María Ruiz
En la colonia Valle Dorado, el sonido agudo de un grito rompió la quietud de la madrugada. Eran las 4:30 de la mañana del 21 de julio de 2021 cuando Fabiola, una mujer trans de 43 años, lanzó un desesperado llamado de auxilio. La estilista, conocida por su habilidad con las tijeras y su cálido trato, fue brutalmente atacada con arma blanca en su propio domicilio.
Fabiola, o Fabis como la llamaban con cariño sus amigas y seres queridos, era más que una simple estilista. Durante más de 20 años sus manos no solo crearon peinados, sino que también forjaron lazos de confianza y amistad con sus clientes. Conocida por su profesionalismo y empatía, Fabiola se había convertido en un pilar de su comunidad.
El brutal ataque que sufrió dejó a sus amistades y familia sumidos en la consternación y el enojo, quienes no podían comprender cómo alguien tan humana y trabajadora podía ser víctima de semejante atrocidad. Para muchos, este no era solo un crimen, sino un crimen de odio ahora tipificado como transfeminicidio, un ataque directo a su identidad y existencia como mujer trans.
A casi tres años de aquel fatídico día, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha mostrado pocos avances en la investigación. La impunidad en este caso originó que la tarde del 22 de julio la comunidad trans realizara una protesta, pues su transfeminicidio ha dejado una profunda herida que expone la vulnerabilidad y las injusticias que enfrentan las personas trans en San Luis Potosí.
La falta de avances no sólo es un recordatorio del asesinato de Fabiola, sino también de la negligencia sistémica que permite que tales crímenes queden sin resolver.
“La comunidad trans enfrenta una serie de violencias que van más allá de lo físico. Desde la discriminación laboral hasta la exclusión social y la violencia de género, las mujeres trans vivimos en un estado de constante vulnerabilidad. Somos víctimas de agresiones tanto en espacios públicos como privados, y a menudo nuestra identidad es utilizada en nuestra contra para justificar o minimizar las violencias que sufrimos”, dijo Irazami Portillo, activista trans.
Fernando Olvera, presidente de la asociación civil Orquídea, ha sido una voz constante en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+, entre ellas las mujeres trans. En repetidas ocasiones ha subrayado la necesidad de voltear la mirada hacia uno de los grupos más vulnerables de la comunidad.
“Las mujeres trans no sólo enfrentan la violencia de género, sino también una discriminación sistemática que permea todos los aspectos de sus vidas. El caso de Fabiola es un ejemplo doloroso de cómo el odio y la indiferencia pueden segar vidas y destrozar comunidades”.
Olvera señaló que cada día sin respuestas es un día más en el que la comunidad trans vive con el temor de que sus vidas no valgan lo suficiente como para merecer justicia.
“La historia de Fabiola es una llamada de atención urgente. Es un recordatorio de la humanidad compartida y de la necesidad imperiosa de un cambio. En San Luis Potosí, como en muchos otros lugares, la lucha por los derechos trans es una lucha por la dignidad y el reconocimiento de todas las vidas”.
Además, recalcó que las mujeres trans enfrentan una mayor incidencia de violencia debido a una combinación de factores sociales, culturales y estructurales.
“Las mujeres trans a menudo son objeto de discriminación y odio debido a la falta de comprensión y aceptación de su identidad de género. Este prejuicio puede manifestarse en forma de violencia física, verbal y emociona; la sociedad a menudo estigmatiza a las personas trans, viéndolas como desviadas o anormales”.
Fernando explicó que esta estigmatización puede llevar a la marginalización y exclusión social, lo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres trans a la violencia.
“Las mujeres trans son particularmente vulnerables a la violencia de género, ya que desafían las normas tradicionales de género y a menudo son vistas como una amenaza a estas normas. Esto puede resultar en una mayor violencia, tanto en el ámbito público como privado; en muchos lugares, las mujeres trans no cuentan con protección legal adecuada contra la discriminación y la violencia. La ausencia de leyes específicas y el maltrato por parte de las autoridades pueden dejar a las mujeres trans sin recursos para buscar justicia”.
Por último, remarcó que las instituciones, incluidas las fuerzas policiales y el sistema de justicia, a menudo perpetúan la violencia contra las mujeres trans mediante la discriminación, la falta de respuesta adecuada a las denuncias de violencia y la revictimización.
“Estos factores contribuyen a un entorno donde las mujeres trans son desproporcionadamente víctimas de violencia, y subrayan la necesidad de cambios sociales, culturales y legales para proteger sus derechos y bienestar”.
