Arely Torres-Miranda
Este pasado 15 de septiembre, después del silencio obligado por las recomendaciones de pandemia, nuestra Plaza de Armas en la capital de San Luis Potosí, se volvió a vestir de fiesta. Desde temprano se pudo ver cómo las personas encargadas de la logística y protocolos, se dieron a la tarea de limpiar de obstáculos el recinto que serviría para lo que se convirtió en una fiesta encabezada por el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, también en el marco de su primer año en el cargo. Hasta ahí, nada qué reclamar, si no fuera por la terrible, insensible e indolente decisión de retirar de la plaza, las cruces rosas que son parte del memorial para las víctimas de feminicidio en el estado. De acuerdo a la información vertida en medios, el subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo, dio a conocer que se daría protección y resguardo al memorial con motivo de los festejos patrios, añadiendo que por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, se darían las garantías necesarias para que el memorial quedara debidamente cercado y bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto tras recibir a representantes de las colectivas, quienes hicieron eco de la solicitud de familiares de las víctimas. Parece ser que no tenemos el mismo concepto de “resguardar” y “quitar” o “remover”, que fue lo que realmente hicieron.
Desconozco si usted, estimado lector, estimada lectora, conoce el proceso que dio pie a este memorial, pero por si el Gobernador sigue sin tener idea de lo que hizo, les cuento que este memorial es parte de una reparación simbólica del daño, en el marco del primer Día Por La Justicia por las Víctimas de Feminicidios, esta escultura ha sido adoptada por todas las familias que están pasando un proceso de búsqueda de justicia para las víctimas, está de más decir que representa también, el acompañamiento y solidaridad colectiva en un camino por más, doloroso y que gracias a la incapacidad de las instituciones, ha sido por demás revictimizante. Esta escultura también es parte del trabajo colectivo para proteger y mantener viva la memoria de quienes ya no están, la escultura “Karla” (la escultura tiene el rostro de Karla Pontigo, víctima de feminicidio en el año 2012) es el primer monumento de San Luis Potosí elaborado por una mujer y forma parte del patrimonio cultural del Estado.
Bien dicen que en política (como en la vida) “forma es fondo” y el haber retirado las cruces rosas colocadas por las familias de las víctimas, es parte de la falta de una mirada transversal con perspectiva de género en el gobierno de Gallardo Cardona. No lo entiendo, francamente es incomprensible que estando al frente del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí la Dra. Gloria Serrato, quien durante muchos años ha sido parte de colectivas u organizaciones feministas y quien tiene estudios en materia, el gobernador o su cuerpo de asesores/as no se hayan acercado a consultar qué se tendría que hacer para no pasar por encima de la memoria de las víctimas y la dignidad de las familias.
Otra situación que tenemos que traer al frente es la declaración realizada por el Secretario General de Gobierno al señalar que el tener una Fiscalía Especializada en Feminicidios solo abonará a la burocracia. Es lamentable que tampoco dentro del gabinete sea escuchado el Mtro. Vega Arroyo, quien, por si se le ha olvidado, cuando estuvo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, promovió la solicitud del Mecanismo para la Alerta de Violencia de Género en seis municipios de San Luis Potosí y él, comprende el sentido y la urgencia de esta fiscalía, incluso dentro el marco de la Sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia el pasado 13 de noviembre de 2019 donde quedó asentado un precedente histórico para la procuración y administración de justicia en nuestro país, ya que se reiteró que las autoridades no investigaron, no realizaron las diligencias mínimas para esclarecer el caso, no abrieron líneas de investigación con perspectiva de género pese a las notables señas de que Karla había sido víctima de una fuerte agresión física y sexual; también se omitió considerar que vivía acoso sexual y laboral por parte de su empleador. En el hospital, su madre Esperanza Lucciotto fue obligada a donar sus órganos a cambio de dar vista para el inicio de una investigación penal. En la Procuraduría, hoy Fiscalía, las autoridades pervirtieron la investigación y cometieron graves negligencias durante la etapa de integración, entre las que destacaron la dilación injustificada y excesiva en la práctica de diligencias, la pérdida de pruebas vitales para esclarecer el caso y la ausencia de cadena de custodia, por lo cual se ordenó que el caso de Karla Pontigo tiene que volver a iniciarse al investigarse de manera incorrecta, violándose los derechos de las víctimas y al investigarse sin perspectiva de género. Ordenando además respetar y garantizar los derechos de los familiares como víctimas.
Así, mientras en Plaza de Armas se seguían las instrucciones del gobernador, en Villa de Arista, la comunidad daba a conocer a la opinión pública a través de redes sociales, de la no localización, para después, confirmar el feminicidio de la menor Chuyita Rodríguez Rodriguez, en la que, una vez más, la comunicación que han tenido las autoridades con la familia es nula y que han tenido que enterarse por los medios de la postura de la fiscalía y la detención del presunto feminicida.
No está de más tampoco recordar lo que dice el artículo 22 Constitucional que a la letra cita que “quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”, por lo que las desafortunadas declaraciones hechas por Gallardo Cardona, proponiendo pena de muerte y castración a los feminicidas aparte de ser anticonstitucional, es una declaración por más populista, punitivista e indolente, contraria a todo Estado de Derecho. No se necesitan aumentar las penas contra los feminicidas, se necesita prevenirlos y evitar que aumente el número de mujeres asesinadas, que de acuerdo a cifras oficiales, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2022 se han registrado en el Estado 149 feminicidios, esto, sin contar aquellos que pudieran haber sido clasificados como “homicidio doloso” o “suicidios”. Necesitamos que desde el presupuesto, las políticas públicas, el Congreso del Estado y en cada escritorio, oficina y personal donde se tome las decisiones, el centro de esas acciones sea salvaguardar los derechos humanos de toda la ciudadanía y por supuesto, los derechos de las mujeres.
Claro que da miedo levantar la voz y señalar los errores gubernamentales, pero quienes tenemos un compromiso con la libertad y la dignidad de las mujeres, seguiremos gritando hasta conseguir que esa paz y esa justicia por la que tanto hemos trabajado sea una realidad en cada hogar de nuestro país. Ninguna decisión debe ser tomada sin las familias y las víctimas.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.
Es comunicóloga y activista por los Derechos Humanos y género. Actualmente es pasante de la licenciatura en Derecho. Es fundadora y coordinadora del Observatorio de Violencia Feminicida en SLP. Fue consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres (2012-2018). Tiene estudios en política pública con perspectiva de género por FLACSO y CEPAL. Es asesora y capacitadora en Derechos Humanos, feminismo y género. También ha sido asesora y promovente de iniciativas y reformas de ley coadyuvando a la armonización legislativa con perspectiva de género, feminismo y derechos humanos.
