Por Victoriano Martínez
A quince días de que se cumpla un año de la inhabilitación del exalcalde Xavier Nava Palacios por parte del Congreso del Estado, el 18 de diciembre, la noticia es que el Juzgado Tercero de Distrito le otorgó un amparo contra esa determinación.
“…se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A *** (Francisco Xavier Nava Palacios) Notifíquese personalmente”, es la escueta síntesis que se publica sobre la resolución de juicio de amparo 22/2022 que promovió el ex alcalde a principios de enero de este año.
La sentencia completa y sus efectos aún no se conocen, pero lo efectos que sí resultan evidentes con los que tienen que ver con el juego de politiquería que llevó al Congreso del Estado a comer ansias para dar trámite al juicio político contra Nava Palacios, y la posterior maniobre del alcalde Enrique Galindo Ceballos para también anticiparse a la resolución el Juzgado Octavo de Distrito.
Los 27 diputados, quienes muy obedientes lograron complacer al gobernador Ricardo Gallardo Cardona en tanto la inhabilitación sin esperar la determinación del juzgado federal tuvo un claro tufo de venganza de la gallardía contra el exalcalde, bien pueden estar tranquilos, porque para el caso pueden decir que por ellos no quedó.
La suma de Galindo Ceballos como corifeo de aquella genuflexión del Legislativo y su posterior maniobra en la que, igual que los diputados, se anticipó a la resolución del juez federal para cerrar la pinza en la búsqueda de desacreditar la actuación de Nava Palacios en la construcción del puente, no corre la misma suerte: los efectos del amparo otorgado al exalcalde aún están por verse.
De entrada, en 28 días se vence el plazo para que los ejidatarios de Rancho Viejo-La Libertad cumplan el proceso para que la asamblea ejidal cambie a uso parcelario del terreno, lo asigne a ejidatarios y les otorgue dominio pleno, lo reporten al Registro Agrario Nacional (RAN) y entonces puedan venderlo formalmente al Ayuntamiento, que ya les dio un anticipo.
Todo un procedimiento que, con suerte, podría llevar meses, pero que tradicionalmente se lleva años. Peor aún, un procedimiento que no puede comenzar sin que se tenga la certeza sobre la propiedad ejidal del terreno sobre el que se construyó el puente en disputa, lo que se dará hasta que el Juzgado Octavo de Distrito resuelva el amparo cuya resolución no esperaron los diputados.
Los ejidatarios no podrán iniciar el procedimiento que marca la cláusula Cuarta del Contrato de Promesa de Compraventa firmado el 20 de julio y que los condena a pagar una pena convencional de 50 mil pesos diarios a partir del 1 de enero.
El Ayuntamiento le puede descontar esos 50 mil pesos diarios del precio de 12 millones de pesos pactado por el terreno. Es decir, después de 240 días de pena convencional el pago del terreno quedaría cubierto y a partir del día siguiente los ejidatarios tendrían que desembolsar, en lugar de ganar, 50 mil pesos diarios. Los 240 días se cumplen el 29 de agosto.
Un supuesto que aplicaría únicamente si el Juzgado Octavo de Distrito confirma la propiedad ejidal del terreno sobre el que se construyó el puente. De no ser así, se caería en el caso de que el Ayuntamiento encabezado por Galindo Ceballos habría pagado un anticipo a quienes le venden algo que no es de su propiedad.
Si bien esa circunstancia está por verse para cuando el Juzgado Octavo resuelva el juicio que ahí se tramita, la sentencia emitida por el Juzgado Tercero da cuenta de indicios de que los terrenos no son ejidales en tanto una de las pruebas presentadas por Nava Palacios fue un mapa de los polígonos del Ejido aportado por el Registro Agrario Nacional que deja fuera el terreno en disputa.
El pasado jueves se resolvieron dos de los cuatro amparos promovidos contra la determinación del Congreso del Estado. Están pendientes los promovidos por exregidores y por el exregidor Alfredo Lujambio Cataño, quien lo promovió por separado porque la inhabilitación lo destituyó como regidor en funciones. Quizá la semana próxima pueda reintegrarse al Cabildo, amparo en mano.
Un desquite con gallardía que como servicio politiquero ahora enfrenta un revés cuyos principales efectos se darán sobre las controversiales determinaciones del Ayuntamiento, una extraña confabulación con los ejidatarios de Rancho Viejo-La Libertad y coloca a los integrantes del Cabildo a la espera de la calificación sobre la prueba en que los puso determinar el pago al Ejido.
