Por Victoriano Martínez
La contratación de créditos por parte del Poder Ejecutivo siempre resulta polémica y que se concreten o no depende –según los últimos casos en el Estado– del carácter del mandatario en turno: mientras se exhiba más autoritario y con mayor control de los actores políticos, el endeudamiento está más asegurado.
Marcelo de los Santos Fraga no tuvo ningún problema para lograr que el Congreso del Estado le autorizara un crédito por mil 500 millones de pesos apenas 50 días antes de concluir su sexenio como gobernador.
Las escasas críticas a la solicitud de ese crédito no fueron tomadas en cuenta, pero al final –cuando De los Santos Fraga ya no tenía el poder– los críticos que descalificaron aquella acción proliferaron.
Para Juan Manuel Carreras López, repetir la hazaña de De los Santos Fraga a unos meses de concluir su sexenio se topó con una resistencia que no requirió de ser tan activa ante lo timorata de su pretensión (700 millones de pesos) y de su convicción para resolver los huecos financieros con la misma estrategia del único gobernador surgido del PAN en el Estado.
El recorrido del intento de Carreras López pasó por explorar la posibilidad entre los diputados, hacer un anuncio no muy convencido, reunirse con el sector empresarial en el Centro de Convenciones para tratar de convencerlos, tomar en cuenta como alternativas la venta del terreno de la Ford y hasta los invernaderos de Santa Rita y cambiar su propuesta por un abanico de posibilidades.
Al final, a pesar de tener como justificación para el endeudamiento la crisis por la contingencia sanitaria provocada por Covid-19, se vio obligado enfrentarla con créditos quirografarios que dejó saldados en junio del año pasado, por obligación legal.
El anuncio que ahora hace Jesús Salvador González Martínez, secretario de Finanzas, sobre la solicitud que se enviará al Congreso del Estado para obtener un crédito por dos mil millones de pesos, seguirá sin ningún problema una ruta similar a la del crédito de fin de sexenio de Marcelo de los Santos, aunque será de inicio de sexenio y prácticamente con la complicidad empresarial.
La presentación por parte del Consejo Consultivo Potosí del Plan Integral de Movilidad, en cuyo evento Gallardo Cardona aseguró que busca que a su gestión se le identifique como el sexenio de la infraestructura, ofrece la mejor pantalla-aval para justificar un crédito que representa aumentar la deuda bancaria estatal en un 57.38 por ciento.
Si Carreras López se vio timorato con su intento por 700 millones de pesos, Gallardo Cardona se ve botarate con sus dos mil millones de pesos y protagoniza el regreso a los tiempos de Marcelo de los Santos, cuando la consigna pronunciada por el exgobernador fue “se va a gastar lo que se tenga que gastar”.
Seguramente no le importará pasar por encima de los límites de endeudamientos que establece la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios que, de acuerdo con el análisis que presentó Carreras López para la reestructuración de la deuda, sólo se tenía un margen de endeudamiento adicional por $70,484,294.03 o menos.
Carreras López no pudo acreditar la posibilidad legal de contratar un crédito por 700 millones de pesos por la barrera que impuesta por disposiciones que se encuentran vigentes en los mismos términos, ¿cómo harán ahora para justificar un crédito por dos mil millones de pesos?
Y aunque González Martínez afirma que recurrir a ese nuevo crédito “es toda una planeación financiera” y cual si fueran decisiones propias afirma que se invertirán únicamente en obras de infraestructura se subastará a “las mejores condiciones que nos ofrezcan las instituciones financieras” habrá que señalar que se trata de condiciones que impone la Ley de Deuda Pública.
Si asume de tal manera las determinaciones de los artículos 16 y 23 de esa ley, es de esperarse que sea meticuloso con todos los requisitos adicionales que le exige esa misma norma para la contratación de un crédito como el anunciado, los incorpore en la solicitud que se envíe al Congreso del Estado y los difunda en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Se trata de requisitos que igual aplican para la deuda por mil 500 millones que informó que se adquirió a finales del año pasado, pero sobre la que no ha hecho pública la información sobre la forma en que se cumplieron los requisitos que aparecen en el titulo tercero, capítulo I de la Ley de Deuda Pública.
Un crédito quirografario por mil 500 millones de pesos cuya característica es la opacidad con la que se ha manejado el actual gobierno y que presagia la oscuridad con la que se gestionarán estos dos mil millones de pesos adicionales. Sobre todo, por los diques legales que tendrá que saltarse.
