Adriana Ochoa
A la par de la elección de ministros, magistrados y jueces federales, los potosinos elegirán el primer domingo de junio a 69 jueces locales de primera instancia, a 15 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a 3 personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial.
El proceso de selección de la primera elección judicial federal ya está en camino. El Diario Oficial de la Federación publicó las listas de personas elegibles aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. De los tres poderes que presentarán candidatos, el Judicial ha sido el más puntual y transparente. Ya hizo su criba y presentó a los que ya tiene considerados. Incluso es posible ver antecedentes y trayectoria de un buen número de aspirantes por esa vía, en especial los que han hecho carrera judicial.
La elaboración de listados del Poder Legislativo de la Federación es un merengue de fallas, ocultismo y denuncias por “aspirantes” a quienes incluyeron como aspirantes viables sin un solo papel de los requisitos publicados. Se suponía que el 15 de diciembre se debía publicar el listado de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad. Sin embargo, tras una serie de tropiezos y errores, el comité lo hizo tiempo después. Y aún así salió con la batea de secreciones salivales más viscosa que ha encontrado para asegurar que “le faltaron” aspirantes que también califican y habría “complementos”, o sea parches a su propuesta.
El 31 de enero es la fecha límite para que los Comités de Evaluación califiquen la idoneidad de los aspirantes y publiquen un listado de los candidatos elegibles. Las propuestas de nuestros legisladores federales serán de tipo político, al nivel de nuestra rastrera política en el país, no cabe esperar otra cosa.
Y la inscripción de aspirantes para la lista del Poder Ejecutivo, cuyo comité encabeza el ex ministro Arturo Zaldívar, también estuvo nutrida, más de 18 mil y descartaron a 7 mil. En números gruesos. Pero tampoco es posible ver quiénes son, dónde han desarrollado su carrera como abogados, de dónde son y si tienen nivel profesional para ir a los cargos que buscan. Zaldívar ofreció un enlace, que hasta ayer no servía.
El 4 de febrero es la fecha límite para que los Comités de Evaluación realicen el proceso de insaculación pública (selección aleatoria) para ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la paridad de género, y para publicar los resultados de esta selección.
Si así de disparejo en calidad, transparencia y puntualidad va el proceso federal para la elección de juzgadores, el local apunta para un mercado de trastupijes peores.
Cuando menos en el Poder Judicial de la Federación se han hecho las cosas con nivel por la solidez de la carrera judicial que ha sido la base de promociones y ascensos desde hace décadas. Aunque falta la tómbola, va a ser muy revelador que candidatos y candidatas desconocidos, sin trayectoria o con historiales de plagiatesis, nepotismo, ceguera ideológica, enchufismo y burricie evidenciada una y otra vez en sesiones públicas, hagan campaña contra secretarios de juzgado, jueces y magistrados ya con una carrera ganada por opuestos.
Nuestro Poder Judicial del Estado no avanzó lo debido en carrera judicial. Está en la ley, pero siguió operando el nepotismo cruzado para incorporar personal: la Sala X contrataba al hijo nada brillante del magistrado de la Sala Q y la Q a su vez llamaba a un lugar en nómina al sobrino candongo de una magistrada de la Sala X. Quienes han hecho carrera ahí por opuestos, han tenido que esforzarse el adicional que se necesite para salvar, además de la prueba de conocimientos, el favoritismo de siempre.
Y luego los diputados, eligiendo magistrados y magistradas, consejeros y consejeras de la judicatura, por cuotas: uno para “la bancada del PAN” y ésta aprueba a su vez los que envíe el Gobierno del Estado, pariente, amigo, enchufado o “esposa de”.
Las campañas de los juzgadores estatales serán campañas políticas, aunque prohíban expresamente que entren los partidos políticos. Eso es lo más riesgoso y lamentable. Se van a meter, como se han metido para elegir magistrados y consejeros.
Por lo pronto en el Congreso del Estado el jaloneo entre fracciones para el Comité de Evaluación promete, más todavía para la lista de los “impulsables” y los caprichos de la tómbola, que esperemos no esté truqueada como balanza de comerciante codicioso.
A ver si es posible que tanto Ejecutivo, como Legislativo y Judicial estatales son por lo menos capaces de hacer públicos los datos de los aspirantes, quiénes son y dónde han estado, como sí lo ha hecho el Judicial Federal con la mayoría. La duda es razonable: Congreso del Estado no es capaz de ni enlazar su cuenta de X actual con su desvencijada página web: hasta ayer, sólo había hilos de hace dos legislaturas, con el malogrado diputado “Mijis” como protagonista más frecuente.
Todavía más triste: aún no es posible conocer en la página del Congreso los perfiles de los integrantes de la actual legislatura. Se limita a una foto con sus caras. Cero datos.
Si la bancada Verde y sus satélites petistas van a tener que trabajar con los morenistas y evitar el garrafal error que cometieron en la primera aprobación de la reforma judicial del estado, error de soberbia, de creer que todo es mayoriteo “porque las pueden”.
La bancada gallardista no tiene un solo abogado que haya dado muestra de leer por lo menos lo que aprueban, se nota en sus desoladoras intervenciones, ya no se diga que tenga capacidad de argumentar legal y jurídicamente. Poderosa fracción en lo aritmético, un erial en ideas, capacidad y formación. Son bulto que vota, ese es su valor.
Hay tres legisladores con estudios de abogados que sí dan batalla argumental, ninguno del Verde: Carlos Arreola Mallol y Gabriela López Torres, de Morena, y Rubén Guajardo Barrera, del PAN. A otros legisladores, de todos los partidos, los ayuda la experiencia legislativa, aunque también suele haber legisladores de segunda o hasta tercera curul a los que el paso por el Legislativo, estatal o federal, no les ha servido de mucho.
El poder judicial potosino es de prácticas muy oscurantistas, tampoco cabe esperar mucho de sus propuestas. Y las del Ejecutivo, habrá que verlas, serán muy reveladoras.
Habrá que ver cómo las hacen pasar.
ROLLOS SUELTOS
¿JUEZ AMBIENTAL? Leticia Alejandra Juárez Avonce, en la lista de aspirantes al cargo de jueza en de Distrito, para propuestas del Poder Judicial de la Federación. El registro señala que busca ser juez mixto, el derecho ambiental parece que no es lo suyo: fue la directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas de SEGAM que permitió a los operadores de un helicóptero volar sobre el Sótano de las Golondrinas el pasado 6 de mayo. El aparato descendió a menos de 30 metros para realizar un video Para Grupo Vidanta y provocó la muerte de miles de golondrinas, vencejos, guacamayas y quilas.
COBROR Y JODER. Hace más de 20 años que la Secretaría de Finanzas habilitó en los bancos el cobro de derechos vehiculares. El punto tuvo su encanto: menos colas, trámite rápido y ahí mismo se entregaba el engomado. Ahora es posible pagar el canje el canje de tarjeta de circulación, la asistencia social y demás, pero ni el engomado de este año dan, hay que ir por ellos… a las atiborradas oficinas de Finanzas. ¿Cuándo aprenderá Finanzas a valorar el tiempo de los contribuyentes?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
