Por Victoriano Martínez
La coincidencia permite la comparación. Tanto Marcelo de los Santos Fraga como gobernador como ahora Ricardo Gallardo Cardona viajaron a Alemania y a España en misiones comerciales, y ambos recibieron solicitudes de información para que hicieran públicos los gastos de esas giras.
De los Santos Fraga entregó toda la documentación que exponía las razones del viaje, los eventos a los que asistiría incluido el costo de inscripción para participar, la relación de acompañantes, comprobantes de gastos y demás detalles. Gallardo Cardona la negó.
La comparación no es motivada por una nostalgia idílica ni mucho menos por un declinismo que considere que todo tiempo pasado fue mejor, porque la resistencia a la transparencia se mantiene igual.
La diferencia en la respuesta dada por cada gobernador se puede encontrar en que, por un lado, en aquel año, 2005, el entusiasmo que provocó el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública mantenía expectante a la sociedad por conocer el uso que los servidores públicos le dan al erario.
Además de ser blanco de la atención pública la forma de atender las solicitudes de información, De los Santos Fraga enfrentaba desde el Poder Legislativo un contrapeso importante y una recién integrada Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAI) que, sin ser plenamente garante, seguía le inercia aperturista que vivía todo el país.
De alguna manera, la entrega de esa información le reportó a De los Santos Fraga un balance costo-beneficio en el que revelar lo que gastó y cómo lo gastó era un mal menor ante el descrédito local y nacional en una recién estrenada política pública que lo haría desentonar con la ola transparentista que entonces invadió al país.
No obstante, la verdadera vocación por la transparencia quedó expuesta en casos en los que el balance costo-beneficio se invirtió al grado de tolerar el repudio que llegó a recibir un huevazo por parte de manifestantes que le exigían transparentar el destino del crédito por mil 500 millones de pesos a un mes de concluir su sexenio.
De los Santos Fraga dejó, además del caso del crédito de fin de sexenio, una larga lista de casos opacidad. Unos cuantos ejemplos: su relación con Minera San Xavier y sus intervenciones para favorecer su operación, el proyecto de la Presa El Realito, el proyecto inmobiliario en Ciudad Satélite, el préstamo por 70 millones a Grupo Santos para cubrir un adeudo con cañeros.
Destaca el caso de General Motors y los incentivos por más de 72 millones de dólares porque, en su afán de simular transparencia, tras un litigio en la entonces CEGAI optó por entregar un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey que exhibió costos y procesos internos de la planta antes que el contrato que describía los apoyos a la armadora de automóviles.
La información que sobre sus viajes a Alemania y España proporcionó De los Santos Fraga no fueron producto de una vocación de transparencia, sino de las circunstancias que rodearon a la petición y, en última instancia, por el cumplimiento de lo que disponía la Ley de Transparencia, en aquel momento la primera que hubo en el Estado.
Si bien De los Santos Fraga dio chispazos de transparencia como con la información sobre esas dos giras, con asuntos de la mayor relevancia, como los mencionados, inauguró la actitud cínica de los servidores públicos a quienes no les importa exhibirse abiertamente opacos para ocultar la información que les resulta comprometedora.
Un cinismo que hoy no sólo es evidente entre los servidores públicos, desde el gobernador hacia abajo, sino que incluye a personajes de la iniciativa privada a quienes del erario se costeó el viaje para participar como séquito del entonces gobernador y que hoy, por sus intereses, se mantienen en torno al Ejecutivo como integrantes del Consejo Consultivo Potosí.
En fin, una retrospectiva que muestra que, si se exhibe el abuso en el uso del erario, nada cambia porque no se avergüenzan, lo siguen cometiendo y no están dispuestos a corregir.
Un cinismo cada vez más abierto que abre paso a obras caprichosas e inútiles como los falsos puentes atirantados o la Arena Potosí sin olvidar los dispendiosos espectáculos y más, cuyos costos se mantienen en la opacidad, pero que por sí solos exhiben un ofensivo abuso en el uso de erario.
