María Ruiz
Con 14 votos a favor y cuatro en contra, el Cabildo de San Luis Potosí aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2025, el cual será presentado este lunes al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación.
La sesión estuvo marcada por un intenso debate entre los regidores al discutir las implicaciones de los nuevos ajustes, sus beneficios y las preocupaciones generadas en algunos sectores ciudadanos.
Las modificaciones se centraron en actualizar las tablas del artículo 54 relacionadas con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que impacta directamente en la actualización de tarifas.
Entre los ajustes más destacados se encuentran el Incremento en parquímetros: aunque se justificó como una actualización necesaria tras 15 años sin cambios, el aumento del 50 por ciento fue señalado como excesivo por algunos regidores.
Otro punto de reclamo fueron las multas de Comercio y sanciones por Protección Civil, rubros que también sufrirán ajustes al alza bajo el argumento de justicia tributaria y la necesidad de modernizar los esquemas de recaudación.
También se aprobó un nuevo cobro por alumbrado público, un concepto que busca regularizar, según palabras de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Margarita Hernández Fiscal, un gasto significativo para la administración, ampliando la cobertura que actualmente alcanza al 80 por ciento de la ciudad.
Regidores de oposición de los partidos Verde Ecologista de México y Morena manifestaron inquietudes respecto al impacto económico que los aumentos podrían generar en la población.
Se mencionaron posibles efectos negativos, como el desincentivo al comercio en el Centro Histórico debido al aumento en las tarifas de parquímetros y la falta de claridad en el destino de los recursos recaudados.
“Se requiere mayor transparencia en la información y una justificación más sólida para legitimar estos cobros. Esto podría generar un alto costo político para el gobierno y confusión entre la ciudadanía”, expresó la regidora Adriana Urbina.
Además, se destacó la necesidad de implementar un sistema de exenciones que beneficie a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios.
Por otro lado, la regidora Hernández Fiscal justificó esta propuesta con el argumento de que los recursos proyectados, estimados en 3 mil 816 millones de pesos, son esenciales para atender las necesidades de la población y garantizar un equilibrio presupuestario.
La regidora destacó los esfuerzos realizados en 11 mesas de trabajo, donde participaron diferentes áreas municipales y representantes ciudadanos.
“Hemos logrado construir una propuesta que respeta los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, cuidando siempre a los grupos más vulnerables”, afirmó.
