Adriana Ochoa
Presentada la iniciativa presidencial para impedir el nepotismo electoral, el foco de medios en la capital del país se movió hacia tres senadores: Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado; Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas David Monreal y del exgobernador Ricardo Monreal, y Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona.
“A mí me pasa como el chivo de la campana, me la colgaron a mí, la bronca no es conmigo. Yo sé que va por otro lado, pero no lo voy a decir”, se zafó Salgado, con un inmediato anuncio de su voto a favor: “Por mí que se apruebe mañana y que entre en vigor pasado mañana”, dijo.
Chimolero, dedicó un comentario con marinado tóxico para el partido del gobernador potosino: “Yo la estoy impulsando. Ya fui acá con los del Verde, con mi hermano Manuel Velasco (líder verde en el Senado), le digo: ‘Hermanito, la presidenta de la República te dio un beso en la mano. Eres el único político al que le ha besado la mano. Ni modo que votes en contra’”.
El senador Monreal Ávila anunció que estaba por la reforma. También negó que dicha iniciativa fuera para él. Los Monreal son 14 hermanos, 9 de ellos dedicados a la política, señores dinásticos de la alcaldía de Fresnillo y de la izquierda zacatecana.
Al quite venenoso de Salgado Macedonio le siguió la versión de intentonas verdes para conseguir que la reforma antinepotismo aplique hasta 2030, como sí propuso Sheinbaum para la no reelección. Todo a cambio del voto de la bancada verde a favor de la reforma al manejo de fondos del Infonavit. En resumen: el partido Verde condicionando su apoyo nada menos a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal más poderosa que haya tenido este país en los últimos cincuenta años.
La senadora verde Ruth González Silva de Gallardo desapareció de escena en ese timing. No se sabe su opinión, de tener alguna. A las dos sesiones del jueves pasado no se presentó: “ausencia justificada”, se asentó en el pase de lista. Ese día se votó la ley de fondos del Infonavit.
Suena desproporcionado que el Partido Verde pretenda condicionar su apoyo a Sheinbaum por la vigencia de la reforma antinepotismo, como dejó escurrir Salgado Macedonio. El propio gobierno potosino suscribió esa especie antes de la votación de la reforma a Infonavit.
Desproporcionado el condicionamiento porque el Verde es aliado de una presidencia con poder sin precedentes por la levedad de la oposición, el control del Legislativo, la desaparición de organismos autónomos, la demolición del Poder Judicial y los niveles de aceptación. Todo para hacerle cuadrar a un gobernador su proyecto de sucesión en la persona de esposa.
Si ese quid pro quo se diera, por la contraprestación que ofreciera el Verde, en términos prácticos no solo se trata de “moverle unas fechas” a la reforma, sino de otorgar en concesión el gobierno de un estado, con la pátina democrática de un proceso electoral predecible. ¿Y los morenistas potosinos, correligionarios de Sheinbaum? Bueno, de nuevo al papel de entenados en esta alianza.
Hasta no ver pasar la ley antinepotismo como es habitual con Morena, sin cambio alguno, se sabrá si la supuesta oposición del Verde es un blofeo, una apuesta desmesurada, una insolencia o un sueño guajiro.
La sola iniciativa abrió el juego de las posibilidades entre los propios colaboradores del gobernador. Él mismo dijo que en sus filas tiene diez ganadores para el 2027, aunque no especificó si para la gubernatura. Las listas corrieron: puros perfiles masculinos, algunos incluidos con más cariño, buena fe o compasión que peso real. ¿Y si el cubeo electoral de género asigna para San Luis que “toca” mujer a la gubernatura?
El gallardismo se caracteriza por tener muy topados los alcances a sus huestes femeninas. Cumplen funciones decorativas, o de reclutamiento territorial en las colonias, de “fans” itinerantes o de cuotas legislativas silenciosas. Lo más alto que llegan: subordinadas alcaldesas que no deciden sobre el presupuesto, las nóminas, los ingresos, las deudas, los asesores los funcionarios, las obras ni el decorado de sus oficinas. Las ponen y las quitan “como se ofrezca” el panorama.
Las mujeres de más alto cargo en el gobierno de Gallardo, las titulares de Finanzas y Salud, Ariana García Vidal y Leticia Gómez Ordaz, son “posiciones” de los mandos centrales del Verde, legión extranjera. Su condición de foráneas las hace inviables.
Quedan la ex priista secretaria de Turismo Yolanda Cepeda y la ex panista Sonia Mendoza. La primera bien puede montar un drama y jurar lealtades de vasallo si se ofreciera, pero su propio historial la desdice. De Sonia, se ve muy cuesta arriba un relanzamiento electoral exitoso con dos derrotas épicas, sí, pero derrotas al fin.
Si la sucesión de Gallardo queda fuera de su entorno familiar, le saldrá muy caro resistir y prolongar el abrazo a la falacia del costo hundido, ese sesgo de personas que siguen invirtiendo en proyectos que ya no tiene sentido seguir, porque ya derrocharon mucho tiempo, dinero o esfuerzo en ellos.
Si le colgaron una campana que no le tocaba, con tanta resistencia acabará por autodenunciarse y hacerla sonar y sonar.
MÁS CARGA AL ABISMO. Así se lee la solución del gobernador a los reclamos de los jubilados del Hospital Central que quedaron en tierra de nadie: los absorbe la Dirección de Pensiones. ¿El criterio? Que “son 40 o 50” los que reclaman y Pensiones tiene miles, ¿qué tanto pueden pesar? Casi como la conseja popular de “echarle más agua a los frijoles” cuando llegan comensales inesperados a la casa. La bronca es que Pensiones es un jarro cuyo contenido ya no tienen claro los que aportan, un agujero sin fondo. Mucha solución, no parece.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
