El “cochinerito” digital

En una época en la que informar es mucho más sencillo que en otras décadas, la desinformación está a la orden del día, situación que muchos políticos aprovechan para acentuar sus “campañas de lodo”, seguramente a costa del erario.

Iraís Valenciano

Una espada sujetada solo por un pelo de crin de caballo sobre su cabeza, provocó que a Damocles se le quitara no solo el hambre en un opíparo festín, sino también la ambición por el trono de Dionisio I, quien estaba decidido a darle una lección a su adulador número uno y demostrarle que un cargo de ese nivel no solo implicaba lujos, también deberes y en cualquier momento, todo se puede ir al diablo.

A ese mito griego se le atribuye una frase que en 2002, el tío Ben popularizó en la película de Spider-Man: “Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

No es un tema nuevo que muchos políticos en el poder se dejen atrapar por la arrogancia y la autocomplacencia. Subirlos a un escalón, por más pequeño que sea, puede llevarlos a cometer muchos errores, a olvidar que llegaron a sus puestos para servir, no a servirse del cargo que ostentan.

Tampoco es novedad el término “cuarto poder”, acuñado en el siglo XIX para referirse a los medios de comunicación por su influencia en la opinión pública, para bien o para mal.

Sin embargo, en una época en la que se suben más de 500 horas de video por minuto en YouTube y existen en México 93 millones de usuarios activos de redes sociales -según Statista y Meltwater-, la desinformación crece cada vez más y ese cuarto poder -que sí, tiene sus asegunes- va quedando en manos de quienes sin ética ni escrúpulos, pretenden arruinar reputaciones. Lo

Hoy es muy sencillo crear un sitio web, abrir una cuenta en Facebook y desplegar trolls o bots a conveniencia. El anonimato, las “normas comunitarias” laxas y la proliferación de páginas chafas como hongos en época de lluvias, han acentuado los linchamientos públicos, las “funas” injustificadas y las “fake news”. Todo eso que con firma o de frente, muchos no se atreverían a hacer o decir.

En enero pasado, el gobierno estatal amenazó con denunciar a los portales que revisaron en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Ingresos 2025 y las reformas a la Ley de Hacienda, e informaron sobre el encarecimiento de algunos impuestos vehiculares.

Sería bueno que así como amagó con actuar contra quienes ventilaron las nuevas tarifas gubernamentales, el Ejecutivo también prestara atención a todas esas páginas de Facebook que replican letra por letra los boletines de Gobierno del Estado y Soledad de Graciano Sánchez, aderezados con terminología elogiosa, y al mismo tiempo ilustran con las peores fotos las publicaciones de aquellos a los que deciden golpear con textos tendenciosos, cabezas roñosas, verdades a medias o mentiras completas. Eso sí es desinformar.

¿Cuánto cuestan esas campañas negras? Si la Oficialía Mayor estatal se negó a difundir los pormenores de un contrato por 10 millones de pesos con un medio de comunicación, menos se puede esperar un reporte detallado de los recursos gastados en redes sociales para ensalzar a los aliados o atacar a quienes ven como obstáculos. Difícil creer que todas esas publicaciones en Facebook o TikTok las crean ciudadanos desligados del gobierno, por el mero gusto de causar polémica.

Entre esas cuentas existen algunas que se hacen pasar por serias, incluso presumen de tener ética y moral, pero su falta de rigor periodístico les delata. Desconocen el significado de la deontología y solo se dejan llevar por el chisme jugoso que les llega a la bandeja de entrada, por las suposiciones que sus “vastas” imaginaciones les generan o porque les resulta más redituable y cómodo agraviar que investigar.

Es lamentable que se destinen recursos públicos para “campañas de lodo”, pero más lo es, que existan medios de comunicación que decidieron cambiar su prestigio por el negocio y la viralización.

En una búsqueda del término “San Luis Potosí” en un portal informativo que antes se consideraba serio a nivel nacional, se detectaron 42 noticias, todas publicadas entre 2024 y 2025.

Del 3 de enero al 7 de junio de 2024, ese medio de comunicación difundió 23 textos relacionados con la entidad potosina, de los cuales 16 -firmados por “Staff”- elogian al gobierno estatal, 6 tienen que ver con temas de seguridad y 1, con un concierto de Till Lindemann en el Centro de las Artes.

De julio a diciembre del año pasado, el citado medio de comunicación no publicó nada que tuviera que ver con San Luis Potosí (¿acaso se terminó el presupuesto?). A partir del 28 de enero le “resurgió” el interés por la entidad potosina y en tan solo dos meses y medio publicó 19 noticias:

  • 7 que hablan bien del gobernador Ricardo Gallardo Cardona
  • 1 a favor del presidente municipal de Soledad, Juan Manuel Navarro
  • 1 sobre la detención de un jefe de plaza en la Huasteca
  • 2 en las que San Luis Potosí aparece de manera tangencial
  • 1 contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
  • 7 contra el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos

Sería de agradecer que los medios nacionales prestaran genuina atención a lo que ocurre en San Luis Potosí por el mero interés de mantener informada a la ciudadanía, pero esas publicaciones desprenden un hedor de financiamiento con el dinero de las y los potosinos, con la intención de favorecer a unos y atacar a otros.

Sí, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, y eso no solo aplica para los políticos. Informar e influir en la opinión pública implica una enorme responsabilidad que no cualquiera respeta.

Y también la ciudadanía tiene en sus manos el poder y la responsabilidad de analizar cuáles son sus fuentes de información, qué replican y a quién deciden prestarle atención o enviar al triste mundo del olvido.

Si como sociedad y comunicadores no entendemos eso, quizá estemos destinados a que la espada de Damocles caiga -metafóricamente- sobre nuestro San Luis Potosí.

REFILL

Una solicitud de transparencia evidenció la negativa de Gobierno del Estado para difundir los pormenores de un contrato por 10 millones de pesos que la Sedeco asignó mediante adjudicación directa a un medio de comunicación, pero no es el único caso. La auditoría 2023 del Instituto de Fiscalización Superior del Estado menciona otras erogaciones de Turismo, Cultura, SEER y Seduvop que rebasan los 150 millones de pesos para medios, renta de espacios e impresión de lonas publicitarias. ¿Eso también será información reservada? ¿Son las únicas dependencias que gastaron en “reflectores” o hay más?

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

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