Por Eduardo José Alvarado Isunza
Muchos y distintos han sido los sentimientos experimentados por miles de ciudadanos que han podido conocer del meteórico, ilícito y asqueroso enriquecimiento observado por Ricardo Gallardo Juárez y sus familiares, entre ellos su hijo Ricardo Gallardo Cardona, gracias a una minuciosa y valiente investigación de reporteros de Astrolabio Diario Digital.
Esos sentimientos han sido de coraje, frustración, impotencia, desánimo, desesperanza, pérdida de credibilidad en las instituciones y sus funcionarios, entre otros más. Nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos y nosotros mismos sentimos desolación y asco al conocer este tipo de historias de pudrición y depravación por la conducta de funcionarios públicos, como el clan Gallardo.
Asombrosas historias como las publicadas por Astrolabio este domingo 28 de enero y por la revista Proceso el sábado 27 de enero, nos reafirman que los ciudadanos comunes, dedicados a vivir en forma honesta y ajustarnos a todas las leyes, a mantener a nuestras familias con bajos salarios y honrados oficios, estamos sometidos por el imperio del crimen y de la impunidad, gobernados por seres ruines y malignos.
¿Por qué razón deben de ser los periodistas quienes se expongan y expongan a sus familias al efectuar investigaciones sobre actos criminales cometidos por degenerados funcionarios públicos, como la publicada por Astrolabio, en donde se da cuenta en forma detallada y documentada del fabuloso emporio construido por los perredistas Gallardo sobre una montaña de estiércol?
¿No deberían de ser las instituciones y funcionarios responsables de vigilar nuestra hacienda y su correcta administración quienes deberían de hacer esas investigaciones por oficio y castigar toda clase de actos delictivos cometidos por personajes ambiciosos e inmorales?
¿Por qué hay perredistas involucrados en estos actos criminales, al participar sea sólo como empleados de estos delincuentes o como sus cómplices políticos? ¿Por qué existen este tipo de militantes dentro de partidos políticos, pero en particular del PRD, un partido nacido de las esperanzas democratizadoras y de las demandas de justicia más genuinas de nuestro pueblo?
¿Por qué aunque estas investigaciones periodísticas de Astrolabio y Proceso, así como otras semejantes difundidas antes por medios informativos locales y nacionales, no han sido capaces de mover un nervio del poderoso músculo del sistema judicial y fiscal mexicano, tan meticuloso en aplicar sanciones a quienes llegamos a cometer pequeñas infracciones, como pisar un prado o pasarnos un alto?
Después de la publicación de esas investigaciones, que han demostrado cómo ha sido el vertiginoso y, al mismo tiempo, nauseabundo imperio de dinero y de bienes construido por el clan Gallardo en menos de diez años de haber encabezado los ayuntamientos de San Luis Potosí y de Soledad, deberían esperarse varias reacciones consecuentes con los mandatos jurídicos y con los preceptos políticos del partido y de la militancia perredista.
El PRD y su militancia deberían demandar de las autoridades una investigación escrupulosa sobre los hechos denunciados por Astrolabio y Proceso, así como por otros medios periodísticos; y exigir, al mismo tiempo, a los miembros de esta gavilla explicar cómo es que se hicieron de la cuantiosa fortuna que han acumulado en su tránsito por esos ayuntamientos, estimada en más de 120 millones de pesos sólo en bienes raíces.
No hacerlo así por parte del PRD y de su militancia, entre ellos empleados de la administración municipal de esta Capital que ningún pudor tenían hace poco en manosear el nombre del Gran General Francisco Villa para encubrir sus acciones, hacer como que no ven, no oyen y no hablan, tendrá impactos muy negativos sobre la moral y la conducta de amplias capas ciudadanas, de por sí desmoralizadas por décadas de corrupción e impunidad.
Con su silencio comodino estarán enviándonos el mensaje de que el camino a seguir debe de ser el de la delincuencia y el crimen, como formas de acumular fortunas económicas y solucionar la pobreza individual y familiar. Estarán diciéndonos con su complicidad interesada que una conducta individual alejada de toda norma positiva y ajustada al derecho deberá de ser la forma de conducirnos en todos los espacios de la convivencia social.
No pedir el PRD y su militancia a los Gallardo transparentar sus riquezas y demandar una investigación judicial, equivaldrá a señalar a la sociedad que el camino es el del crimen y cometer toda clase de conductas negativas en términos de convivencia social.
A su vez, los funcionarios de los sistemas judicial y fiscal deben de tomar con seriedad y responsabilidad estas investigaciones periodísticas. Deben de emprender en forma inmediata investigaciones que permitan a la sociedad potosina conocer qué se ha hecho con el dinero de su hacienda, producto de los impuestos que en forma puntual paga y de otras fuentes de contribución fiscal. Nuestra sociedad demanda castigo en forma justa y dura a cuantos hayan cometido crímenes en la administración de la hacienda pública.
No hacerlo así, colocar a la justicia y al derecho como moneda de cambio entre facciones políticas, contribuirá a empujar al despeñadero a nuestra desmoralizada sociedad mexicana, como en forma lamentable se ha ido en al menos los últimos 30 años. No castigar a quienes hayan robado el dinero del pueblo para satisfacer su voracidad por la acumulación de bienes, como se demuestra con el caso del clan Gallardo, concederles impunidad porque así conviene a las facciones en el poder, conducirá a nuestra sociedad en picada libre hacia un terreno en donde sólo valdrán la violencia, el despojo y el crimen como forma de relación y medios de supervivencia y ascenso social.
Y entonces llegaremos al día en que el reconocimiento será para quienes se conduzcan con la mayor dosis de brutalidad, de cometer todo acto de barbarie, sin sentir asco por sus acciones ni obtener castigo por ello.
