Por Victoriano Martínez
La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ya tiene domicilio en Ciudad Valles desde el pasado 6 de enero, cuando se publicó el decreto que determina su cambio de sede: calle Manuel José Othón número 516, Colonia Altavista, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 79050, señala el artículo primero del documento.
La finca lleva 28 días en espera de los inquilinos que acudirán diariamente a ella para trabajar, pero sus potenciales ocupantes no sólo no han logrado acuerdo con los responsables de su traslado de San Luis Potosí a Ciudad Valles, sino que han tenido que oponer resistencia a la forma en que les pretenden imponer su cambio de residencia.
“La Titular de la Secretaría de Turismo, en coordinación con el Oficial Mayor y el Secretario de Finanzas, deberán, en apego a los derechos humanos de los trabajadores, dar cumplimiento al presente decreto, pudiendo emitir en su caso, los instrumentos necesarios para su adecuada ejecución”, derrocha amabilidad el segundo y último artículo del decreto.
No obstante, en el último de los cuatro artículos transitorios del decreto se asoma la ruta de imposición al fijar tres alternativas para “los trabajadores que actualmente forman parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Turismo, que sin causa justificada se nieguen a seguir laborando en el nuevo domicilio de la mencionada Secretaría”.
- De encontrarse en los supuestos jurídicos previstos en las fracciones I y II, del artículo 4º de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, podrán iniciar su procedimiento administrativo para adquirir su pensión por jubilación o por edad avanzada;
- Los trabajadores que así lo deseen, podrán optar por la terminación de la relación de trabajo previo finiquito correspondiente en los términos de Ley, y
- Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente transitorio, será resuelta de común acuerdo entre los trabajadores, la Secretaría de Turismo y la Oficialía Mayor.
Como quien dice las opciones se traducen en un te jubilas, renuncias, o te sometes a las presiones y determinaciones de la Secretaría y de la Oficialía Mayor y aceptas el cambio de residencia, porque si no, sólo te quedan las dos sopas anteriores.
Una táctica de presión que llega al extremo de pretender obligar al propio Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) a realizar labores de convencimiento que, en los hechos, se traducirían en hacer que los trabajadores acepten a renunciar a su libertad de elegir la ciudad en la que quieren vivir con su familia.
La aclaración pública que hace el SUTSGE en el sentido de que jamás va a actuar en contra de la voluntad de los trabajadores es de una lógica básica relacionada con la razón de ser de una organización gremial, que deja fuera de lugar las presiones para que se atente contra derechos de los empleados que el propio decreto afirma que se respetarán.
Una presión contra los trabajadores de la Secretaría de Turismo que en el caso de los más de 30 agremiados al SUTSGE cuentan con el respaldo de su organización sindical.
Al mes de diciembre, la relación de remuneraciones publicadas en la Plataforma Estatal de Transparencia mostraba que esa dependencia tenía 88 empleados al 31 de diciembre. Al menos sobre medio centenar de trabajadores de la dependencia no se sabe la situación que enfrentan ni las condiciones en que habrían aceptado el cambio de sede en su caso.
Por cierto, el caso de la Secretaría de Turismo bien puede ser una muestra de la movilidad de personal que hoy mantiene protestas de los sindicatos de burócratas frente al Palacio de Gobierno. El mes de septiembre cerró con 103 empleados, octubre y noviembre se mantuvo con 76 –¿27 despedidos?–, y para el 31 de diciembre ya eran 88.
Podría resultar que el cambio de sede de la Secretaría de Turismo se convierta en un nuevo pretexto para desocupar trabajadores para abrir espacios para personal incondicional, como ha ocurrido prácticamente de manera generalizada.
“El cambio de sede deberá efectuarse en un término no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto”, señala el segundó párrafo del artículo primero transitorio.
Van 28 días y ya se ha dado la primera revelación pública sobre las presiones a los trabajadores desde el SUTSGE. Quedan 32 días por delante para conocer si las demás organizaciones gremiales han enfrentado lo mismo o si habrá trabajadores que en lo individual revelen violaciones a sus derechos.
