Mariana de Pablos
La discusión sobre el aborto es un tema que ha trastocado varias esferas de la realidad social. Su incidencia en el debate público como una cuestión de derechos y un problema de salud pública es en sí mismo un logro del paso feminista a lo largo y ancho del territorio mexicano. Poco a poco se ha logrado trasladar al aborto del rincón del mito, el estigma y el oscurantismo a la luz de la legalidad y la autonomía. Sin embargo, aún queda un largo camino para poder hablar de un acceso legal y seguro para todas las mujeres.
Así lo expusieron Yésica Yolanda Rangel Flores, Sofía del Carmen Aguiar Reynoso, Georgina Díaz Orozco y Arely Torres Miranda en la mesa de análisis “Avances en la despenalización del aborto en México y desafíos para la salud pública y la justicia reproductiva”, organizado por Colegio de San Luis, cuyo objetivo fue aportar argumentos desde el derecho, las ciencias sociales y la salud para impulsar un acceso real al derecho del aborto.
Siguiendo a la doctora Georgina Díaz, medica gineco obstetra consultora de Ipas de Latinoamérica y el Caribe, el 94 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial ocurren en los países en desarrollo como México, y casi el 10 por ciento de estas son consecuencia de procedimientos inseguros de aborto. Estos últimos se relacionan con las condiciones socioeconómicas de una mujer para poder acceder o no a un aborto seguro, la falta de acceso a los servicios de salud, así como las leyes restrictivas y las barreras relacionadas con el estigma.
En este sentido, hablar de salud pública, como explicó la doctora Yésica, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), académica y activista de Marea Verde, no hace referencia únicamente a la prevención de las enfermedades y las muertes. Mas bien “se ocupa de hablar y de potenciar la calidad de vida en todos los aspectos –biológicos, psicológico, social y cultural– de los contextos que nos desarrollamos. Fue creada para pensar como potenciamos el bienestar”.
Así, la salud pública es un tema que concierne tanto al Estado como a la sociedad. Por parte del primero dada que es necesaria su intervención para la modificación de leyes y marcos normativos que no garanticen los derechos de toda la ciudadanía. Sobre esto, la doctora Yésica enfatizó:
“Las preferencias religiosas son de carácter individual y no se pueden poner encima de los derechos”.
En lo que corresponde a la sociedad, comentó:
“Necesitamos desestigmatizar el aborto. Dejar de verlo como una lucha entre personas que creemos cosas distintas. El aborto es un tema de salud y punto. Quitémosle toda la carga moral”.
Con esto en mente, es que se puede hablar sobre algunos de los avances y desafíos que aun envuelven el derecho del aborto. Arely Torres, abogada, comunicadora, activista de Marea Verde y especialista en política pública con enfoque de derechos humanos y género, indicó que uno de los primeros grandes logros que es necesario señalar es la posibilidad de hablar, conocer y discutir el tema del aborto.
Señaló que este recorrido histórico ha sido vital para transformar los discursos mediáticos y criminalizantes en torno al aborto, para lograr que se hable de este como lo que es: un tema de salud pública.
Por su parte, Sofía del Carmen Aguiar, abogada, integrante de GIRE y acompañante de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, recordó que apenas en septiembre de este año se logró la despenalización del aborto en el Código Penal Federal.
Sobre ello, Sofía recalcó que la importancia de esta decisión radica en que “más allá de evitar su criminalización, es importante porque incluso donde ya se despenalizó no podías acceder a un aborto, te decían: ‘claro que no, porque aquí aplica el Código Penal Federal, entonces no te vamos a practicar nada’”.
En cuanto a los desafíos, Arely hizo hincapié en la necesidad de hacer llegar información real y científica a todos los rincones del país. Por un lado, para acabar con el conjunto de mitos y estigma que envuelven al aborto; y, por el otro, para acercar este derecho a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que se encuentren en una situación de embarazo no deseado y necesiten ayuda para concluirlo.
En sintonía con Arely, Sofía profundizó en la necesidad de “pelear por una despenalización social que impacte en el acceso efectivo a servicios”. Explicó que la criminalización penal ha sido un factor de riesgo para acceder a servicios a todas esas mujeres, lo que ocasiona que todos los días sean más mujeres las que se exponen a un aborto inseguro.
Desde esta perspectiva, el Estado mexicano tiene aún una deuda con las mujeres y las personas con capacidad de gestar en lo que concierne a los derechos reproductivos. La doctora Georgina señaló que, para lograr un acceso al aborto seguro y legal para todas, es responsabilidad de nuestros representantes políticos y actores con cargos públicos, respetar, promover y garantizar que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a esos servicios de manera segura.
Si bien, concuerdan las ponentes, las mujeres abortan –y lo seguirán haciendo, sea legal o no–, la importancia de legislar en torno a esta problemática reside en la necesidad de “sacarlo del oscurantismo”, como explicó la doctora Yésica.
En sus palabras: “necesitamos quitar toda la carga moral y el estigma que hay sobre él, porque ese estigma también hace sufrir a las mujeres”.
“No podemos pensar que el aborto no es un problema de salud pública ‘porque se mueren muy poquitas mujeres’. Eso es violento. La mortalidad materna por aborto es más alta en los países con marcos restrictivos en torno al aborto. Casi la mitad de los abortos que ocurren en el mundo son abortos inseguros. Y se estima que el 13 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial son por abortos inseguros. Esta cifra sube a 17 por ciento en América Latina. Entonces, ¿cuántas mujeres necesitan morirse para considerarlo significativo?”, concluyó.
