de 130 pesos por metro cuadrado por el derecho de vía. Una vez más los inconformes frenaron la maniobra por la vía de juicios agrarios y de amparo, además de denunciar actos de corrupción por parte de funcionarios de la SICT.
El estado de alerta de los ejidatarios se mantuvo ante la confabulación de las autoridades ejidales con los grupos empresariales. Hoy la amenaza ya no es que los vayan a despojar de gran parte de sus tierras, sino que ahora pretenden dejarlos sin sus derechos ejidales y, en consecuencia, quitarles su condición de ejidatarios.
Como en mayo de 2022, los ejidatarios acuden nuevamente a autoridades federales para enfrentar las estrategias y maniobras de los empresarios-ejidatarios para despojarlos de sus tierras, en esta ocasión ante la SICT por la confabulación indebida de funcionarios de la dependencia con los empresarios del grupo META.
También presentarán la denuncia directamente ante el Tribunal Superior Agrario ante las pretensiones de quitarles sus derechos agrarios y su condición de ejidatarios, a pesar de que existe una circular de la Procuraduría Agraria que se lo prohíbe a las asambleas ejidales.
Una pretensión de eliminarlos como ejidatarios que está precedida por una serie de amenazas directas a varios de los ejidatarios para que se deslinden del movimiento de defensa de su territorio, que incluyen advertencias sobre actos de violencia que han generado un clima de tensión en el Ejido.
“Es una situación de alerta roja, y nosotros consideramos que la mejor manera de prevenir algo es hacerlo público, obviamente hacemos responsables a los empresarios del grupo META y a la gente relacionada con los grupos empresariales”, dijo Carlos Covarrubias Rendón, activista de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, al solidarizarse y dar su apoyo a los ejidatarios de La Pila.
Tras declararse en alerta roja, los ejidatarios comenzaron a dar algunos nombres de empresarios-ejidatarios a quienes responsabilizan de las represalias, sean físicas o de atentados contra sus derechos ejidales.
Si en mayo de 2022, los ejidatarios inconformes buscaban impedir una asamblea ejidal en segunda convocatoria para que no se consumara el despojo de mil 888.99 hectáreas, hoy nuevamente tratan de impedir una asamblea ejidal en segunda convocatoria, aunque ahora es para evitar que los expulsen ilegalmente del Ejido.
