Por Victoriano Martínez
Quienes se ostentan como representantes de los intereses de la ciudadanía y hasta como sus representantes ya en instancias gubernamentales han mostrado en enero, convertido en mes de las asignaciones presupuestales, no tener el más mínimo empacho en apropiarse del erario para sí mismos, para sus grupos y sus actividades.
Si se ven obligados a ajustarse el sueldo, procuran hacerlo lo más cercano al tope máximo que les permita decir que cumplen con la ley, en una actitud de auténticos vividores de la política.
Si se trata del financiamiento a sus clubes de colocación de cuates en cargos públicos, sean partidistas o dentro de la burocracia, no hay austeridad republicana que valga: el financiamiento estatal a los partidos políticos aumentó en un 7.49 por ciento.
En 2018, los partidos políticos recibieron recursos del presupuesto estatal por 102 millones 830 mil 555.78, sin contar los 28 millones 640 mil 508.17 pesos que les entregaron para las campañas.
Para este 2019, recibirán 110 millones 534 mil 163.97 pesos, que representan un aumento de 7 millones 703 mil 608.19pesos, un 7.49 por ciento más.
Si bien la nueva conformación política que dejó la elección del 1 de julio colocó a MORENA con un mayor número de cargos públicos que en toda su cortísima historia, eso no ha impedido que a pesar de ser el partido de la austeridad republicana sea ahora el que más y mejor medra del erario.
Sus diputados han cobrado cándidamente felices sus super quincenas y lo seguirán haciendo con la misma candidez con una resignada aceptación de que no pasó su propuesta de reducción, sino la priísta de sólo un presunto 10 por ciento de ajuste.
Como partido, en MORENA se aprestan a recibir un financiamiento con un aumento del 211.7 por ciento: 13 millones 529 mil 537.79 pesos más que el año pasado parecen más el botín de una batalla electoral, que los requerimientos de un partido que, se supone, ya mostró que puede lograr buenos resultados con menos de la tercera parte de ese presupuesto.
Seguramente se trata de la distribución de un financiamiento que se ajusta a lo que establece la legislación electoral y por tanto es legal.
Pero que sea legal, como muchas cosas en una legislación hecha por los representantes de los partidos para atender a los intereses de los partidos, de ninguna manera significa que esté justificado y atienda a criterios de justicia e, incluso, de un compromiso moral con la sociedad.
Pero los criterios de justicia o de compromiso moral con la sociedad poco cuentan a la hora de repartir cualquier botín, y en eso se ha convertido para los políticos vividores esa parte del erario etiquetada para financiamiento a los partidos.
