Arely Torres-Miranda
Hace unos días, el gobernador de nuestro San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que las autoridades estatales habían encontrado al menos una decena de perfiles falsos en redes sociales, desde los cuales se habían difundido imágenes, audios y videos relacionados con casos falsos de desapariciones y que, por eso, la ciudadanía tenía la PERCEPCIÓN de un aumento de desapariciones en la entidad.
Se atrevió a aseverar también, que la ciudadanía potosina nos informamos “en páginas dudosas y perfiles falsos” y a raíz de estas declaraciones, comenzaron a aparecer un montón de páginas nuevas promoviendo estas declaraciones.
Desde su oficina y la comodidad de su silla, el gobernador ha de haber pensado en esa máxima política que dice “fuego se combate con fuego”, solamente que habría que recordarle al gobernador, que los datos los obtenemos de las propias fichas de búsqueda emitidas por la fiscalía.
Como parte de estas desafortunadas declaraciones, el gobernador utilizó el texto de una joven, quien, mediante sus redes sociales, había hecho público una situación de riesgo que vivió y quien valientemente reclamó al gobernador que haya desestimado sus palabras, poniendo en duda lo que ella había padecido.
Sin embargo, habría que recordar que quienes han demostrado una falta de credibilidad es la propia fiscalía, para ejemplo, el terrible manejo público que se dio ante el supuesto hallazgo del cuerpo de la joven Nayeli Paola, cuando por “una filtración” y después, en una muy desafortunada rueda de prensa, dieron información que no solamente revictimizaba, sino que, sin duda, dejó al descubierto las grandes fallas institucionales y de capacidad de la fiscalía.
Por cierto, al estar escribiendo este texto, la fiscalía vuelve a publicar la ficha de búsqueda de Nayeli, esto por supuesto, gracias a la presión de la familia quienes no consintieron las inconsistencias en la investigación y a la ciudadanía, me atrevo a decir, cada vez más participativa.
Pero ¿cómo vamos a confiar en una fiscalía cuando ha sido una constante que en lo referente a feminicidios ha fallado muchísimas veces? Podemos hablar de las inconsistencias en las investigaciones de los feminicidios de Odalys Hipolito, de Karla Pontigo, de Nataly Alonso, de Alejandra García, de Samantha Yoseline, de Samara Durón, de Fernanda Morán, Alejandra García de Rioverde, la pequeñita Renata… y no acabaría de poner el nombre de todas las víctimas de feminicidio, donde para sus familias aparte de enfrentar el dolor de su pérdida, han tenido que enfrentar a un Estado omiso, indolente y revictimizante.
En el feminicidio de Karla Pontigo, ocurrido desde octubre de 2012, doña Esperanza, mamá de Karla, no ha tenido un solo día de paz y sigue buscando justicia ante las evidentes irregularidades ocurridas en la investigación, como por ejemplo, que no se haya resguardado la escena del crimen inmediatamente después de ocurridos los hechos, al contrario, se realizaron labores de limpieza, eliminando así las pruebas, la familia no tuvo acceso al expediente, no se consideraron las pruebas que aportó doña Esperanza, las cuales, acreditaban el acoso sexual que Karla sufrió por su entonces jefe (ese que anda libre e impunemente paseándose por San Luis, sabiéndose protegido por las omisiones institucionales).
Otra de las irregularidades es que no se cumplió con la cadena de custodia y a pesar de que la Señora Esperanza, acompañada por Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, lograron que el 1 de julio de 2015 el caso llegara a la SCJN y que en 2019, la Corte emitiera una sentencia en que invalida la consignación del caso de Karla por homicidio culposo hecha por el Ministerio Público el 20 de agosto de 2013 así como que, mediante Acuerdo General Número 004/2020, el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí creara la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, en la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios (UEMI), la cual ahora resulta que está en riesgo de desaparecer.
No sabemos si es por desconocimiento o de plano ya es una franca indiferencia ante la violencia contra las mujeres que vivimos en San Luis Potosí, pero en estos meses que lleva en la gubernatura Gallardo Cardona, no se han enterado de que existe desde el 21 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para varios municipios y que justo esta declaratoria le obliga a establecer de manera coordinada una oportuna, clara, digna y eficiente intervención de todas las instituciones de administración pública estatal.
De lo anterior, podríamos reconocer que se han ido construyendo protocolos y acciones, pero de manera aislada y que justo la falta de esa coordinación es lo que provoca que todavía no se impacte directamente en la vida de las mujeres y que las medidas no se hayan cumplido por completo.
Falta aún la creación de una fiscalía especializada en feminicidios, y algo que no podemos dejar de mencionar, es que el único refugio para mujeres víctimas de violencia que tenemos en el estado, a cargo de la asociación civil Otra Oportunidad, está en crisis.
Su directora, la Lcda. Elizabeth Rapp, ha solicitado en infinidad de veces una reunión con el gobernador y con el secretario general de Gobierno para atender la situación de riesgo que están enfrentando y miren… ni las ven, ni las oyen. Pareciera ser que se les olvida que este refugio ha sido modelo por años a nivel nacional y que también, este refugio salva las vidas que muchas veces sus nulas políticas públicas han puesto en riesgo.
Es muy bonito vivir en un estado que se preocupa por tener parques dignos y espectaculares, pero ojalá también el gobernador dejara de minimizar la situación de emergencia que vivimos las mujeres, se abstuviera de invalidar las voces de las víctimas e invirtiera el mismo dinero, tiempo y entusiasmo para garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.
No es un favor, es su obligación.
