Por Victoriano Martínez
¿Cómo consideraría Usted a alguien que, como mediador, lo cita a una reunión con su contraparte en una fecha y hora precisa para comenzar a resolver un conflicto y cuando Usted llega a la cita, no sólo no se presenta, sino que envía a alguien 48 minutos después de la hora pactada a decirle que porque su opositor no pudo asistir se cancela la reunión?
Además de notar la irresponsable y evidente falta de respeto, seguramente le perderá la confianza por adoptar una actitud condescendiente con quien Usted considera que tiene alguna intención de perjudicarlo. Perdería para Usted el carácter de alguien imparcial y sería muy sospechoso de ser proclive a favorecer a su contrario.
Miguel Ángel Lutzow Steiner, el titular de la Secretaría de Salud estatal acusado por el delito de uso abusivo de funciones durante la etapa en que fue director de Salud Pública, fue citado al inicio del juicio oral para este lunes 5 de agosto a las 9:00 horas.
Sus abogados llegaron 20 minutos antes a la cita, esperaron por más de 50 minutos, y sólo hasta que preguntaron por sobre las razones por las que no los llamaban para ingresar a la audiencia de inicio del juicio oral, los atendió quien dijo ser José Martínez Durán, notificador del Centro de Justicia Penal.
—¿Qué es lo que me está notificando?, le preguntó Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal y abogado defensor de Lutzow Steiner.
—Un auto del 5 de agosto en que el que se le está fijando fecha y hora para el día del 2 de septiembre a las nueve de la mañana para iniciar al debate—, respondió el notificador.
—¿Y (el inicio del debate) estaba señalado para cuándo?
—Para hoy a las nueve de la mañana.
—¿Y a qué hora me está notificando?
—A las 9:48 minutos.
Un diálogo que quedó registrado en video.
“En el proceso penal en mi contra se ha utilizado todo el poder del Estado de San Luis Potosí para criminalizarme y justificar, por parte de la administración estatal, el supuesto combate a la corrupción”, denunció Lutzow Steiner el pasado 13 de marzo, a través de una carta de dos cuartillas entregada a la Presidencia de la República.
Resulta que el Ministerio Público mediante oficio fechado el 2 de agosto habría solicitado al Tribunal de Enjuiciamiento la suspensión de debate de juicio oral porque no podría presentar a dos testigos, cuyos testimonios casualmente son claves en las imputaciones de la Fiscalía General del Estado en contra de Lutzow Steiner.
Se trata de dos de más de 20 medios de prueba que la Fiscalía se comprometió a desahogar en el juicio oral y que, por lo tanto, no resultan una causa justificada para la suspensión del inicio del debate.
Tanto con lo inoportuno de la notificación de la suspensión de la audiencia como lo injustificado de las razones para aplazar el inicio del juicio oral, los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento atentan contra la misión que asume el Poder Judicial del Estado para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“Brindar un servicio fiable y eficaz a los justiciables en la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, mediante un sistema de gestión consolidado y con altos estándares de calidad, en apego a la legalidad y respeto intrínseco a los derechos humanos”, reza la descripción de su Misión en el sitio Web del Poder Judicial.
Los jueces Fernando Zapata Guzmán, María Sara de la Luz Bernal Ramírez y Claudia Hernández Ibarra, quienes integran el Tribunal de Enjuiciamiento para el caso, quizá deberían repasar la Misión, la Visión, los Valores Institucionales y la Política de Calidad del servicio que prestan, antes de mandar notificar, no de último momento sino después de la hora pactada, la suspensión de una audiencia.
Si así ocurre en un juicio oral de la relevancia que tiene el de Lutzow Steiner, ¿cuántos más imputados que se encuentran presos se enfrentan a situaciones similares en las que lo que menos se puede esperar es que el Poder Judicial brinde “un servicio fiable y eficaz a los justiciables”?
El problema va más allá de que la impartición de justicia no sea fiable ni eficaz, sino que abre la sospecha a una complicidad con intereses ajenos y pone en duda la autonomía del Poder Judicial que, combinados con una propaganda gubernamental de un presunto combate a la corrupción, finalmente sólo confirma que éste es mera simulación y una especia de vendetta.
