Por Victoriano Martínez
El Ejido La Pila continúa bajo los embates de empresarios inmobiliarios para convertir su territorio en un gran desarrollo industrial, sin importar si se pasa por encima de los derechos ejidales, lo que mantiene en alerta a un grupo de ejidatarios que una vez más inician acciones para impedir perder parte de sus tierras de uso común.
En esta ocasión, ante la realización de asambleas simuladas –sin la difusión obligada de sus convocatorias ni el quórum requerido– para desincorporar 30.26 hectáreas para un libramiento, los inconformes lograron que el Juzgado Primero de Distrito decretara una suspensión de plano contra los acuerdos de esas reuniones.
Dos asambleas con las que se abrió un proceso de presunta expropiación de parte de las áreas de uso común, al extremo de autorizar al Comisariado para la firma de un contrato para entregar los terrenos requeridos por el libramiento a cambio de 39 millones 349 mil 254 pesos como presunta indemnización.
Una serie de maniobras que dejaron en su trayecto una serie de errores, como no cumplir con los requisitos y procedimientos para una expropiación que debieron promover o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal o la estatal, o iniciar el procedimiento para cambio de destino y/o aparcelamiento y adquisición de dominio pleno para poderlas vender.
A pesar del incumplimiento de cualquiera de esas alternativas, el pasado domingo se acordó el pago a los ejidatarios de 60 mil pesos como la parte proporcional que les corresponde a cada uno, sin que se supiera el origen de los recursos. El pago se ha dado toda esta semana desde una cuenta a nombre del propio Ejido La Pila.
La suspensión de plano ordena mantener “el estado que actualmente guardan; es decir, las responsables se abstengan de ejecutar cualquier determinación que conlleve la privación total o parcial en forma temporal o definitiva, del disfrute de los derechos agrarios”.
Esa circunstancia obligó a que los integrantes del comisariado ejidal de La Pila sostuvieran una reunión con los empresarios interesados en obtener los derechos sobre las 30.26 hectáreas con las que –suponen los ejidatarios inconformes– pretenden negociar con el gobierno federal o el estatal la concesión del libramiento.
Se trata de maniobras que sólo se pueden concebir con la conjunción de actos de corrupción en los que se encuentran involucradas las autoridades ejidales, funcionarios federales y/o estatales de las SCT, con intercambio de información privilegiada o, incluso, tráfico de influencias.
¿Cómo se enteró la empresa del proyecto del nuevo libramiento y cómo adquiere los derechos de la superficie involucrada con datos tan precisos? Ese es uno de los principales cuestionamientos que se hacen los ejidatarios inconformes.
A raíz de las situaciones irregulares que han detectado y la información obtenida de la Procuraduría Agraria Nacional, los inconformes han elaborado una serie de informes que describen el nuevo embate sobre su territorio.
“Los ejidatarios en resistencia de la Pila han recopilado toda la información posible, remitiéndola a instancias jurisdiccionales, así como a la Procuraduría Agraria Nacional, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a personas que quizás ya hayan informado al presidente Andrés Manuel López Obrador”, reportaron en uno de tantos escritos enviados a instancias federales.
Este nuevo embate contra la integridad del territorio del Ejido La Pila ha llegado al punto de que esta semana se comenzó con el pago de una presunta indemnización por las 30.26 hectáreas para el libramiento.
El domingo se anunció a los ejidatarios que les pagarían a 40 diarios 60 mil pesos, lo que representa que hasta este jueves ya le habrían pagado a 160, lo que sumaría pagos por 9 millones 600 mil pesos de los 39 millones 349 mil 254 pesos que se informó el pasado domingo.
Los pagos ya realizados y los que se hagan si continúan el procedimiento representan un riesgo de pérdida para quien haya aportado el fondo (SCT estatal, SCT federal o empresa que pretende la concesión). La escasa claridad sobre el origen de esos recursos los coloca bajo sospecha sobre su procedencia y abre necesariamente un proceso de fiscalización.
Al ser emitidos los cheques desde una cuenta a nombre del Ejido, es de suponer que se le transfirió el pago total al comisariado. Quien reciba o ya recibió sus 60 mil pesos no tendría obligación de devolverlos, dado que en todo caso sería el Comisariado quien tendría que cumplirle a las autoridades involucradas o a la empresa, si el trato fue directo con ella.
Al ser el proyecto de libramiento parte del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2020-2050 (PEOTDU), la instancia con mayor obligación de aclarar la existencia o no de una intención y procedimiento de expropiación es la SCT estatal.
Por esa razón, este jueves los ejidatarios en resistencia en La Pila iniciaron una campaña en redes sociales para exigir que Leonel Serrato, titular de esa dependencia, no los traicione e informe la situación concreta sobre el libramiento.
Un embate más contra la integridad del Ejido La Pila, una reacción rápida de los ejidatarios en resistencia que ya cuenta con una suspensión de plano. Una clara señal de que el movimiento de defensa del territorio, como suelen advertir en sus frecuentes reuniones, no duerme.
