María Ruiz
El aborto ilegal en México, ha sido practicado en condiciones inseguras para las mujeres durante mucho tiempo.
Las desigualdades sociales, la criminalización de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo y las condiciones de violencia estructural que rodean a las maternidades obligadas y no deseadas, son algunos de los tantos problemas que envuelven al también llamado aborto clandestino.
Pero, ¿qué dicen las leyes del estado de San Luis Potosí sobre la interrupción de un embarazo? El artículo 148 del Código Penal describe: Comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.
Por lo que abortar es considerado una acción infraccional, que hoy en día se sanciona en contextos que reflejan violaciones constantes a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Además, contribuyen a la muerte de cientos de mujeres adultas, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la salud reproductiva, a la anticoncepción y al derecho mismo de decidir si maternar o no.
La fracción I del mismo artículo señala: A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días valor de la unidad de medida y actualización.
Mientras que la fracción II menciona que habrá una pena de uno a tres años de prisión y una sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización para quien lo realice con el consentimiento de la mujer embarazada.
Asimismo, a quien lo realice sin el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización, como lo establece la fracción III.
Y al profesional de la medicina o partera que intervenga en dicha interrupción, además de la pena integrada en la fracción anterior, será suspendido hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión.
A través de la información dispuesta por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de la consulta de incidencia delictiva, se pudo constatar que durante el año 2021 se registraron un total de nueve casos por el delito de aborto.
Un caso se cometió en el mes de febrero, dos en abril, dos en mayo, y uno en julio, octubre, noviembre y diciembre. De los cuales, hasta el mes de septiembre de se año –según la información dispuesta por la Fiscalía General del Estado (FGE)– existían seis carpetas de investigación abiertas.
Lo que exhibe que, desde hace mucho tiempo, las mujeres se enfrentan a una legislación coercitiva en materia de salud reproductiva y a una falta de accesibilidad a su derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.
Aborto sí, aborto no, ¿eso lo decido yo?
La abogada y consultora con enfoque de derechos humanos, perspectiva de juventudes y género, Fátima Patricia Hernández Alvizo, mencionó que, en el estado de San Luis Potosí, existe un delito penal que sanciona el aborto, exceptuando tres condiciones particulares.
“Estas condiciones o causales tienen que ver con una acción culposa hacia la mujer embarazada, que haya sido víctima de una violación y la tercera que la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista. En otras entidades federativas se sanciona el aborto después de realizarlo en la doceava semana de gestación”, explicó.
Asimismo, remarcó que las causales anteriormente mencionadas, excluyen a las mujeres en situación de pobreza extrema moderada y a todas las mujeres potosinas que, desde su contexto y trayectoria de vida, deciden voluntariamente no continuar con un embarazo.
“Estas causales sitúan condiciones externas que poco tienen que ver con la voluntad de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo”.
No obstante, en el estado no ha sido posible impulsar la legalización de la práctica del aborto sin condicionantes, ya que cada vez que se ha postulado la iniciativa en el Congreso del Estado, ha sido rechazada.
“Hay una presión considerable de la religión católica en nuestro estado, la cual representa una fuerza política amplia. Además de ello existe una profunda misoginia de parte de las autoridades al rededor de la autonomía reproductiva situación que no ha permitido que se culmine la ILE (Interrupción Legal de Embarazo)”.
Fátima Alvizo detalló que, en San Luis Potosí se habla específicamente de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), puesto que no se quiere dejar de sancionar el aborto, ya que existen casos en los que se obliga a la madre a interrumpirlo y esto se considera también un delito.
“Lo que queremos es que exista la posibilidad de decidir sin causales la interrupción del embarazo, por eso hablamos de legalizar y no de despenalizar”.
Es decir, despenalizar el aborto está vinculado siempre con una sanción y la legalización está enfocada en generar un marco normativo dentro de la Ley de Salud y otros ordenamientos jurídicos alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo.
“San Luis Potosí es un estado profundamente conservador, que busca sancionar las decisiones autónomas de las mujeres. Considero que está tipificado (el aborto como delito) porque es una forma de control sobre el cuerpo de las mujeres”, sentenció.
Hernández Alvizo remarca que el delito penal del aborto existente en la entidad, está basado en el bien jurídico tutelado relacionado con la vida del no nacido. Sin embargo, subraya que en el estado las razones por las que las mujeres deciden interrumpir sus embarazos son muy diversas.
“Esta decisión tiene mucho que ver con los planes de vida de las mujeres, las carencias de recursos económicos para sostener a otra persona y a asuntos de violencia machista y sexual, pero más allá de pensar: ‘¿Por qué las mujeres abortan?’. Tenemos que analizar: ‘¿Qué contextos y condicionantes las llevan a tomar está decisión?”, apuntó.
Un dilema que –por supuesto– antepone la criminalización del aborto, pues el Código Penal y la legislación conciben la maternidad como una función humana obligatoria, a pesar de la permanente brecha de desigualdad. Es por ello que en el mes de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
La abogada Fátima Alvizo remarcó que, el caso de la Suprema Corte, habla específicamente de la situación de los estados de Veracruz y Coahuila.
“En el caso de estos dos estados, existía un contexto parecido al de San Luis Potosí (excluyendo que en nuestra entidad tenemos de manera constitucional el Derecho a la Vida desde el Momento de la Concepción), donde se buscó promover el derecho de la autonomía reproductiva“.
Lo que resultó en considerar que el delito del aborto era inconstitucional y estas sentencias son para las entidades federativas inmiscuidas.
“¿Por qué no es aplicable para todo el país? Pues porque es una máxima del derecho, que solamente en esos casos particulares se llevará a cabo el garantizar el derecho de las mujeres a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
No obstante, la experta defensora de los derechos humanos, señaló que desde San Luis Potosí se puede promover esta posibilidad y que el criterio de la SCJN sea parecido al de las otras dos entidades.
Niñas, no madres
Una problemática que también refleja la coyuntura del aborto ilegal, es la violencia sexual a la que se enfrentan cientos de niñas y adolescentes en el país y en el estado, que resultan en embarazos productos de relaciones no consensuadas, abusos sexuales o violación.
Una realidad preocupante, pues según estadísticas de la sociedad civil como Planned Parenthood Global, Claclai, Amnistía Internacional y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se conoce que, tan solo en el México, cuatro de cada 10 menores de 15 años de edad han sido víctimas de violencia sexual; de ellas, un aproximado del seis por ciento ha sido sometidas a una interrupción legal del embarazo (según datos de la Secretaría de Salud de Gobierno Federal).
El GIRE menciona que la legislación penal en México sobre el aborto legal “se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad, pues hay circunstancias bajo las cuales no se considera como un delito o no se castiga“.
Es decir, el Código Penal de cada entidad federativa, estipula las razones y causales de no punibilidad.
En ese sentido las niñas, adolescentes y mujeres adultas, según lo marcado por la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en la NOM 046, pueden acceder al aborto legal en casos de violación, la cual remarca que no necesitan autorización judicial, ni ministerial para dicha interrupción, aplicable también en el estado de San Luis Potosí.
A través de la solicitud de información pública con folio 2412303220000006, los Servicios de Salud de San Luis Potosí dieron a conocer los datos que comprenden las interrupciones legales de embarazo que realizó el Sistema de Salud durante el año 2021.
Entre los meses de febrero a abril se realizaron un total de tres solicitudes de Interrupción Voluntaria de Embarazo en los casos permitidos por la ley. En los tres casos, las afectadas confirmaron que el embarazo era producto de una violación; dos de las víctimas tenían apenas trece años de edad.
La primera de ellas es municipio de Venado, y ya tenía ocho semanas de gestación; la otra menor de edad es originaria de la capital del estado, y tenía un total de 5.3 semanas de embarazo.
El tercer caso se trató de una mujer adulta con discapacidad, de 18 años de edad, del municipio de Tamazunchale, quien llevaba 12 semanas de gestación.
Estas tres solicitudes fueron aprobadas y las intervenciones se realizaron en el Hospital del Niño y la Mujer bajo el método de aspiración manual endouterina.
En el mes de julio se realizó una solicitud más de interrupción voluntaria del embarazo, por parte de una menor de 13 años de edad, originaria del municipio de San Luis Potosí, misma que fue denegada, debido a la edad gestacional avanzada que presentaba la víctima, pues ya contaba con 25 semanas de embarazo.
Es así que forman parte de la estadística del Registro Nacional de Población (2021), que refiere que, a nivel nacional, cuatro de cada 100 nacimientos son de niñas madres menores de 17 años.
Lo que pone de manifiesto otra violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes: el embarazo infantil forzado, que se convierte en una práctica de tortura, alterando de manera importante y permanente su educación, sus relaciones sociales y familiares.
Los juegos infantiles se transforman, para crear responsabilidades de maternar. La víctima se convierte en madre, obligándola en contra de su propia voluntad.
¡Yo aborté!
Aquí se relatan dos historias compartidas, que exponen el espectro de la realidad a la que se enfrentan decenas de mujeres potosinas ante la decisión de interrumpir un embarazo.
Son declaraciones en las cuales los nombres han sido editados con la finalidad de proteger la identidad de las personas involucradas.
Era el año 2014 cuando Juana María de 26 años de edad, asistente educativa en un colegio del centro de la ciudad, descubrió que estaba embarazada por tercera ocasión.
Madre –en ese entonces– de dos pequeñas de cinco y dos años de edad, y esposa de un hombre violento y adicto al alcohol, se enfrentaba a la disyuntiva de continuar su embarazo o interrumpirlo.
“Me sentí terrible, ¿qué iban a decir de mi otra vez? ‘Te embarazaste de ese bueno para nada, de ese golpeador que ni a sus hijas quiere’. ¿Te imaginas? Yo me casé pensando que todo sería “color de rosa” y mira”.
Entonces le surgió un deseo que la hizo sentirse –como ella dice– abandonada: “Voy a abortar“.
“No lo dudé ni un minuto. Traer a un hijo más a enfrentarse a un padre alcohólico y golpeador, ¿para qué? En ese entonces mis niñas ya habían sufrido bastante y yo también. No me cuidaba porque mi exesposo no me dejaba, y en la casa era ley lo que él decía. Tenía que abortar, la gente juzga muy fuerte, pero era momento en el que mi vida tenía que tomar otro rumbo”.
Fue entonces que decidió callar que estaba embarazada y durante tres semanas investigó sobre la manera más fácil y accesible para poder interrumpir el embarazo, pues no tenía los medios para hacerlo.
“Busqué mucho. Pensé en tomar bebidas, lo del gancho, incluso hasta aventarme de las escaleras. En ese tiempo no había tanta información como ahora ni mujeres que te apoyaran para realizarlo. Tenía miedo, pues sabía que era un delito y por mis hijas tomé el doble de precauciones. Tuve que armarme de valor y dejar a un lado la culpa y el dolor que me perseguían. Me estaba volviendo loca”.
Pasaron otras dos semanas y Juana María tuvo que ingeniárselas para que los síntomas y el vientre abultado no se le notaran.
“Ya casi cumplía tres meses y fui juntando el poquito dinero que me quedaba de mi sueldo para poder pagar a alguien que me interviniera. Una señora me dio la dirección de un supuesto médico que realizaba ese tipo de ‘trabajos”.
La desconfianza se apoderó de ella: “¿Y si me muero? ¿Y si me meten presa? ¿Qué pasará con mis hijas?”, eran las preguntas recurrentes que se asomaban por su cabeza.
Días antes de la interrupción, cuenta María que, dudó por unos instantes continuar con el aborto, se miraba en el espejo y se decía así misma: “No soy tan valiente para hacerlo”.
Pero entonces una tarde de junio de ese año que tiene tan marcado en el alma, su ahora ex esposo había llegado alcoholizado a su pequeño departamento ubicado en la colonia prados tercera.
“Yo estaba sentada en las escaleras, mis niñas estaban dormidas, aún lo recuerdo, el reloj marcaba las 18 horas. Él me golpeó tan fuerte, que por un momento pensé que me había dislocado la mandíbula, pero no. Solo se me había adormecido una parte del rostro, pues desperté después de haberme quedado inconsciente unos segundos”.
En ese instante, explica Juana María, algo hizo click en su cabeza.
“La mañana siguiente tomé mis cosas, agarré el dinero que había guardado, le pedí otro poco a una vecina y me fui con un ‘médico’, el mismo que me habían recomendado antes y el que también, esporádicamente se anunciaba de manera muy singular en papelitos pegados en algunos postes de la ciudad”.
Llegó al consultorio, un sitio lúgubre que tenía, como ella lo explica, un pequeño cuadrito en el que se leía: “Dios siempre querrá lo mejor para ti”.
“En ese momento pensé que había llegado al lugar equivocado, pues tal vez se trataba de algún centro de intervención, de esos que convencen a las madres jóvenes de no abortar y continuar con su embarazo, pero ya estaba ahí, tenía que saber qué iba a pasar”.
Juana María relata que en ese sitio no había recepcionistas ni enfermeras, ni siquiera un teléfono en dónde recibir llamadas. Se trataba de un recibidor simple, con una puerta de fondo.
“Entonces se abrió la puerta y apareció un hombre de unos 50 años de edad. Traía bata por lo que supuse que era médico. Entré y me dijo que me pusiera una bata, que me retirara lo de abajo y me sentara en la silla de exploración. Sentí una tristeza tan inmensa. Estaba sola pasando por eso, con un desconocido“.
Luego el supuesto médico la recostó y le indicó que comenzaría, que dolería un poco pues el costo de la intervención no cubría ningún tipo de anestesia. Juana María asintió y lo dejo proseguir.
“Me practicó creo a lo que le llaman dilatado o un legrado. Se que metió varios instrumentos, pero mi mente ha bloqueado por completo esa escena. Solo recuerdo que me dijo que no me preocupara, que ya estaba listo y que podía irme a casa. Ni siquiera recuerdo su rostro, yo solo quería huir de ahí“.
Después de ese hecho tan traumático, tomó un taxi y en el camino, dejó atrás a aquella Juana María que por muchos años soportó una violencia que la obligó a decidir no ser madre.
“Ese día sangré mucho. Pensé que moriría, pero tuve calma. Solo duró tres días el sangrado más fuerte. Me sentí aliviada. En cuanto me recuperé, volví al trabajo, pues me reporté como enferma. Junté el dinero que pude dos semanas más, abandoné a mi esposo, esa casa, ese lugar“.
A ocho años de ese episodio, María se siente libre y aunque confiesa que la experiencia le trae un dolor muy amargo, menciona sentirse tranquila por haber tomado esa decisión.
“La vida parece ser más injusta para nosotras las mujeres. Hoy soy una mujer libre, divorciada, que continúa en la buena crianza de sus hijas. Pude superarme académicamente y profesionalmente. Hoy mi vida es diferente gracias a esa decisión que tomé. La violencia a la que nos enfrentamos es tan cruel, despiadada e inhumana, que muchos ni siquiera se imaginan por qué las mujeres abortamos. Ojalá que mañana mis hijas puedan acceder a ello, sin dolor, sin miedo a ser perseguidas o señaladas, y también sin enfrentarse a un contexto de violencia como el mío. Que puedan decidir sin más sobre su propio cuerpo y que jamás atraviesen en su vida lo que a mí me tocó”.
La maternidad será deseada o no será
Patricia tenía 21 años cuando se enteró que estaba embarazada. Era estudiante, trabajadora y se encontraba en medio de un joven noviazgo.
“Lo detecté desde la primera irregularidad de mi ciclo menstrual, pues este no me llegó. Nos hicimos la prueba y estaba embarazada. Desde un inicio supimos que no queríamos continuarlo”, compartió.
Ella no se sentía preparada para ser madre, enfrentaba una situación emocional grave y su pareja padecía un ciclo de depresión aguda que lo mantenía medicado la mayor parte del tiempo.
“Quise agotar todas las opciones para mantener viable la opción de mantener el embarazo, pero me era imposible. Para mí fue un shock todo este proceso, que deviene también de las violencias sufridas en niñez y el complejo latente de creer que no seré una buena madre”.
Fue un proceso arduo de aceptación, pues para Patricia no fue fácil saberse embarazada. Se debatió entre la preocupación de esa gran responsabilidad y la maravilla de que su cuerpo podía crear vida.
“Me pregunté muchas veces, a caso mi cuerpo puede hacer eso ‘¿puedo darle vida a un ser?’ Para mí era el producto del amor con el hombre que yo amo, pero yo no me sentí preparada y eso se convirtió en un martirio para mí”.
Además de eso, ella desde su mayoría de edad se había independizado de su familia, por lo cual sus ingresos eran los óptimos para solo cuidar de ella misma y pagar sus estudios.
“¿Que le iba a ofrecer? Mi pareja me apoyó en todo momento. Arreglamos todo para ir a la Ciudad de México a realizarme el aborto. No me siento orgullosa de ello, es una decisión difícil que siento que con el tiempo se ha llegado a romantizar, abortar no es fácil, aunque sé que muchas mujeres atraviesan experiencias diferentes”.
Patricia comenta que para ella fue una experiencia triste, pues amaba a su bebé, “le dije que lo amaba, le pedí perdón, pero sé que él no merecía llegar en un momento así“.
El proceso consistió en una revisión por ultrasonido y del cuerpo en general, para completar el cuadro clínico antes de la interrupción.
“La experiencia es fuerte, a la clínica que asistí al ultrasonido le quitan el sonido para que uno no pueda escuchar sus latidos, que comienzan a partir de la sexta semana de embarazo. Me hicieron un legrado, que es considerado ilegal y que me causó el peor dolor de mi vida“.
Posterior a este proceso, Patricia menciona que, lo más traumático para ella fue que le enseñaran la pantalla del ultrasonido y que no se viera nada en ella. Una de las tantas violencias simbólicas y ginecológicas que muy pocas mujeres se atreve a compartir.
“Para mí fue muy doloroso. Regresamos a la ciudad ese mismo día. No paré de llorar, sin embargo, creo que ha sido una buena decisión. Hablar de ello nunca es fácil, abortar es una decisión muy personal. Estoy agradecida con la vida y sé que de esto obtuve una lección muy grande”.
Hermana, no estás sola
Acompañar un aborto en momentos de penalización se ha convertido para muchas mujeres en una demanda para apoyar a otras congéneres que atraviesan por esta difícil decisión.
Es sin lugar a dudas, una muestra humana repleta de sororidad que conlleva aplicar una atención segura de las necesidades físicas y emocionales de quien aborta, hasta entender los contextos y condiciones que las han llevado a tomar la decisión de interrumpir su embarazo.
Este es el relato de Lucía, de 24 años de edad, quien se convirtió en acompañante desde hace aproximadamente tres años.
“Todo comenzó cuando vi a algunas compañeras feministas expresar lo complicado que era el acompañamiento porque había muy pocas compañeras que lo hacían de forma autónoma y los casos las rebasaban. Ahí identifiqué una problemática. Para ese momento ya sonaba la organización de la Mareas Verdes, acá en San Luis ya había algunas compañeras organizadas en el tema legislativo”.
Lucía comparte que, durante ese tiempo, en la capital, algunas compañeras pertenecientes a la organización Marea Verde SLP realizaron algunos talleres para formar a mujeres interesadas en acompañar abortos en la ciudad.
“Desde Marea Verde salió una convocatoria para formar una red, de ahí me integré, me formé y comencé a ‘acompañar acompañada’, es decir, acompañábamos con apoyo de otras acompañantas. Así poco a poco fui aprendiendo gracias a los conocimientos de otras compañeras que ya acompañaban, no sólo en el estado si no también en el país, pues hay algunas compas que organizan encuentros nacionales donde podemos hablar y compartir experiencias“.
Para Lucía, acompañar fue enfrentarse a esa realidad en la que decenas de mujeres que desean interrumpir el embarazo y ejercer su derecho (que les ha sido negado) para decidir sobre la autonomía de sus propios cuerpos.
“Cuando comencé como acompañanta lo que más me sorprendió fue la cantidad de mujeres que necesitaban acceder a un aborto. No hay cifras al respecto y sigue siendo un tema del que poco se habla. Identifiqué que las compañeras que buscan interrumpir se sienten como la única y la primera mujer que lo hace y eso les provoca mucho miedo y culpa. A veces siento ganas de abrazarlas y decirles: ‘No te preocupes, es normal, hay muchas mujeres tomando esta decisión, no estas sola“.
Y es que, el aborto ilegal está plagado de estigmas, que a la larga se han convertido en un obstáculo en el marco de los derechos humanos de las mujeres.
Existen ciertas condiciones, características e identidades que rodean al aborto, y que son percibidas como excluyentes, lo que propicia en las mujeres que deciden abortar una culpa por el contexto de discriminación que las envuelve.
“Otras de las experiencias que he tenido como acompañanta, es ser más sensible a los contextos que vivimos las mujeres. Podemos ser parte del mismo país, del mismo estado, del mismo municipio incluso de la misma colonia, pero podemos estar atravesando circunstancias bien diversas que llevan a las mujeres a tener un embarazo no deseado y a decidir interrumpir“.
Lucía explica que hay situaciones que involucran desde mujeres que no podían salir de casa más que para trabajar (porque lo tenían prohibido por sus familias), hasta mujeres que tuvieron que abortar en secreto para que su pareja o familia no se enteraran.
“Imagínate pasar por este proceso en tu propia casa, tener que luchar con el proceso físico y además tener que ocultarlo. Se trata de mujeres incapaces de poder pagar una prueba de embarazo o el combo de medicamento, menos iban a poder sostener a una cría”.
Una situación que peligra y vulnera su derecho a la salud pública e integral, obligándolas a mantener silencio y secrecía, arriesgando su salud al momento de someterse a un aborto.
“También he identificado como hay mujeres victimas de delitos sexuales que no saben que lo son y que pueden acceder a un aborto legal gracias a la NOM.046″.
Lo que quiere decir que hay un escaso conocimiento de educación sexual, en el que predominan los contextos de violencia patriarcal que coloca a las mujeres en situación crítica repleta de vulnerabilidad.
Aunado a ello, Lucía remarca que, imperan las practicas deshonestas y violentas de médicos y ginecólogos para con las mujeres que interrumpieron o buscan interrumpir su embarazo.
“Acá te encuentras con situaciones bien complejas que no deberían estar pasando, que deberían estar siendo atendidas”.
Esta valiente “acompañanta” refiere que, desde su experiencia, el acceso al aborto es un tema complejo que tiene detrás muchos otros factores y por ello deja abierta la siguiente pregunta:
“Imagina si el estado se hiciera cargo del acceso al aborto ¿cuántos casos de abuso sexual, violaciones, relaciones violentas y violencia económica podrían ser atendidos?”.
